Frente común de entidades para velar porque el 25% de las clases se impartan en castellano
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«Hoy presentamos una coordinadora de asociaciones que trabajará por el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a que las dos lenguas oficiales sean vehiculares en la escuela, en un mínimo porcentaje», ha avanzado Ana Losada, presidenta de la AEB.
«Queremos que se acaben los 'casos Canet'», ha subrayado en relación al asedio a la familia que solicitó una asignatura más en castellano para su hijo en este municipio. Por este motivo, seguirán dos vías: la institucional, por la que pedirán reuniones con sindicatos, partidos, y también con el presidente de Generalitat, Pere Aragonès. En caso de no encontrar respuesta, recurrirán a la justica. Así, para aquellos padres que quieran que se cumpla la sentencia y, a su vez, preservar su intimidad, será la AEB la que lo reclamará en su nombre. La plataforma repartirá formularios con los que los progenitores podrán informar al TSJC de si se cumple o no la aplicación del 25% del castellano en las aulas.
Formulario para los padres
En estos escritos, que harán las veces de un recurso ante el TSJC, los padres no tendrán que identificar el centro concreto donde estudian sus hijos, pero sí aportar pruebas de que el alumno forma parte del sistema educativo catalán. «Un formulario donde los padres autorizan a la AEB a reclamar -ante el juzgado- la ejecución de la sentencia», ha detallado Losada.
«Iremos por las buenas, o escuela a escuela, para que se cumplan los derechos de todos los catalanes. Vamos a ir hasta al final, a todas partes. Al Congreso, al Senado, a Europa, donde no hay nadie que entienda el empecinamiento de la Generalitat, que trata al castellano como lengua extranjera aunque sea la de la mitad de los catalanes», ha avanzado el presidente de SCC, Fernando Sánchez-Costa, quien también ha subrayado que aplicar la presencia del 25% del castellano en las escuelas es «de sentido común. Negarse a ello es una postura sectaria».
Durante el acto de presentación de esta plataforma, el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha censurado: «la Generalitat ha decidido que una sentencia no se va a cumplir, pero luego nos llenamos la boca hablando de la calidad democrática de Cataluña».
Domingo también ha reprochado que «el Gobierno de España no ha tomado una posición demasiado militante» en el cumplimiento del fallo judicial. «Ante esta situación gravísima y preocupante, los ciudadanos tenemos que tratar de hacer factible lo obvio: que el sistema educativo catalán debe cambiar. No porque los digamos los ciudadanos, sino porque los tribunales han decidido que debe cambiar», ha manifestado.
«Nos gustaría no tener que llenar el TSJC de peticiones solicitando que se aplique la sentencia», ha indicado Sánchez-Costa. «No queremos ver a Cataluña ni a España en la lista de la Unión Europea de territorios que no cumplen las resoluciones judiciales».
60 peticiones
Según Losada, la AEB ya cuenta con 60 peticiones de familias que han iniciado la solicitud para que se haga cumplir la sentencia en las aulas catalanas, y otras 13 se encuentran con los trámites en curso.
«¿Quieren saber cuántos padres han solicitado las clases 100% en catalán? Ninguno», ha esgrimido José Domingo ante la afirmación de la Generalitat de que solo 80 familias han pedido el castellano en las aulas.
Para poder llevar a cabo esta campaña, la plataforma ha creado una recogida de fondos -'crowfunding'- para poder así hacer frente a los gastos.