El cartel de Zahara como síntoma de las batallas que empieza a ganar la extrema derecha

Vox ha ganado una nueva batalla ideológica esta misma semana, en la ciudad de Toledo, gobernada por el PSOE, al conseguir la retirada del cartel del concierto de la cantautora Zahara, tras señalarlo como "una ofensa extrema a la imagen de la virgen". Se trata del último tanto que se anota el partido de Santiago Abascal que, desde su nacimiento y, sobre todo, a raíz de su entrada en las instituciones y la aceptación como socio por parte de PP y Ciudadanos, condiciona las políticas en educación, igualdad o inmigración en comunidades y ayuntamientos.

La formación de extrema derecha ha logrado, por ejemplo, implantar el llamado 'pin parental' –el derecho de veto de los padres a que sus hijos reciban formación en diversidad o igualdad– en la Región de Murcia, chantajear con ello a la Junta de Andalucía, o lograr que el Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso se abra a modificar leyes sobre violencia de género o en contra de la discriminación del colectivo LGTBI, así como que no se coloque la bandera arcoíris en el Ayuntamiento de Madrid, durante la semana del Orgullo y que en su lugar se ateste la ciudad de banderas españolas o que se terminen las declaraciones de consenso en numerosas instituciones contra la violencia machista.

El caso del cartel de Zahara es otro síntoma más de la implantación que ha logrado en los últimos años la formación extremista y es significativo porque, a diferencia de los territorios antes citados, se ha producido en una ciudad, Toledo, en la que los votos de Vox no son decisivos para sostener al equipo de gobierno, cuya alcaldesa es la socialista Milagros Tolón.

La extrema derecha lleva varios días señalando a la cantautora andaluza por el cartel que anunciaba el concierto que tiene previsto ofrecer el próximo 3 de septiembre en la capital castellano manchega. Se trata de una imagen en la que la cantante aparece emulando a una virgen con un niño en sus brazos y una banda azul en la que se puede leer Puta, título de su último y exitoso álbum musical.

El miércoles, la portavoz de la extrema derecha en Toledo, María de los Ángeles Ramos, verbalizó públicamente por primera vez una idea que según diversas fuentes del consistorio ya habían trasladado Vox y sus grupos afines a la alcaldesa socialista y a su equipo de gobierno días antes: que el cartel de Zahara suponía "una ofensa extrema a la imagen de la virgen". Ese miércoles Ramos solicitó tanto la retirada del cartel de las calles toledanas, como la suspensión del recital.

Pero ante las quejas de esos sectores más ultras, la promotora del concierto ya había iniciado la retirada de esos carteles un día antes, el martes. Rafael Bargueño, promotor de Toledo Alive –festival en el que se incluye el concierto de la cantante ubetense– aseguró este jueves en declaraciones a la Cadena SER que retiró los carteles de su web después de que el ayuntamiento le trasladara el "malestar" que había en ciertos sectores, sin citar a ningún partido político y dejando la decisión a su criterio.

"Ellos me hacen llegar el malestar de la calle y me dicen: 'Estamos recibiendo esto, ¿qué podemos hacer?'. Yo le dije: 'Escucha, los cambios se hacen de inmediato, yo no tengo problema'. Y dijeron: 'No, no, haz lo que tú creas'", apuntó Bargueño en la citada emisora radiofónica. En realidad, el Ayuntamiento también retiró el anuncio del concierto de su página web oficial.

Pero la portavoz del consistorio, Noelia de la Cruz, explicó este jueves en rueda de prensa que el martes "a través de los diferentes canales de participación" del Ayuntamiento, "fueron recibidas quejas a una de las imágenes promocionales de una de las artistas" del festival Toledo Alive, en alusión al cartel de Zahara. "También las recibió el propio promotor del espectáculo que fue quien tomó la determinación motu proprio y asesorado por su equipo de comunicación de sustituir la imagen y así nos lo hizo llegar al equipo de gobierno", señaló, tratando de desligar al consistorio de la decisión.

A renglón seguido, De la Cruz aseguró que Vox pretende "coartar la libertad de expresión” pidiendo a través de las redes sociales que se suspendiera el concierto y recalcó el apoyo del equipo de gobierno "sin fisuras al concierto". "Defendemos la tolerancia, como esencia de una ciudad libre y hospitalaria como es Toledo. No hemos cedido, ni vamos a ceder ante quienes coartan la libertad de expresión", argumentó.

La polémica generada por Vox en Toledo en torno a un cartel –el del concierto de Zahara– que ha sido colgado en toda España sin suscitar hasta ahora ninguna queja, forzó a posicionarse hasta al Gobierno del Estado, que mantuvo un lenguaje ambiguo. "La libertad es muy importante respetarla tanto para aquel que cree como para aquel que crea", aseguraba este jueves la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante una intervención ante la prensa, en Rota (Cádiz).

A su juicio, "hay que perseguir el equilibrio entre que realmente esas expresiones existan y si hay determinadas sensibilidades sobre todo religiosas que se sientan ofendidas, hay que buscar ese equilbrio". "No es fácil y respeto las decisiones que se hayan acometido por parte de los ayuntamientos", añadía, preguntada por la retirada de los carteles de la cantautora en Toledo. El martes, en cambio, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, sí publicó un tuit criticando la presión de Vox. "Y luego empezarán a quemar libros", ironizó, aludiendo a la noticia sobre la petición de cancelación del concierto de Zahara.

La extrema derecha consiguió en cualquier caso que la polémica del cartel centre la atención mediática, que se retire en Toledo y que los sectores ultraconservadores sitúen en la diana a Zahara, que el mismo miércoles, tras recibir el apoyo público de artistas, políticos y multitud de colectivos, agradecía todo ese respaldo desde un escenario, en Valencia, donde ofreció un concierto. "Ha sido brutal la respuesta de amor que he recibido y eso es lo que me llevo del día de hoy. La única respuesta que voy a dar a eso que ha sucedido lo voy hacer en este escenario y lo voy a hacer cantando, defendiendo el arte, defendiendo la música y defendiendo la libertad de expresión" y en línea con el argumento de su disco, que precisamente relata situaciones de violencia y acoso vividas como mujer en diferentes momentos de su vida, añadía: "Ojalá hubiese podido decirle a la María Zahara de 12 años, cuando la insultaban y la llamaban puta... que en el futuro, cuando tuviera 37 años, todas sus compañeras y compañeros de profesión, todas las personas que admira, todo su público, y todas las personas queridas saldrían a defenderla".

Vox presiona desde hace meses para imponer su agenda ultraconservadora allí donde puede y, especialmente, en aquellas comunidades y ayuntamientos en los que sus votos sostienen a los gobiernos del Partido Popular en solitario, como la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, o de PP y Ciudadanos, que es el caso de Andalucía o de la ciudad de Madrid.

Fruto de esas presiones, la extrema derecha logró implantar el llamado 'pin parental' en Murcia tras cerrar en enero del año pasado –antes de la fallida moción de censura presentada allí por PSOE y Ciudadanos–, un acuerdo presupuestario con el anterior gobierno de coalición del PP y Ciudadanos. Pero entonces la medida fue suspendida cautelarmente por los tribunales tras la denuncia interpuesta por el ministerio de Educación y Formación Profesional que dirigía entonces Isabel Celáa.  

Pero la formación de Abascal recuperó esa exigencia ante el PP y logró que se impusiera de nuevo después de conseguir la cartera de Educación como pago por votar en contra de la moción de censura de marzo.  

En Andalucía, la misma exigencia ha sobrevolado sobre el Gobierno de PP y Ciudadanos con continuas amenazas por parte de Vox de que dejará caer al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla si no sale adelante ese derecho de veto de los padres, aunque por el momento esas amenazas no se han cumplido y la extrema derecha sigue sosteniendo a la Junta. Allí, la Consejería de Educación, que dirige Javier Imbroda, de Ciudadanos, no solo no ha implantado el veto parental, sino que ha manifestado reiteradamente que no lo hará. 

También en la Comunidad de Madrid, el mismo día de la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid tras su victoria del 4 de mayo, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, condicionó el voto a favor de la investidura de la líder del PP a la derogación de las leyes autonómicas de género, la ley LGTBI y trans –el PP ya ha dicho que se abre a modificarlas– y a que promoviera el cierre de Telemadrid.

Además, el pasado mes de mayo, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia ya consiguió los votos favorables del Partido Popular y Ciudadanos para que el himno nacional suene en los colegios de la capital, con la modificación de que serán los centros educativos los que puedan solicitarlo cuando se quiera "dar relevancia" a actos solemnes. La moción también pedía que se colocara un retrato del jefe de Estado en cada aula, y poner una bandera de España en los centros educativos. Tanto PSOE (que ahora gobierna en el consistorio) como Podemos, votaron en contra. 

Además de la exigencia de que no se coloque la bandera LGTBI durante el Orgullo, a lo que accedió el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el pacto con Vox –limitado a un acuerdo de Gobierno con el PP que Ciudadanos nunca quiso firmar– ha dejado un reguero de cesiones para que el regidor pudiera retener sin sobresaltos el bastón de mando. Algunas han generado fracturas entre los socios de Gobierno y obligado a hacer malabares de argumentario al alcalde pese a que mantiene más que una buena relación con el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, y nunca manifestó problemas por llegar al Palacio de Cibeles de la mano de los cuatro concejales de la extrema derecha, sin cuyo apoyo no podría haber sido investido.

La cesión ante Vox para borrar un mural feminista en el barrio de La Concepción (Ciudad Lineal) es el mejor ejemplo de cómo apoyar una propuesta de la extrema derecha puede disparar la crispación y el vandalismo. El intento de eliminar una obra de reconocimiento a mujeres pioneras pintada sobre el muro de un polideportivo municipal llegó a las páginas de la prensa internacional. Tras dos años de convivencia plácida con el barrio, Vox señaló el mural con una proposición para borrarlo en el Pleno del distrito. Y PP y Ciudadanos aceptaron la ejecución, aunque unos días después la formación que lidera Begoña Villacís se enmendó a sí misma, asustada por la enorme repercusión social.

Lo que vino después es historia conocida: la vandalización con pintura negra de este mural y otras réplicas surgidas como respuesta a su intento de eliminación. Los rostros de Rigoberta Menchú, Rosa Parks, Federica Montseny o Frida Kahlo, borrados. Y un alcalde que tuvo que comprometerse a repararlo después de que su partido apoyara que desapareciera. "Yo soy feminista", aseguró el primer edil en el acto institucional del 8M. Un meses y medio después, el Ayuntamiento aún no lo ha arreglado.

No era la primera vez que una decisión del Gobierno municipal daba alas a las ideas de Vox. Pasó también con un asunto de memoria histórica. Vox propuso sacar del callejero las referencias a los socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, empezando por una placa en homenaje al primero instalada por acuerdo de todos los partidos en 1981. El modo con el que el partido de ultraderecha trató de amparar su propuesta bajo el paraguas de la ley de memoria histórica de 2007 escandalizó a más de 200 historiadores, que firmaron un informe que vinculaba los argumentos de Vox a los clichés franquistas (y erróneos) utilizados por el régimen dictatorial después de la Guerra Civil. Aún así, logró el apoyo de PP y Ciudadanos.

Las repercusiones no tardaron en saltar a la calle. Tras la retirada a martillazos de la placa, las esculturas de Largo Caballero e Indalecio Prieto amanecieron con pintadas de "asesinos" en color rojo. Vox usó la imagen del monumento vandalizado para amenazar al Gobierno con derogar la ley de Memoria Histórica. "Primer aviso", escribieron desde su cuenta oficial, crecidos por el éxito de su propuesta.

La entrada de Vox en el Ayuntamiento de Madrid ha puesto fin a consensos políticos que parecían inquebrantables, como las declaraciones institucionales contra la violencia de género. Estos posicionamientos conjuntos que unen a todos los partidos contra la violencia específica ejercida contra las mujeres han desaparecido desde que Vox tiene representación en el Consistorio capitalino.

La extrema derecha, además, sigue negándose, a participar en el minuto de silencio que el Gobierno municipal convoca frente a la sede institucional en señal de repulsa cuando se produce un asesinato machista. Los cuatro concejales llegaron a boicotear esta acción con una pancarta paralela con el lema "la violencia no tiene género". Ahora, el portavoz del grupo de extrema derecha asiste, pero se coloca a unos metros del resto de concejales para mostrar que es ajeno al mensaje oficial: "Basta ya, no a la violencia de género".

En su versión más descarnada, Vox reventó el acto institucional contra la violencia machista del 25 de noviembre de 2019 con arengas negacionistas. Decenas de mujeres abandonaron el auditorio entre gritos de "vergüenza" y una superviviente plantó cara al portavoz, Javier Ortega Smith.