El director de la Inspección de Trabajo: "Pondremos en marcha un dispositivo para que se cumpla la Ley Rider"
Con quince años de experiencia como inspector de trabajo "a pie de calle y de centro de trabajo", Héctor Illueca (Valenca, 1975) siente un "enorme honor" y el peso de la responsabilidad de liderar a sus compañeros como director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desde hace dos años, elegido por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Doctor en Derecho, impartía clases como profesor de la Universidad de Valencia cuando dio un paso hacia la política y consiguió escaño en el Congreso de los Diputados en las listas de Podemos. Ahora en la dirección de la 'policía laboral', defiende un "giro estratégico de la Inspección", que no solo consista en resarcir años de recorte de personal, sino también en aumentar las competencias de los inspectores, ampliar enfoques y aprovechar más el 'big data' para detectar fraudes.
Este jueves ha entrado en vigor la Ley Rider para reforzar el estatus laboral de los repartidores de plataformas digitales, tras años de abuso de la figura de los falsos autónomos. ¿Qué papel ha jugado la Inspección de Trabajo en el origen de esta legislación?
Creo que cuando se escriba la historia del Derecho del Trabajo habrá que reservarle un rinconcito a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Su papel para evitar que miles y miles de personas quedaran en la intemperie fue absolutamente decisivo. El debate de los riders, y en general de estas nuevas formas de trabajo en plataformas digitales, es decisivo. Predetermina cómo van a ser las relaciones laborales en el siglo XXI y la forma en la que se cierre este debate va a tener una gran trascendencia en España y, en general, en Europa.
En la gestación de la Ley Rider, el papel de la Inspección fue fundamental, detectando situaciones de auténticos trabajadores asalariados que prestaban servicios bajo fórmulas de falsa autonomía. En detrimento no solo de sus derechos, sino también del propio sistema público de Seguridad Social.
Glovo ha anunciado que seguirá utilizando riders autónomos y Deliveroo asegura que también, hasta que salga de España próximamente. Se están preparando denuncias por cesión ilegal de trabajadores en otras empresas que están acudiendo a la subcontratación... ¿Qué va a hacer la Inspección de Trabajo para vigilar que las empresas cumplen la ley?
Las leyes están para cumplirse, no hay término medio, y precisamente esa es la misión de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por tanto, no puede haber duda alguna, actuaremos con el máximo rigor y contundencia ante las situaciones de fraude que se detecten y frente a quienes pretendan eludir una norma que es fundamental, me atrevería a decir que histórica, para nuestro sistema de relaciones laborales. Recordemos que es fruto de un amplio consenso en el marco del diálogo social, con sindicatos y patronal, y muestra una firme voluntad de apostar por el trabajo decente, de manera pionera y reconocida en el ámbito internacional.
El objetivo es garantizar los derechos laborales de los riders, un colectivo en una situación muy precaria que ha sufrido especialmente el fenómeno de los "falsos autónomos", que básicamente consiste en dejar a la intemperie y sin derechos a las personas asalariadas. La ley es un instrumento fundamental y por ello la Inspección pondrá en marcha un dispositivo específico y va a actuar con contundencia para garantizar su cumplimiento desde ya mismo, que entra en vigor la ley.
La nueva ley reconoce una presunción de laboralidad solo en las empresas digitales de reparto, pero las plataformas digitales se están extendiendo a muchos más sectores, como la limpieza y el cuidado a domicilio, entre otros. ¿La Inspección va a vigilar los abusos de falsos autónomos en plataformas digitales de otras actividades?
Rotundamente sí. Va a estar vigilante en todo el perímetro de la legislación laboral y va a hacer lo necesario para evitar que colectivos enteros de trabajadores y trabajadoras sean expulsados del ámbito de la protección del Derecho del Trabajo, que es lo que está en juego. La Inspección de Trabajo está actuando y lo va a seguir haciendo cada vez con más intensidad.
Uno de los problemas de la Inspección es la falta de personal. ¿Ahora mismo en qué ratio nos encontramos en España de inspector por trabajadores y a qué índice deberíamos aspirar?
Es fundamental incrementar los efectivos. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha hecho un enorme esfuerzo y hemos ido incorporando un importante contingente a lo largo del último año. Hoy podemos afirmar que se encuentra en el mejor momento de los últimos años, con un total de 2.039 inspectores y subinspectores. Queda mucho por hacer y habrá que mejorar en el futuro. Pero las necesidades no son solo de efectivos. Este ministerio ha tratado de impulsar un giro estratégico a la labor de la Inspección después de décadas de abandono institucional. Quiero subrayar esto.
¿A qué se refiere? ¿Cree que se ha infrautilizado la Inspección de Trabajo por direcciones anteriores?
Incluso algo más que eso. Durante años hemos vivido la pérdida progresiva de competencias por parte de la Inspección de Trabajo en variables fundamentales de las relaciones laborales para definir el equilibrio entre las partes. Por ejemplo, en la modificación sustancial de condiciones de trabajo o en la reforma laboral del Partido Popular, que eliminó todo tipo de controles administrativos en los expedientes de regulación de empleo (ERE), también el control de las causas que realizaba la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La Inspección ha vivido 30 años de recortes, no solo en materia presupuestaria o de efectivos, sino de recortes de sus competencias. El ministerio está imprimiendo un giro estratégico para garantizar derechos sociales y laborales. A través de más efectivos, pero también gracias a más competencias, medios materiales y, en definitiva, de un robustecimiento general de todos los sistemas de la Inspección.
¿Cómo está funcionando la campaña para prevenir los golpes de calor en estos días de altísimas temperaturas? ¿Han acumulado muchas denuncias? ¿Se ha impuesto alguna multa?
Estamos satisfechos, creemos que va a ser efectiva. Se han enviado 140.000 cartas a empresas que emplean a casi un millón de trabajadores en las que se aporta información sobre las medidas para proteger a las personas trabajadoras frente al riesgo de exposición al calor, y en las que se advierte de las consecuencias, que pueden llegar a ser graves, de su incumplimiento para las empresas.
Se está dando también máxima prioridad a las denuncias que se han presentado, que efectivamente existen y ya han desencadenado actuaciones inspectoras. Quiero insistir en algo que me parece importante: la ley exige a nuestras empresas que garanticen la seguridad de los trabajadores frente a este tipo de riesgos.
¿Ha habido mucho abuso en los ERTE? Las cifras hasta el 1 de junio indican que la Inspección de Trabajo ha detectado unas 5.500 infracciones. Fraude en una de cada seis actuaciones realizadas.
La campaña de ERTE ha sido, desde luego, una de las más importantes que se han realizado en el último año. Creo que ha sido el justo correlato de un esfuerzo gigantesco que ha realizado la sociedad, por iniciativa del Gobierno de España, para preservar el tejido productivo y proteger el empleo.
Cuando digo “justo correlato”, me refiero a que ese gran esfuerzo ha ido acompañado de una ineludible labor de fiscalización para evitar que el fraude de unos pocos –creo siempre que es el fraude de unos pocos– perjudique al resto de la sociedad. Se han investigado bases reguladoras incorrectamente implementadas, fundamentalmente continuidad de la actividad de las empresas cuando estaban en ERTE... El importe total de las infracciones detectadas asciende a 25,9 millones de euros. Los datos acreditan que ha sido una campaña muy intensa, muy relevante.
El registro de jornada era una medida muy reclamada por la Inspección de Trabajo para facilitar su labor al aflorar jornadas fraudulentas, horas extra impagadas… ¿Ha cumplido las expectativas que tenían? ¿Las empresas en general lo han implementado?
Fue un paso en la buena dirección sin ninguna duda, en la medida en que se establecía la obligación de tener algún tipo de constancia de los horarios que realizan las personas trabajadoras. No obstante, lo que nos dicen los datos es que se siguen produciendo abusos. Para ello, el giro estratégico que comentaba antes tiene el foco puesto en intensificar nuestras actuaciones sobre tiempo de trabajo: horas impagadas, tiempo parcial, situaciones de infracotización...
Es posible que el registro horario se quedara corto en algunos aspectos de su configuración jurídica. A lo mejor puede ser necesario precisar más algunos términos que permitan un mayor control por parte de la Inspección de Trabajo, con carácter general y específicamente en el ámbito del trabajo a tiempo parcial, que es donde hay una buena parte del fraude respecto al tiempo de trabajo.
¿En qué ámbitos hay más fraude o abuso laboral? Tanto en lo referido a sectores, como respecto a las prácticas, como comentaba respecto al tiempo parcial.
La mejor respuesta es siempre el dato empírico. Este nos dice que la denuncia que se presenta con mayor frecuencia ante la Inspección tiene que ver con el impago de salarios y otras infracciones relacionadas. Es seguramente el punto crítico de cualquier relación laboral, porque el salario es el medio de vida que tienen las personas trabajadoras y cualquier incumplimiento puede ser crítico para ellas.
La labor de la Inspección ya está siendo importante en esta materia, pero puede serlo mucho más. Va a cobrar muchísima importancia en el futuro la variable de salarios recuperados para los trabajadores.
A la luz de los datos, como usted decía, la temporalidad fraudulenta parece muy elevada dadas las conversiones de contratos fraudulentos por la Inspección. ¿Es un foco importante de fraude, bastante extendido en España?
Comparto absolutamente la afirmación. Los resultados del Plan de Choque que se ha desarrollado este año la avalan. Se remitieron 79.284 cartas a empresas sobre irregularidades detectadas en contratos temporales que afectaban a 168.819 personas. A fecha de 1 de junio, se habían transformado un total de 156.550 contratos temporales irregulares. Para que se haga una idea, si tomamos como referencia el periodo de enero a mayo de los últimos cinco años, el total de contratos transformados por la Inspección en 2021 supone un incremento del 352% respecto a lo que se había hecho en años anteriores.
Esto nos arroja dos conclusiones. Una, que efectivamente hay un elevado volumen de fraude en la contratación temporal. Creo que no descubro nada al afirmar esto. Y, en segundo lugar, que estamos consiguiendo que la actuación inspectora sea cada vez más eficaz en este ámbito y espero que lo sea aún más en el futuro.
Los Planes de Choque que se basan en el cruce masivo de datos han demostrado una gran efectividad. Lo han aplicado por primera vez en empleo del hogar recientemente.
La campaña sobre empleadas del hogar representa muy bien el giro que mencionaba. Pone el foco en un sector especialmente feminizado, que históricamente ha sido postergado, invisibilizado y marginado. Hemos detectado irregularidades a través del análisis masivo de datos, que nos ha permitido constatar la existencia de relaciones laborales en las que no se estaba pagando el Salario Mínimo Interprofesional.
Se enviaron cartas sobre trabajadoras con jornadas completas y ahora vamos a ir ampliando el espectro también a empleadores del hogar que tienen trabajadoras a tiempo parcial. Y estamos haciendo algo más, que es dar carácter preferente a las denuncias que se reciben de este tipo. Creemos que esta campaña novedosa visibiliza este sector y contribuye modestamente a dignificar las condiciones de vida y de trabajo de estas personas.
¿Tienen intención de ampliar el análisis masivo de datos a nuevos sectores o infracciones?
El análisis masivo de datos y la utilización de la inteligencia artificial para definir perfiles de fraude se está extendiendo a prácticamente todos los ámbitos de la actividad de la Inspección. Este es nuestro objetivo, creemos que va a ser de gran ayuda para que sea un instrumento que garantice derechos sociales y laborales.
Por ejemplo, algo que estamos empezando a hacer y que no se había hecho en el pasado: intensificar la actuación inspectora en materia de seguridad y salud laboral, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, utilizando por primera vez cruces masivos de datos para seleccionar a empresas investigadas. Los cruces de datos, de elementos relevantes sobre siniestralidad, nos permiten identificar perfiles que hacen que la actuación inspectora sea mucho más certera, mucho más rápida, pero sobre todo, mucho más eficaz.
¿Cómo de importantes son las denuncias de los trabajadores para detectar el fraude laboral?
La colaboración con la Inspección es absolutamente fundamental y decisiva para erradicar el fraude y para conseguir un mercado de trabajo más equitativo. También, diría más, para alcanzar una competencia más leal entre empresas.
Me gustaría recordar dos cosas. Primero, que la Inspección de Trabajo tiene un absoluto deber de reserva sobre el origen de cualquier queja recibida. De modo que la denuncia tiene un carácter secreto, lo dice la legislación. Y, en segundo lugar, comprendiendo que a pesar del carácter secreto de las denuncias pueda haber personas con temor de denunciar ciertos hechos, existe una herramienta que para nosotros es valiosísima: el Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. De manera anónima, cualquier persona puede colaborar con la Inspección comunicándole hechos constitutivos de infracción, que desencadenan después en actuaciones inspectoras. Tiene una importancia trascendental.
Han subido hace muy poco las multas de la Inspección, pero los sindicatos suelen criticar que algunas sanciones son muy bajas; que a las empresas les sale a cuenta infringir la ley. ¿Prevén elevar más las cuantías?
Lo que se ha hecho es actualizar las sanciones, después de 15 años en los que las habían dejado desfasadas, perdiendo una parte importante de su poder disuasorio. En la nueva orientación estratégica de la Inspección se contempla además una revisión de la legislación para detectar posibles supuestos en los que el proceso sancionador puede ser insuficiente. Se va a estudiar.