La COVID provoca una brecha récord entre las necesidades de ayuda humanitaria y los fondos desembolsados
La pandemia de la COVID-19 ha seguido marcando la ayuda humanitaria en 2021, como ya hizo el año pasado. Gran parte de los recursos se han utilizado para hacer frente a la crisis sanitaria en un contexto en el que las cifras de ayuda humanitaria a escala internacional han experimentado, sin embargo, un estancamiento alrededor de los 30.900 millones de dólares en 2020, una cifra prácticamente idéntica a la de 2019. Así lo alerta el informe 'La acción humanitaria en 2020-2021: la pandemia retrasa las reformas necesarias' elaborado por Médicos Sin Fronteras (MSF) y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), publicado este jueves.
El estudio señala una diferencia récord entre las solicitudes de fondos y la financiación disponible para atender las necesidades humanitarias de una larga lista de países en crisis. En 2020, los llamamientos de financiación de Naciones Unidas llegaron a la cifra récord de 55, un 27% más que en 2019. De las cantidades totales requeridas por la ONU solo ha llegado a financiarse un 52%. Dentro de los llamamientos exclusivamente relacionados con la respuesta a la COVID-19, el porcentaje de financiación fue aún más bajo, con solo un 40% de los fondos asegurados.
"El recrudecimiento de la crisis en Afganistán, el agravamiento de la situación en Haití o el continuo crecimiento de las cifras de personas refugiadas o en situación de desplazamiento forzado a escala mundial atestiguan que el contexto internacional va más allá de la pandemia. En este escenario de necesidades crecientes; la financiación humanitaria internacional, estancada desde 2018, y la brecha entre necesidades y recursos dejan a cada vez más poblaciones sin la asistencia y protección adecuadas", dice Jesús A. Núñez, codirector del IECAH.
La cifra de personas en situación de emergencia en 2020 a causa de desastres, conflictos o violencia fue de 243,8 millones, 19 millones más que en 2019. La lista de países identificados por la ONU como necesitados de ayuda de primera necesidad pasó de 65 a 75, y más de la mitad de estas personas vive en tan solo nueve países. El 81% de la población de Yemen requiere ayuda humanitaria, seguida por la de Eritrea (73%), Siria (67%) y Sudán del Sur (64%).
Aunque la cifra global se mantiene estable, hay casos como el de República Democrática del Congo (RDC) y Afganistán que han experimentado una subida considerable de población en riesgo, con 7,5 y 2,7 millones más, respectivamente, que el año anterior.
A finales de 2020 había 82,4 millones de personas refugiadas y desplazadas a nivel mundial, un 3,4% más que el año anterior.
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de España durante el año 2020 ha alcanzado los 2.603 millones de euros, lo que supone un aumento del 0,07% respecto a 2019. El peso de la AOD respecto de la Renta Nacional Bruta ha sido del 0,23%, aún por debajo de lo necesario para alcanzar el compromiso de la coalición de gobierno del 0,5% para el año 2023.
La acción humanitaria española, destinada a proteger y salvar vidas, así como a prevenir y aliviar el sufrimiento humano, creció en 2020 un 55%, hasta alcanzar los 96 millones de euros.
Este aumento, al haberse mantenido la AOD prácticamente estancada, hace que el peso de la ayuda humanitaria haya incrementado hasta suponer el 3,69% del total de la AOD. A pesar de ello, el porcentaje está aún muy lejos del compromiso de la Cooperación Española de destinar 10 de cada 100 euros de la AOD a ayuda humanitaria.
Respecto a los cauces de distribución y los países destinatarios de la ayuda española, se han mantenido los patrones de años anteriores. En la distribución por áreas geográficas destacan América Latina, principal destino, que ha recibido el 19%, Oriente Medio (18%) y África Subsahariana (12%).
"Sin embargo, en el debe hay que destacar que la reforma del conjunto de la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria no ha avanzado. En estos dos años, el proceso se está viendo ralentizado por los efectos de la pandemia, los cambios en los responsables, la falta de continuidad y de claridad por parte de la Administración pública y los partidos políticos sobre el alcance y las prioridades de esta reforma", señala Francisco Rey, codirector del IECAH.
El informe también destaca el "fracaso" del sistema internacional para afrontar la pandemia en cuanto a la vacunación y el acceso a tratamientos contra el coronavirus. La COVID-19 ha puesto de manifiesto la desigualdad entre los países de ingresos altos y el resto del mundo en el acceso a vacunas, diagnósticos, tratamientos, respiradores y otros suministros médicos. Para los autores del estudio, es "inconcebible" que algunos países estén implementando terceras dosis de refuerzo cuando, en otros, el personal sanitario de primera línea o los grupos más vulnerables están sin vacunar.
"Hay que poner condiciones a la financiación pública y a la concesión de licencias no exclusivas; promover la transferencia de tecnología para garantizar un verdadero reparto de los frutos de la innovación médica; y hacer públicos todos los contratos con transparencia en torno a los costes y los precios", dice Raquel González, responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras.
"El defecto fundamental y sistémico de dejar que los sectores privados y las fuerzas del mercado determinen el acceso a la atención sanitaria debe abordarse con un nuevo mecanismo que devuelva las responsabilidades a los Gobiernos, para garantizar que la tecnología médica vital sea accesible en todo el mundo", añade.
Ante la falta de avances, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reajustado sus expectativas y ha establecido un objetivo de vacunación del 70% de la población global para mediados de 2022. Hasta septiembre de 2021, se han administrado más de 6.400 millones de dosis en todo el mundo, pero solo el 2,3% en países de renta baja, mientras que, en muchos países de renta alta como España, se ha inmunizado a cerca del 80% de la población.
Los riesgos más graves de esta doble vara de vacunación mundial, según el informe, son la pérdida de vidas humanas, la prolongación de la pandemia y la posible aparición de nuevas variantes del virus en lugares con menor protección.
Según MSF, hay previsiones que apuntan a que más de 85 países pobres no tendrán acceso generalizado a las vacunas antes de 2023. Esta desigualdad podría tener también importantes consecuencias económicas: los países que no hayan vacunado al 60% de su población a mediados de 2022 registrarán pérdidas en sus PIB por un total de 2 billones de euros en 2025, especialmente en las economías emergentes.
El estudio también pone de manifiesto otros impactos colaterales de la COVID-19 en la salud, como el aumento de la depresión y la ansiedad, que han crecido un 28% y un 26% en todo el mundo, o el aumento de la desnutrición, que sumó 118 millones de personas en 2020 y ya afecta a entre 720 y 811 millones.