La participación: el último horrocrux de la derecha y la constitución del 80

Esta semana se cumplirá un mes de la elección de los y las Constituyentes que en pocas semanas más empezarán a redactar nuestra nueva Constitución.

De dicha elección resulta indiscutible que no sólo la derecha fue la gran derrotada de la jornada, también lo fue la tesis política que han defendido desde el 15 de noviembre en adelante. Esa es que el pueblo nunca demandó una nueva Constitución, y por ende, el proceso carece de legitimidad.

Lo anterior, quedó evidentemente abajo cuando el pasado 25 de octubre la opción rechazo —para un “reformar” que nadie, ni la derecha misma, creyó— obtuvo tan solo un 22% de los votos, y la Mixta tan sólo un 21%. Aquello fue reforzado el pasado 15 y 16, cuando la derecha únicamente sacó 37 constituyentes, equivalente a un 23,8% de la Convención y con tan solo el 20% de los votos, 2% menos que el rechazo 7 meses atrás, y no logrando el tercio de bloqueo que anhelaban discípulos de Guzmán como Pablo Longueira.

Entonces, ¿Qué le queda a la derecha para deslegitimar el proceso Constituyente y transformador que vivimos? Apostar por obstaculizar la participación del pueblo en el proceso y hacer que la Constitución no genere sentido de pertenencia, y así ir con todo a buscar, nuevamente, el rechazo al texto constitucional propuesto en el plebiscito de salida.

Eso ya lo están haciendo al decir que la voluntad popular no fue realmente expresada, ya que únicamente votó el 41% del padrón, y por ende la Convención no es representativa de las demandas del pueblo. Sin embargo, al hacer eso desconocen dos puntos en torno a la votación desarrollada en mayo y que echa por tierra dicho planteamiento.

Primero, se olvidan que la elección estuvo acompañada por las municipales —y la nueva de Gobernadores—, las que si comparamos la participación del 2016 con estas, queda demostrado que la elección constitucional movió un electorado que no se sentía atraído por las elecciones locales.

Mientras que en la del 2016 votó el 35% del padrón, en estas lo hizo el 41,5%, es decir 4.9 millones versus 6.1 millones de personas. Entre elecciones aumentó un 6.5% la participación nacional y 1.2 millones de personas, lo que es un logro para una elección municipal que el 2016 mostró un mínimo histórico en cuanto a participación.

Segundo, la situación sanitaria del país que fue propiciada por el pésimo manejo pandémico del Gobierno de derecha que tenemos. Por un lado, la elección sufrió un evidente desgaste debido al aplazamiento a raíz de la nula implementación de políticas de cuidado durante del verano, con un pase de vacaciones que fue el gatillante de una ola de contagios de la que a junio todavía no nos podemos recuperar.

Es cierto que comparado con el 25 de octubre, la participación bajó de un 53% a un 41%, pero no se puede omitir que mientras para el plebiscito habían únicamente entre mil y 2 mil casos diarios, para esta elección habían más de 5 mil y hasta 7 mil diarios, con más de 40 mil casos activos versus los 9 mil de octubre. Por ende, no responsabilizar al Gobierno por el pésimo manejo de la pandemia como una de las razones de la disminución de la participación, sería francamente deshonesto por parte de la derecha.

De la segunda forma que la derecha lo hará será torpedeando la participación vinculante del pueblo en las decisiones que tome la Convención. Esto ya lo han hecho incluso cuestionando un aspecto básico del órgano constitucional como es la transmisión plena de cada sesión y comisión, aquello es un mínimo, que únicamente quienes no quieren hacer de la gente un activo del proceso puede estar en contra.

Pero no podemos quedarnos únicamente en dicha participación que fluctúa entre el rol espectador y fiscalizador que tiene la ciudadanía hoy en día. Debemos como izquierda ir mucho más allá, ya que el objetivo no puede ser únicamente garantizar un derecho social determinado, es necesario para que gane el Apruebo sin objeción alguna en el plebiscito de salida —con voto obligatorio— que dicho derecho social garantizado esté ahí porque así lo quiso y expresó la voluntad del pueblo, así lo sentirá como propio y como una ganada no sólo de los ⅔ de los 155, sino de los 18 millones que somos en Chile y que efectivamente queremos construir un Chile distinto.

Ahí hay propuestas como la de Convergencia Social, que entre otras cosas menciona:

• “Participación de los y las convencionales en cabildos ciudadanos en sus distritos.
• Votación de las propuestas ciudadanas recopiladas en aquellas instancias que posteriormente deberán discutirse en la Sala.
• Las propuestas deben discutirse y tendrán la misma validez que las presentadas por los convencionales.
• Iniciativa popular de texto con apoyo de firmas.
• Plebiscitos sobre disensos.
• La creación de una oficina de participación ciudadana para regiones.
• Delegado vecinales que actúen como un nivel intermedio de delegación constitucional, en la que podrán participar los mayores de 14 años.
• Asamblea deliberativa de ciudadanos.
• Rendición de cuentas territorial.
• Días nacionales de discusión ciudadana para ciertas temáticas”

Lo anterior, es esencial para poder tener una constitución que una al país, incluso a aquellos que no la aprobaron, ya que entenderán que es legítima para la gente que participó en el proceso. De lo contrario, nos arriesgamos a que la nula participación en el proceso sea usado por la derecha para generar una división que le permita poder crear un relato en el plebiscito de salida y con eso utilizar el último “horrocrux” que tienen para salvar la constitución de Jaime Guzmán.

Nataly Campusano Díaz,
Consejera regional del Frente Amplio en la región de Valparaíso y directora de Territorios Colectivos.