España afronta la reforma fiscal y el cambio de normas europeas con el tipo efectivo de IVA más bajo de la UE
El Gobierno estima que el próximo año en torno a uno de cada tres euros recaudados por impuestos en España serán a través del IVA. Unos 75.000 millones de euros figuran en los Presupuestos Generales del Estado del próximo curso. Es, de lejos, la segunda mayor figura fiscal del país, por detrás del IRPF, pero arrastra algunos aspectos por el diseño del sistema fiscal en España que provocan que se encuentre sensiblemente por debajo de la media de la recaudación en la Unión Europea. A ello se suma un reciente informe de la Comisión que señala a España como el país con el tipo efectivo más bajo del continente.
Los datos del Ejecutivo comunitario hacen referencia al año 2019, antes de la pandemia. El tipo general en España es del 21%, con una importante cartera de productos y servicios al 10% y algunos al 4%. El resultado es que en este país la media de lo que se paga por IVA es del 8,8%, la cifra más baja de los 28 países de la UE —todavía incluye el informe a Reino Unido, que es el segundo país con el tipo efectivo más bajo—, pese a haberse aumentado ligeramente la cifra durante aquel ejercicio, el último en el que se ha hecho la comparación con el resto de socios comunitarios. Croacia y Dinamarca son los países en cabeza, por encima del 15% de media, mientras que la otras grandes economías del continente rondan el 10% de tipo efectivo de IVA.
El IVA está identificado como uno de los asuntos pendientes que tiene España para acercarse a la presión fiscal de la Unión Europea. Según datos de Eurostat, la recaudación por este impuesto supuso en aquel 2019 el 6,5% del PIB, sensiblemente por debajo del 7,2% de la media de la UE. Solo Italia, Rumanía, Luxemburgo e Irlanda tienen un porcentaje más bajo que el español.
Para entender el origen de esta diferencia de España con el resto de la Unión Europea hay que bajar al detalle de la metodología del informe de la Comisión Europea. El órgano de Gobierno comunitario hace un cálculo de cuál sería la recaudación si todos los productos y servicios se gravaran con el tipo general de IVA. Es un cálculo teórico, porque no todas las actividades tributan ni se pueden gravar y, además, existen los tipos reducidos y superreducidos. Así, la Comisión estima que se 'pierde' a nivel comunitario en torno a un 44% de lo que podría ingresarse en ese escenario ficticio. En España, sin embargo, esa cifra escala hasta el 57%.
¿Por qué? El informe detalla dos causas: los tipos reducidos y la fiscalidad de determinados territorios fuera de la Península. Respecto al primero de los puntos, los tipos reducidos y superreducidos restan a España casi un 14 puntos de ese 57%. Es el octavo país de la UE que más deja de ingresar por esta vía, mientras que la media se encuentra cuatro puntos por debajo del dato español, en el 9,8%. En el pasado, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha señalado que el Estado debe revisar esos beneficios fiscales, eliminando aquellos que no estén justificados o no cumplan con el objetivo para el que se aprobaron, además de que pueden acabar beneficiando más a rentas más altas con mayor consumo.
El Gobierno se ha comprometido en el plan de recuperación a revisar beneficios fiscales que "pudieran distorsionar la progresividad y la redistribución", basado en aquel informe de la Airef. Una de aquellas revisiones ya se aplicó en los Presupuestos del año 2021, con la subida del IVA para las bebidas azucaradas. Presumiblemente esta revisión llegará con la reforma fiscal que planea el Gobierno en el próximo año, cuando obtenga el informe del comité de expertos. Se espera que este documento llegue en febrero, aunque más que en el IVA, se apunta que las principales actuaciones se llevarán a cabo sobre Sociedades, fiscalidad medioambiental y tributación del patrimonio.
De momento, para el próximo año, el Gobierno tiene presupuestados 42.000 millones de euros de beneficios fiscales. De ellos, más de la mitad, 22.400 millones serán para el IVA. El tipo reducido del 10% se lleva unos 9.600 millones. Otros 9.100 millones corresponden a las exenciones. El resto es el impacto del tipo superreducido al 4%. El documento estima que se alcanzarán 75.600 millones de euros en ingresos en 2022, con un aumento del 9,6% respecto a la previsión de cierre de este curso, para alcanzar el máximo histórico de esta figura fiscal. Una previsión, la de este 2021, que se está superando en base a los datos de recaudación de este año.
La otra razón que explica, según se refleja en el informe, por qué España tiene el tipo efectivo más reducido de la UE se encuentra en el régimen especial de tributación de los territorios de Islas Canarias, Ceuta y Melilla, con impuestos alternativos al IVA. Este aspecto, sumado al resto de exenciones y productos y actividades que no tributan por el IVA —esto sí, compartido en mayor o menor medida con el resto de países— resta a la recaudación del IVA más de 43 puntos del 57% citado anteriormente que España 'perdería' por esta figura fiscal frente a la hipótesis irreal de que todo tuviera el mismo tipo general. Solo Reino Unido, ahora ya fuera de la UE, cosecha un nivel más alto.
La tributación del IVA en España no solo tiene en el horizonte los posibles cambios que vengan con la reforma fiscal a la que se ha comprometido el Gobierno. El Ecofin, la reunión de los 27 ministros de finanzas de la UE, dio la semana pasada el visto bueno a una reforma de la directiva del IVA que dará una mayor libertad a los estados para tipos de IVA reducidos o incluso nulos. La directiva, entre otras cuestiones, actualiza la lista de productos que se pueden beneficiar e un tipo reducido, con la incorporación de aquellos que protegen la salud públicas, los que son respetuosos con la transformación ecológica y los que sostienen la transición digital, según explicó la Comisión.
Además, Bruselas se da un plazo hasta 2030 para que los estados eliminen los tipos reducidos y las exenciones vigentes en el IVA para bienes y servicios perjudiciales para el medioambiente. La Comisión permitirá, además, que todos los países puedan aplicar las mismas exenciones y excepciones que se venían produciendo en determinados estados por cuestiones históricas, con el fin de intentar armonizar la situación entre los distintos mercados. Eso sí, las que no estén alineadas con la política climática de la UE tendrán que desaparecer antes de 2032. Se espera que esta norma esté finalmente aprobada en marzo del próximo año.