El presidente del TSJ de Castilla y León acusa a un Gobierno «pasivo» de «parchear» el Covid «y echarlo» a la Justicia

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL), José Luis Concepción, no aprecia «disparidad» en las resoluciones de los diferentes tribunales superiores ante la aplicación de medidas para frenar el Covid propuestas por las comunidades autónomas. De hecho, está convencido de que, en todo caso, la responsabilidad de esa posible disparidad «debería achacarse al poder del Estado que tenía sobre sí la responsabilidad y no lo ha resuelto» y está «echando encima» el problema a la administración de Justicia cuando debieran haberlo resuelto el poder ejecutivo -Gobierno- y el legislativo -parlamento- dictando leyes: «En año y medio han tenido tiempo suficiente», afirmó.


Para Concepción, el poder judicial está resolviendo los «problemas» ocasionados por la «pasividad» de los restantes poderes del Estado, al tiempo que afirmó que «está cumpliendo con su obligación de una manera excepcional», lo que ha hecho, dijo, que «se esté recuperando el prestigio a ojos de la sociedad». En su opinión, las diferentes resoluciones se deben en parte a que se tiene que aplicar la Ley General de Sanidad de 1986, cuando no se podía prever, ni se hizo, una situación de pandemia como la actual, por lo que se tenía que haber modificado estos últimos meses. A esto se suma el hecho de que en muchos territorios también hay una regulación autonómica que puede marcar la resolución y modifica la valoración de los jueces y magistrados.


Un 40% menos
Tras la presentación de la Memoria judicial de Castilla y León, insistió en que «ha habido tiempo para la toma de decisiones por parte de quien es competente y no para parchear; si yo hubiera estado en esa responsabilidad lo habría hecho». concluyó.Al margen de la pandemia, detalló que los asuntos registrados en los juzgados de Castilla y León sufrieron una caída de un 40% en 2020 respecto al año anterior, lo que «prácticamente coincide con el tiempo que estuvieron paralizados, porque se suspendió su actividad del 14 de marzo al 4 de junio, aunque en la práctica no pudieron recuperar su funcionamiento hasta octubre».


Según defendió, las medidas del Ministerio de Justicia, como habilitar el funcionamiento de la administración de Justicia en agosto o los juicios online, no fueron efectivas al considerlas «un mero maquillaje» que solo perjudicó a los profesionales que trabajan en este ámbito, a los que se dificultó coger vacaciones. Algo parecido ocurre con los juicios online. También señaló que la realización de este tipo de procesos con medios telemáticos con el objetivo de agilizar las resoluciones ocasionó más retrasos porque no se disponía de los medios técnicos suficientes para realizarlos en buenas condiciones.


En conclusión, durante el pasado año, el número de asuntos bajó en todos los órdenes jurisdiccionales de manera parecida, lo que provocó que en 2019 se registraran en total 277.247 asuntos y el año pasado se quedaran en 171.523. También se resolvieron 144.430 asuntos menos en 2020, con lo que se pasó de 273.205 en 2019 a 158.775 el año pasado.