El Gobierno de Aragón gasta miles de millones de euros al año, pero no rinde cuentas detalladas sobre el coste de sus servicios públicos, la eficacia del gasto que realiza ni el grado de cumplimiento de los objetivos presupuestarios. Es algo a lo que le obliga la ley, pero el Ejecutivo regional se salta este precepto de forma sistemática, año tras año, según le ha afeado la Cámara de Cuentas de Aragón en su último informe de fiscalización.
La Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, en su artículo 84, obliga al Gobierno aragonés a incluir en su cuenta general de cada año, entre otros documentos, una memoria justificativa del coste y rendimiento de sus servicios públicos. Y también...
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