Cuando el Gobierno decidió en mayo dejar caer sin alternativas jurídicas el último estado de alarma, ya barruntaba o sabía que la ponencia del Tribunal Constitucional apuntaba a invalidar el primero. Más: ya estaba presionando a algunos magistrados, a través de Carmen Calvo, para que votasen en sentido contrario. Y en tanto llegaba la sentencia optó por la política del caos, que es la que ha mantenido desde que estalló la pandemia a principios del pasado año. Caos y mentiras, caos y chanchullos tácticos, caos y ocultación, caos y fracaso porque es imposible abordar una crisis de ese tamaño sin otro propósito que el de esquivar responsabilidades, ponerse a salvo del descontento ciudadano y aprovechar la situación para implantar medidas...
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