El FMI critica el control de los precios del alquiler por ineficaz

España es uno de los países europeos donde las rentas bajas tienen más problemas para poder pagar el alquiler, ante el encarecimiento de los precios, lo que lastra sobre todo a los jóvenes. El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó ayer un informe en el que constata que el 60% de los inquilinos del quintil más bajo de ingresos destina más del 40% de su renta al pago del alquiler, un porcentaje que en Europa solo superan Reino Unido y Finlandia. El porcentaje es menor en Grecia –algo más del 50%– y supone un 45% en Italia sin llegar al 30% en Francia.


«Algunos países con problemas severos de asequibilidad del alquiler proporcionan un alquiler subsidiado limitado, por ejemplo, Grecia y España», subraya el documento. Si bien varios estudios recogen que las ayudas son eficaces reduciendo la desigualdad y ayudando a los hogares a los que se dirigen, otros también constatan que pueden elevar el precio del alquiler de forma artificial «destruyendo parcialmente los efectos positivos a largo plazo».



El informe critica las escasas medidas de alquiler social o ayudas que hay en España para los hogares con menores ingresos. «Los gobiernos podrían ajustar los incentivos fiscales, penalizando las viviendas vacías», incide, aunque contrapone que esto no ayuda siempre a los hogares de rentas bajas.


Asimismo, también concluye que no hay evidencias de que el control de los precios sea eficaz. «A veces se utiliza el control de los precios del alquiler como herramienta que favorece la integración social; este resultado no está respaldado por pruebas», sentencia. Sobre la medida, defendida por Unidas Podemos, añade que «no hay evidencia clara de que los controles de alquiler hayan dado lugar a alquileres más bajos, más bien parecen estar asociados con una menor oferta de vivienda».


Lo que sí observa el FMI es que prima a los «inquilinos con alquileres más largos en el tiempo», como puede ser el caso del decreto-ley que aprobó el Gobierno en 2019 elevando el número de años mínimo de tres a cinco y acotando las subidas de precio al IPC.