El constructor detenido en Valencia anotaba las citas que tenía con Rubio
Esos encuentros podrían haber servido para comprar el silencio del político socialista sobre esta trama de corrupción que ha llevado a ambos a prisión preventiva junto a otros sospechosos, entre cargos políticos y empresarios.
En aquellas reuniones pudo mediar, siempre según fuentes de la investigación, José Luis Vera, director jurídico de la empresa pública Divalterra -entonces Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia-, también señalado en las agendas del empresario. Vera fue detenido pero quedó en libertad provisional horas después.
De hecho, el Consejo de Administración de Divalterra decidió este lunes mantener a Vera como su director jurídico y solo le ha apartado de la comisión que lleva a cabo el proceso de disolución, liquidación y extinción de la entidad.
Las mismas fuentes han señalado a EFE que el nombre de Vera aparece en la citada agenda en relación con otras reuniones señaladas en la misma; esto permite deducir que pudo actuar como mediador para que se produjeran otros encuentros que condujeron a supuestos pagos de comisiones a cargos públicos a cambio de favores urbanísticos, al menos según los indicios encontrados hasta ahora.
El dietario del constructor era muy preciso en sus anotaciones, que incluían no solo personas y citas, sino que asociaban, a los nombres, teléfonos y correos electrónicos, incluso cantidades pagadas, regalos y a quién se entregaban y en relación con qué operaciones que debían encontrar vía libre, añaden las fuentes.
En cuanto al Ayuntamiento de Valencia, se investigan varias operaciones, entre otras las relacionadas con el PAI del Grao y el circuito urbano de la Fórmula 1; aquel macroproyecto pretendía pagar las decenas de millones que costó el circuito automovilístico con un plan inmobiliario que incluyera edificios de lujo, un plan que terminó en fracaso.
La compraventa de los terrenos en este sector es una de las operaciones que centra la investigación del caso. Las fuentes de la investigación apuntan al hundimiento del precio del suelo como una de las claves que explica el contexto y las causas en las que se desarrolló la trama.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron este lunes a una de las sedes del Ayuntamiento de Valencia para reclamar documentación relacionada con iniciativas urbanísticas en el marco de la causa. Continúan los registros y, aunque en principio no se esperan más detenciones, todo dependerá del avance de la investigación.
El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2011, cuando en el Ayuntamiento gobernaba con mayoría absoluta el PP de Rita Barberá con Alfonso Grau de vicealcalde, aunque podría ir hacia años anteriores o posteriores. Pero las investigaciones afectan a diversos ayuntamientos, no solo al de València.
Las fuentes citadas se muestran satisfechas con cómo se ha desarrollado la explotación de las investigaciones sobre esta trama de corrupción urbanística que afecta también a exdirigentes del PSPV.
Rafael Rubio y Alfonso Grau ingresaron, cerca de la medianoche del pasado sábado, en prisión incondicional, junto a tres empresarios. Lo ordenó la jueza que investiga el caso Azud. Los empresarios encarcelados son, además de Febrer, Joaquín P.R. y Mónica M.G.
Además, el PP de la Comunitat Valenciana abrió este lunes un expediente informativo a la exalcaldesa de Xixona (Alicante) Rosa Verdú y al exconcejal Francisco Doménech, tras ser detenidos en el marco de este caso. Verdú fue alcaldesa de Xixona entre 1997 y 2007. EFE