Juicio del caso Castor: los directivos alegan que nadie percibió temblores al inyectar gas
El presidente de Escal UGS y su consejero delegado, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, acusados en el juicio por los seísmos provocados por la inyección de gas en el proyecto Castor en septiembre de 2013, han declarado este lunes que durante ese proceso “nadie percibió el más leve temblor”. La actividad que …
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El presidente de Escal UGS y su consejero delegado, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, acusados en el juicio por los seísmos provocados por la inyección de gas en el proyecto Castor en septiembre de 2013, han declarado este lunes que durante ese proceso “nadie percibió el más leve temblor”.
La actividad que llevó a cabo la empresa en 2013 “no ha alterado” la peligrosidad en la falla de Amposta, han declarado en el que desde este lunes se sigue contra ellos en la Audiencia de Castellón.
Asimismo, defendieron que la peligrosidad de esa falla sigue siendo la más baja de España, a la vez que dijeron que durante el proceso se cumplieron todos los protocolos de seguridad.
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EFE
Del Potro ha explicado, a preguntas de la fiscal, que se conocía la existencia de microsismicidad en la zona, pero que se daba la misma en dos ejemplos en plantas que todavía funcionan.
Añadió que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) había determinado que lo mayor que podía producirse en la zona de inyección (frente a las costas de Vinaròs) era un seísmo de 4,7 grados, una cifra “lejos de suponer un riesgo real”.
El proyecto Castor, que se clausuró en 2017, obtuvo una concesión administrativa en 2008 para explotar un almacén subterráneo de gas que aprovechaba la estructura geológica de un antiguo yacimiento de petróleo de Amposta.
La inyección de gas bajo tierra realizada en septiembre de 2013 frente a la costa de Vinaròs provocó más de 500 seísmos.
Algunos de ellos fueron sentidos por la población y nueve causaron “daños de consideración” en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu (Castellón) y en Amposta y Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), señala el auto de apertura de juicio oral del juzgado de Vinaròs.
Un total de 123 afectados por estos seísmos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria Escal UGS 1,84 millones de euros por los daños morales producidos por “la ola de pánico generalizado” a consecuencia de los 552 seísmos detectados en las poblaciones afectadas.
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