Los correos del cártel de las consultoras para amañar ofertas: "Hay que hacerlas muy bien, vamos, como si fuéramos a ganar…"

"A partir de ahora el tema de las coberturas para los concursos hay que hacerlas muy bien, vamos, como si fuéramos a ganar…". "Intercambio de favores. Me puedes ayudar para este? Puedo dar tu nombre?".

Son extractos de los correos electrónicos que se cruzaban los miembros de los dos cárteles formados por 22 consultoras, entre ellas algunas de las principales firmas del sector, que ha desarticulado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

El organismo ha impuesto multas por un total de 6,3 millones de euros a las infractoras por manipular licitaciones públicas durante "al menos 10 años", entre 2008 y 2018. La resolución publicada este miércoles, de más de 300 páginas, detalla el modus operandi del entramado por el que las empresas solicitaban "ofertas de cobertura" para evitar competir y que una de ellas resultase adjudicataria de los contratos.

"Para los negociados se tienen que presentar propuestas que den el pego porque Intervención está echando para atrás contrataciones con visos de fraude por todo el país", se lee en un correo remitido el 2 de noviembre de 2015 por una representante de la empresa 97S&F, S.L.

"Tenemos muy buena relación con Deloitte, sobre todo porque nos damos cobertura mutua de cara a la presentación de concursos públicos", se lee en otro documento recabado a esa empresa. "Respetan el pequeño feudo de Cantabria que saben es Nuestro".

"Últimamente y cada vez más se está mirando todo con lupa, y esto también incluye las propuestas de cobertura, no vale con entregar cualquier cosa", se lee en otro correo de octubre de 2015 de otro responsable de esa empresa a Deloitte para una licitación de la Fundación BiskayTIK. "Debemos de ser terriblemente cuidadosos con estos temas y hacerlo bien, ya que de lo contrario nos podemos encontrar con algún susto".

La coordinación entre las integrantes esos cárteles era tal que a veces bastaba con colocar los logotipos de las empresas en las supuestas ofertas que presentaba una de ellas, que era la que elaboraba las de sus supuestos competidores o preparaba la carta de renuncia a la invitación.

"Necesito tres ofertas de cobertura para el Área de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid. Yo os he preparado los documentos, "sólo" tendríais que poner los logos, los datos registrales del final de la segunda hoja, firmar y sellar la última hoja, convertirlo en pdf y enviármelo por correo electrónico", se lee en un correo remitido en 2009 por la firma IDOM a Regio Plus.

Según la resolución, los dos cárteles funcionaban como "dos redes de favores recíprocos y permanentes" que permitían a las empresas "llevar a cabo una concertación ilícita que no requiere de un complejo y estructurado sistema colusorio más allá de un simple y escueto correo electrónico que es aceptado sin mayor explicación, no solo por los ingresos que comportan las conductas concretas en las que participan sino por el hecho de saberse incluidas en una red de colaboración a la que poder recurrir".

"La intensidad y habitualidad de los contactos entre las empresas permite concluir" la existencia "de un entendimiento común entre los miembros de cada una de las redes cuyo objeto es manipular el mayor número de licitaciones de forma sostenida en el tiempo".

Además, "existen hechos de los que podría deducirse que algunas administraciones pudieron haber tenido conocimiento de la existencia de prácticas contrarias a la competencia o incluso, en algún supuesto aislado, colegirse que la conducta llevada a cabo por las empresas se ha facilitado por parte de los funcionarios encargados del proceso de contratación".

"Uno de los casos más graves" figura en el intercambio de correos de 2016 entre los responsables del Puerto de Bilbao y los de Deloitte referidos a un Estudio de impacto ambiental. "Para hacer negociado sin publicidad son hasta 49.999 euros. El mes que viene hacemos otro parecido por otros 10.000 euros", avisó a la firma de consultoría un responsable del Puerto.

El organismo que preside Cani Fernández, que recientemente ha advertido de que las licitaciones públicas copan la mitad de las multas que impone, ha multado a las compañías con 5,87 millones de euros y a varios directivos de las consultoras con 439.000 euros. Además, ha activado el presupuesto legal para que algunas no puedan participar en próximos concursos organizados por las administraciones públicas. Para eso, las multas deberán ser firmes, por lo que pueden pasar ocho años hasta entonces.

Las firmas, entre las que hay varias que están participando en el diseño y reparto de los fondos de recuperación europeos, podrán por tanto seguir adjudicándose contratos mientras tanto. Esa prohibición no afectaría a Indra, a la que se ha aplicado una reducción de multa del 10% por implantar un programa de cumplimiento normativo, ni a PA Consulting Services Limited Sucursal en España, al haber colaborado en la investigación.

Deloitte es la compañía que ha recibido la multa de mayor cuantía, 3,99 millones de euros, seguida de PwC, con 670.000 euros, e Idom Consulting, con 640.000 euros. También figuran en el listado KPMG con 50.000 euros junto a Altia Consultores (30.000 euros), Bmasi Strategy (153.529 euros), Competitividad, Desarrollo e Innovación (14.823 euros), Gestiona XXI Consulting (3.218 euros), Indra Business Consulting (27.000 euros) Red2Red Consultores (una multa de 30.000 euros y otra de 25.000), Uliker-3 (11.040 euros), 97S&F (131.593 euros), Abay Analistas Económicos (12.499 euros), Factor Ideas Integral Services (20.000 euros), Gaps Politica i Societat (15.000 euros), Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo (11.979 euros) y Regio Plus Consulting (33.744 euros).

En total, la CNMC ha analizado 200 contratos públicos celebrados en los años en que se acredita la conducta.

En el caso del cártel de la red de colaboración norte se vieron afectadas al menos 101 licitaciones de, entre otros, los ayuntamientos de Bilbao; Santander; Sestao; Barakaldo o Vitoria; diversos Departamentos del Gobierno Vasco y del Gobierno de Cantabria; la Junta de Castilla y León; el Puerto de Bilbao o la Diputación Foral de Vizcaya.

En el cártel de la red nacional, la manipulación afectó a 72 licitaciones convocadas, entre otros, por el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Trabajo e Inmigración; el Ministerio de Economía; la Comunidad de Madrid; la Generalitat Valenciana; las Diputaciones de Cádiz y Sevilla; la Juntas de Extremadura y Andalucía; la Generalitat de Cataluña; el Gobierno de Canarias o el Gobierno de las Islas Baleares.

Generalmente, se trataba de contratos negociados sin publicidad, en los que la Administración invitaba a un número reducido de empresas para que presentasen sus ofertas en competencia.

Mediante este sistema, de forma continuada, se elevaron los precios que pagaba la Administración por los servicios de consultoría, se limitó el incentivo a mejorar calidad de los servicios y se impidió la participación de competidores ajenos a los cárteles en los procesos de licitación. Estas conductas impactaron de lleno en el erario público, al ser contratos que se sufragan vía presupuestos.