Justicia destina 125 millones de euros a la ciberseguridad y digitalización de la Administración judicial

Alcanzar una justicia cercana, ágil y eficaz. Eso demandan desde hace muchos años los jueces, fiscales, abogados, secretarios, auxiliares y, en general, toda la Administración judicial en los juzgados, los grandes tribunales y las oficinas de atención a los ciudadanos. La ministra Pilar Llop repite la misma consigna en sus declaraciones.

El Plan Justicia 2030 diseñado por el ministerio hace especial hincapié en la transformación digital, una asignatura pendiente que parece tener fecha de caducidad con la partida de 125 millones de euros dedicada a garantizar la "seguridad digital judicial", una iniciativa encuadrada en el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas del Gobierno.

Confidencial Digital ha consultado el concurso público lanzado por el Ministerio de Justicia en las últimas horas para adjudicar a empresas especializadas en tecnología e información los trabajos necesarios para que la justicia en España dé el salto definitivo hacia lo digital.

El ministerio que encabeza Llop ha previsto destinar casi 68 millones de euros al desarrollo y mantenimiento de sistemas y oficinas, 24 millones a potenciar la innovación mediante la ingeniería de datos y la inteligencia artificial, y 33 millones a reforzar la seguridad electrónica.

Mejorar los juicios telemáticos

Dentro del desarrollo y mantenimiento se apela a crear aplicaciones y actualizar las existentes. Los perfiles para esta tarea serán consultores, analistas, técnicos, arquitectos web, expertos UX y maquetadores, quienes asumen la "gestión, análisis, diseño, desarrollo, integración, migración y soporte de sistemas, aplicaciones, servicios y componentes de administración electrónica".

Se persigue mantener operativos e integrar los sistemas desarrollados por el Ministerio de Justicia para notificar y remitir el papeleo procesal: Minerva, Lexnet, Horus o eFidelius, así como mejorar los juicios telemáticos que ha consolidado el coronavirus.

Con la inteligencia artificial, los científicos de datos bucearán en "la información contenida en documentos judiciales, así como la identificación, extracción e interpretación de datos de distintos orígenes, internos, como indicadores socioeconómicos en el ámbito de la justicia, que sean relevantes para el análisis".

Prevención frente a piratas informáticos

Respecto a la ciberseguridad, Justicia espera cumplir los objetivos de la seguridad judicial electrónica elaborando una normativa propia, supervisando planes de riesgos, arreglando vulnerabilidades y dando formación en la materia a los funcionarios y personal externo.

"Esta protección incluye la confidencialidad de la información, la protección de la propiedad intelectual, de los datos personales tratados, y en general cualquier requisito legal o normativa aplicable", reseñan los pliegos de Justicia, que ya abrió en 2018, de la mano del CNI, una Oficina de Seguridad contra ‘hackers’ y ataques informáticos.

Los especialistas tendrán que estar familiarizados con las herramientas del Centro Criptológico Nacional "para operar el Gobierno de la Seguridad: ANGELES, PILAR, AMPARO INES, LORETO, CLARA, ANA, LUCIA, CLAUDIA, REYES, MARIA, CARMEN, MARTA, etc.".

Un plan de modernización con el que el ministerio aspira a integrar en la Administración judicial el "uso de las nuevas metodologías digitales y/o tecnologías disruptivas del momento actual", indica la documentación.

Sufragado por Europa

Justicia ambiciona con este plan agilizar el acceso a distancia a la ciudadanía, las empresas y los colectivos. También, habilitar un Expediente Judicial Electrónico Sostenible, facilitar los trámites 'online' y el teletrabajo, y crear entornos virtuales orientados al dato. En resumen, renovar la infraestructura de sistemas, redes y puestos de usuarios sin descuidar en el camino los mecanismos de ciberseguridad.

El ministerio busca "empresas de Innovación, Ingeniería Artificial o Ingeniería de Datos, además de Desarrollo y Gestión de Proyectos", se expone en los pliegos del plan para la transformación digital de la justicia. El plazo para presentar ofertas concluye el 14 de febrero.

Para costearlo dispondrá de una financiación mixta a cargo tanto del presupuesto ordinario del Estado como de los fondos 'Next Generation' de la Unión Europea frente a la pandemia.

La ministra Llop incidía este lunes, en un desayuno informativo de Europa Press, en la importancia de una justicia "accesible, eficiente, sostenible, ágil y fiable" aprovechando el filón de los 140.000 millones de euros asignados a España en los fondos europeos de recuperación.