El PSOE abre el melón del bable en el Principado
Asturias debate estos días en el Parlamento cómo está laRegión. Y todos los partidos políticos han estado de acuerdo en que no se puede esquivar dar un empujón definitivo a la demografía, con un firme impulso a las ayudas a la natalidad en la comunidad con menor índice de nacimientos de toda Europa, y a la necesidad de algunas infraestructuras clave. Sin embargo, ha sido lo lingüístico lo que más atención ha concitado en los enfrentamientos dialécticos. «Toca reforma del Estatuto de la Autonomía en Asturias», han convenido diputados tan distantes en lo ideológico como Adrián Pumares, de Foro Asturias, o Adrián Barbón, su tocayo socialista, presidente del Principado. En la bancada de la izquierda, precisamente el PSOE, de la mano de Podemos e Izquierda Unida y varios colectivos civiles muy proactivos en la defensa de la ‘llingua asturiana’, se presentaban al Debate sobre el estado de la Región con la propuesta de que el nuevo estatuto tiene que contener el régimen normativo de la quinta lengua cooficial del país: el bable o asturiano se uniría al gallego, euskera, catalán y aranés.
Esa cooficialidad no se hará realidad hasta dentros de unos meses y llegará, según vaticinan las fuentes consultadas por ABC, en dos tandas, porque así es la hoja de ruta del presidente socialista. El primer paso será antes de final de año, cuando va a intentar conseguir los 27 diputados (PSOE, UP e IU suman 26 y están a la caza del voto que falta, que en principio será deForo Asturias) necesarios para avalar la reforma autonómica. Después, y aunque la Constitución Española recoge el derecho de las regiones a fijar lengua cooficial, junto al castellano, esa nueva reglamentación asturiana necesitaría el plácet del Congreso de los Diputados. Algo que Adrián Barbón quiere tramitar en 2022.
Para Vox, Ciudadanos y PP, la ley de Uso y Promoción del bable/asturiano impulsada por el PP de Sergio Marqués (ley 1/ 1998, de 23 de marzo) ya es un marco vigente que protege el asturiano para quien lo use. Susana Fernández, portavoz de la formación naranja, responde a ABC que no es necesario modificarla: «En Asturias no existe una demanda social que reclame la oficialidad. Nos posicionamos en contra no solo por los costes económicos (entre 20 y 50 millones de euros anuales), sino por los costes sociales, tanto para la administración, sistema educativo o sanitario. La ley de 1998 permite su uso voluntario, es decir, cualquier estudiante que quiera estudiar la asignatura de asturiano ya puede hacerlo. Ese es el marco adecuado, pero Barbón no quiere exprimir el potencial de la norma y prefiere imponer la cooficialidad».
¿Cuál sería el beneficio entonces para los partidos que sacaron el pasado 16 de octubre a cientos de personas a la calle en defensa de la cooficialidad? La parlamentaria de Cs coincide con Álvaro Queipo, del Grupo Popular en el Parlamento asturiano. Fernández achaca: «La cooficialidad implica la generación de puestos de trabajo dirigidos a grupos muy específicos y personas que aspiran a vivir de la cooficialidad. Los partidos ‘interesados’ nos tachan de ‘malos asturianos’ y están buscando la deriva peligrosa hacia el nacionalismo».
Al Ejecutivo asturiano le reprocha la oposición que «está utilizando la lengua no como un elemento cultural, sino como un factor identitario, porque sin lengua no hay nacionalismo». Es un pago a sus socios de Podemos e IU, y la maniobra se resume en un peaje derivado de la geometría parlamentaria, afirman a este diario.
Incentivos a los funcionarios
Lo cierto es que el presidente del Gobierno autonómico, pocos días antes de llegar al debate que culmina hoy, cambió notablemente su primera intención, que no era otra que la de imponer el uso del asturiano. En respuesta a Cs, el socialista fijó que podría acceder a que el asturiano no se exija para acceder a la función pública. Sí confirmó, no obstante, que el funcionariado que domine el idioma de sus ‘cuatro güelos’ (abuelos) como comentó en un tuit recibirá incentivos. La oposición no le cree. «La cooficialidad es una forma de dar trabajo y ‘apesebrar’ a una minoría», dice Fernández. Fijar votos a través de los chiringuitos de la lengua, como ha ocurrido en otras autonomías, argumentan los populares.
La cara de Adrián Pumares, el diputado del partido fundado por Francisco Álvarez-Cascos, apareció en pancartas y él considera que Vox promueve una «campaña de señalamiento personal», porque su voto inclinaría la balanza. Sería el diputado número 27. En el Parlamento regional, condicionó su papeleta a otros cinco puntos de reforma estatutaria, sin los cuales se caería de la defensa de la cooficialidad. «La pelota está ahora en el tejado del resto de los diputados hasta alcanzar los tres quintos de la Cámara regional necesarios para impulsar la reforma», atiende en un receso del debate a ABC.
«Y si Vox cree que por cosas como esas voy a cambiar el sentido de mi voto, no me conocen. Lo que pedimos es que el asturiano no sea un asunto de obligatoriedad, sino de voluntariedad. Es una cuestión de derechos. «Pongo tres ejemplos de la necesidad de regular la lengua: un estudiante de la Universidad de Oviedo no puede cursar ninguna asignatura en asturiano; un empresario no registra su compañía en asturiano, pero puede hacerlo en gallego; y la consejera de Cultura y Política Lingüística, Berta Piñán, durante un tiempo sufrió que le afeasen que hablaba en asturiano en el Parlamento».
Queipo indica que «fue el PP quien preservó el uso del asturiano, con libertad de elección y voluntariedad, sin obligaciones, orgullosos del patrimonio lingüístico», pero «Barbón juega al engaño con el sector prooficialidad. Defiende una cooficialidad ‘amable’ sin imposiciones, pero eso no es posible. Intenta sacar un rédito electoral a costa de sectores que no votaban al PSOE».
El anterior mandatario asturiano, el también socialista Javier Fernández, se manifestó siempre en contra de dar carta de cooficialidad al asturiano. «La ley de uso actual permite fomentar el aprendizaje voluntario de asignaturas en escuelas e institutos, el desarrollo de la toponimia tradicional en el Principado y el derecho a comunicarse en asturiano con la administración», raazona el diputado del P. Pero el borrador de la reforma estatutaria que tiene sobre la mesa el líder del Ejecutivo autonómico contiene, según la oposición, «porcentajes de imposición del asturiano en medios de comunicación, funcionariado, asignaturas obligatorias en las aulas...»; para que «a lo catalán en Baleares, quien no apoye este modelo a la asturiana se convierta en un apestado», presagian.