La ley antiterrorista en India sirve para perseguir y silenciar a los enemigos de Modi

Khurram Parvez era un adolescente cuando su abuelo, un civil, fue abatido a tiros por el ejército indio. Al crecer en Cachemira durante la década de los 90, Parvez terminó acostumbrándose a este tipo de violencia, pero nunca olvidaría aquel incidente.

A lo largo de las tres décadas siguientes, Parvez defendió los derechos humanos y documentó la violencia, la tortura y las desapariciones forzadas de cachemires atribuidas a las fuerzas armadas indias. Tras perder una pierna en la explosión de una mina terrestre en 2004, su contribución fue fundamental para lograr que los grupos rebeldes acordaran prohibir las minas terrestres.

Su trabajo le valió elogios a nivel internacional, pero el mes pasado, a primera hora del día, la Agencia Nacional de Investigación de India (NIA, por sus siglas en inglés), el organismo central que investiga los casos de terrorismo, arrestó a este hombre de 44 años en su casa y lo llevó a la cárcel acusado de "financiación del terrorismo".

Se trata del último caso en suscitar acusaciones de represión a la disidencia por parte del partido Bharatiya Janata (BJP, por sus siglas en inglés), liderado por el primer ministro, Narendra Modi. Pero incluso bajo la sombra de la detención de Parvez, Modi es uno de los líderes mundiales que ha participado en la Cumbre por la Democracia convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En su intervención, el primer ministro indio se refirió a la independencia del poder judicial y de los medios de comunicación como "instrumentos importantes de la democracia".

"Todos debemos mejorar constantemente nuestras prácticas y sistemas democráticos", dijo el primer ministro. "Y todos tenemos que mejorar continuamente la inclusión, la transparencia, la dignidad humana, la respuesta a las quejas y la descentralización del poder".

La ley en virtud de la cual se detuvo a Parvez, la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas (UAPA, por sus siglas en inglés) ha sido acusada de ser inconstitucional y antidemocrática. La UAPA, en apariencia una ley de prevención del terrorismo, ha sido utilizada regularmente por el Gobierno de Modi para detener a aquellos considerados críticos con el Gobierno, desde abogados y activistas hasta periodistas, sacerdotes, poetas, académicos, miembros de la sociedad civil y ciudadanos de la región de Cachemira.

El uso de la ley antes de la llegada del Gobierno de Modi al poder en 2014 era insignificante. Sin embargo, entre 2014 y 2020 10.552 personas fueron detenidas en virtud de la UAPA.

Para los arrestados en virtud de esta ley es especialmente difícil obtener la libertad bajo fianza, por lo que los acusados pueden permanecer en prisión preventiva durante años. Uno de los casos más notorios ha sido el del padre Stan Swamy, un sacerdote jesuita de 84 años con párkinson que fue detenido por su supuesto apoyo a actividades antinacionales y murió en la cárcel este año tras haber visto denegada repetidamente su solicitud de libertad condicional por motivos de salud.

Otro de los casos es el de un periodista, Siddique Kappan, que lleva más de un año arrestado sin derecho a fianza tras haber sido detenido mientras ejercía su trabajo. Hace dos semanas se le denegó la libertad condicional a Parvez y posteriormente fue enviado a la prisión de Tihar, en Delhi, tras 12 días detenido.

El uso de la ley ha aumentado considerablemente desde 2019, cuando el Gobierno otorgó a las autoridades la facultad de designar a una persona como "terrorista". El mes pasado, al estallar un episodio de violencia en el estado indio de Tripura, este nuevo poder fue utilizado contra los abogados que intentaron investigar los ataques, los periodistas que informaron sobre la destrucción de mezquitas y más de 150 periodistas y civiles que tuitearon sobre los incidentes.

En noviembre, un caso judicial llegó al Tribunal Supremo con el fin de impugnar la validez constitucional de la ley. La demanda señalaba que solo el 2% de las detenciones en virtud de la UAPA terminan en condena, argumentando que "los procesamientos en virtud de la UAPA se inician de mala fe o con pruebas de calidad insuficiente".

"El principal problema con la UAPA es la vaga definición de ‘actividad ilícita’", dice Salih Pirzada, abogado radicado en Cachemira. "Las autoridades pueden incluir cualquier cosa que hagas con tus acciones o palabras —o incluso si solo tienes la intención o la idea de hacer algo— en la definición de actividades ilícitas".

El despliegue de la UAPA ha sido especialmente notorio en Cachemira, región que India y Pakistán se disputan desde la independencia india. Cachemira ha sido el hogar de una insurgencia violenta que lleva largo tiempo luchando contra el dominio indio y, como resultado, la región se ha convertido en la zona más militarizada del mundo.

Pero en agosto de 2019, el Gobierno del BJP revocó la autonomía que Cachemira había gozado a lo largo de 70 años y puso a la región bajo el control total del Gobierno central. A esto le siguió una severa represión militar, que se ha intensificado en los últimos meses.

En virtud de la UAPA, se han abierto expedientes policiales a un padre que reclamaba el cuerpo de su hijo asesinado por las fuerzas indias, a los jugadores de un partido de críquet organizado en memoria de un militante asesinado y a los cachemires que apoyaron a Pakistán en un partido de críquet India-Pakistán.

La detención de Parvez suscitó la condena internacional. Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, tuiteó: "No es un terrorista, es un defensor de los derechos humanos".

El incidente también ha despertado llamamientos para modificar y adaptar la UAPA a la legislación internacional de derechos humanos. Human Rights Watch dice que las autoridades están "utilizando cada vez más la ley antiterrorista contra activistas, periodistas, manifestantes pacíficos y críticos para silenciar la disidencia".

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), la ley provoca "serias preocupaciones en relación con el derecho a la presunción de inocencia, así como con el derecho al debido proceso y a un juicio justo".

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Arindam Bagchi, acusa a la OHCHR de verter "acusaciones infundadas" y afirma que la detención de Parvez "se llevó a cabo de acuerdo con las disposiciones legales”.

"Las leyes de seguridad nacional, como la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas de 1967 (UAPA), fueron promulgadas por el Parlamento para proteger la soberanía de India y garantizar la seguridad de sus ciudadanos", dice Bagchi.

No es la primera vez que Parvez está en el punto de mira. Su organización, Jammu Kashmir Coalition of Civil Society (JKCCS), ha investigado la tortura sistemática, acusaciones de violaciones a civiles por parte de soldados indios, escenificación de tiroteos y la existencia de fosas comunes. También ha librado batallas legales en favor de las víctimas de Cachemira, por lo que Parvez resulta desde hace décadas un incordio para las fuerzas indias. En 2016, fue arrestado y retenido durante 76 días, hasta que un juez declaró que su detención era ilegal y arbitraria.

Parvez Imroz, colega de Khurram Parvez en la JKCCS, asegura que el fin de la detención era intimidar. En la actualidad, Imroz es el único miembro que queda al mando de la organización. En octubre de 2020, las autoridades allanaron su oficina por primera vez, lo que Imroz cree que fue el primer intento por hostigarlos.

"Su propósito era impedir que hiciéramos nuestro trabajo", dice. "Ningún voluntario viene a trabajar aquí debido al miedo. Solíamos recibir a las víctimas aquí, pero todos tienen miedo", agrega.

Traducción de Julián Cnochaert.