La CNMC reconoce errores de comunicación con la nueva factura eléctrica pero achaca la subida del precio al CO2
Último día de los cursos de verano de la UIMP y turno para los supervisores. Entre ellos, ha participado Cani Fernández, responsable de la CNMC, quien ha abordado el debate público abierto en torno a la nueva tarifa eléctrica y al alza histórica de los precios de la luz, que han llevado al Gobierno esta semana a aprobar una bajada temporal de los impuestos para intentar contener el aumento del alza. Fernández ha reconocido que se han cometido errores en la comunicación del nuevo modelo tarifario, aunque ha achacado el aumento de costes a otros factores ajenos, como el alza del coste del CO2.
"No nos hemos explicado bien con los tramos horarios", ha reconocido Fernández, que participaba por primera vez en este foro anual. "Algo hemos hecho mal y hemos tomado nota", ha asegurado, planteando la posibilidad de que en el futuro este tipo de cambios relevantes en aspectos como la electricidad "se hagan de manera progresiva". Fernández ha reivindicado el modelo horario utilizado para reducir el consumo en las horas pico, evitando tender que abordar nuevas inversiones en redes "que hay que pagarlas". "Tenemos que comprobar si se está produciendo un cambio en el comportamiento y en los hábitos de consumo", ha enfatizado.
Si bien, la responsable de la CNMC ha desvinculado el cambio de la factura eléctrica con un alza en los precios de la electricidad, que ha provocado un aumento en la tarifa. Esto lo ha achacado al aumento de costes externos que no dependen de la factura. "El aumento del precio del CO2 ha provocado un aumento del precio de la energía, lo que ha hecho que no se aprecien los beneficios de la nueva factura", ha señalado Fernández, defendiendo que nuevo modelo de tarifa busca caminar a la descarbonización del consumo de energía.
El primero en participar este viernes ha sido ha sido Rodrigo Buenaventura, que desde hace unos meses asumió el mando de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En su primera presencia en esta cita anual que reúne a algunas de las figuras destacadas del sector bancario y empresarial del país, Buenaventura ha advertido de nuevos riesgos que están apareciendo en el mercado financiero tras la pandemia y, en concreto, un aumento del fraude.
El responsable del órgano supervisor ha analizado que, con el aumento del ahorro de los hogares, están aumentando las campañas para captar a inversores y, algunas de ellas, incurren en actividades ilícitas o, incluso, fraudulentas. "Se han incrementado fenómenos de estafas", ha advertido Buenaventura. "Hemos detectado un pico en las consultas y las reclamaciones sobre estas materias", ha añadido, señalando que "existe un caldo de cultivo que puede acelerar este tipo de comportamientos".
La CNMV estima que ya hay judicializadas reclamaciones frente a estos fraudes que superan los 800 millones de euros. Aunque no supone la totalidad de los casos conocidos por el supervisor, Buenaventura sí ha reconocido que los criptoactivos son protagonistas. Lo achaca a que tradicionalmente estas campañas delictivas buscan atraer con los productos "de moda" y eso son ahora estos complejos activos financieros, como en su día lo fueron el oro o el petróleo. "No quiero ligar fraude y criptoactivos, pero es cierto que se solapan", ha asegurado Buenaventura.
El responsable del órgano supervisor, que ha sucedido a Sebastián Albella, ha asegurado, como ya avanzara en el mismo foro la ministra Nadia Calviño, que tanto la CNMV como el Ministerio están trabajando en una nueva normativa que evite los fraudes financieros. Buenaventura ha destacado que las principales herramientas que incluya la futura ley deben ayudar al "empoderamiento" del consumidor que les permita discernir entre las ofertas reguladas y aquellas que son fraudulentas o no supervisadas.
Buenaventura se ha referido también a la reciente imputación de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, por los contratos con el excomisario Villarejo. El responsable de la CNMV ha evitado valorar si el directivo debe dejar el cargo en la compañía, aunque sí ha urgido a la empresa cotizada a asumir los compromisos de buen gobierno corporativo. El ponente ha subrayado que este tipo de casos, además de afectar a la credibilidad de la propia compañía, puede extenderse al resto de cotizadas. "En ocasiones el desgaste reputacional supone un riesgo para las compañías pero tambien sobre el conjunto de cotizadas", ha señalado.