Lo que Hacienda insiste en denominar «armonización» fiscal, en referencia al Impuesto de Sucesiones, no pasa de ser un eufemismo con el que encubrir su afán recaudatorio, consustancial a la izquierda y acentuado ahora por el histórico descuadre de las cuentas públicas. Los testimonios que ABC recoge hoy en páginas de Economía son lo suficientemente explícitos para ilustrar la perversión de un tributo que castiga a contribuyentes sin recursos, obligados a pagar por bienes que ya fueron fiscalizados en su día y a los que a menudo se ven obligados a renunciar por los costes que representan. La letalidad provocada por el Covid, tragedia nacional que se ha dejado en el camino a decenas de miles de personas, es para el Gobierno una oportunidad económica. Su programa de «armonización», diseñado contra las políticas liberalizadoras de algunas comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas del PP, revela tanta falta de sentido común como de escrúpulos.
