Asalto al poder a la empresa española Iberdrola
El próximo martes día 18 de enero declarará como investigado el presidente de la española Iberdrola ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ¿Será suficiente esta presión a la eléctrica para que deje de ser española?
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, acudirá este martes personalmente a declarar como investigado, después de que el juez rechazase su solicitud de hacerlo por videoconferencia.
Para conseguir un resultado óptimo en estos casos suele ser necesario que aún cuando los hechos que hacen necesaria la declaración del presidente de la empresa española Iberdrola en enero de 2022 se hayan producido presuntamente en 2004, -18 años después- si se quieren conseguir los objetivos deseados para apartar y con ello justificar la venta de la empresa española y en dicho cambio obtener beneficios y comisiones multimillonarias.
La Fiscalía Anticorrupción, cinco años después de comenzar la causa y otros tantos antes de comenzar la investigación, solicitó la comparecencia en calidad de investigado del presidente de la española Iberdrola por considerar que existen indicios suficientes, en la pieza número 17 de la causa DPA 96/2.017 (causa Villarejo- Tándem) siendo conscientes de que a través de la solicitud de declaración de investigado de su presidente ponían en riesgo a una de las principales empresas españolas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón sí hizo caso en esta ocasión a la Fiscalia Anticorrupción, pues debía ser efectivo en una decisión de tal calibre como es la declaración de investigado del presidente de una compañía del prestigio internacional de Iberdrola, no puede asemejarse una comparecencia por internet al "paseillo", pues la efectividad a la hora de conseguir los objetivos que se pretenden es mucho mayor.
Asalto al poder a Iberdrola
Al igual que la Fiscalia Anticorrupción hace al juez instructor, Estrella Digital comienza a exponer en este primer artículo los indicios suficientes para suponer que la solicitud de comparecencia solicitada por la Fiscalía y decretada por el Juzgado Central de Instrucción número 6, del presidente de la española Iberdrola pueden tener consecuencias nada deseables para una de las empresas españolas más importantes que nos quedan y que en la actualidad no son muchas, por cierto, que no es otra que la venta a manos extranjeras de ésta, y con ello los expertos en este tipo de operaciones de adquisición puedan obtener beneficios millonarios, aunque para ello tengan que pisotear el Estado de Derecho y al final paguen los de siempre los ciudadanos.
Allá por el mes de julio del año 2016 la Fiscalía Anticorrupción presentaba una querella criminal en la cual se solicitaba la declaración como investigado de Juan Villar Mir y de la persona física dentro de la estructura empresarial del grupo de empresas vinculadas a Obrascon Huarte Lain S.A. (OHL), estaban investigando la adjudicación de las obras y la ejecución de las mismas en el Tren de Navalcarnero.
El llamado 'caso Navalcarnero' dentro de la operación LEZO en la Comunidad de Madrid terminó en noviembre de 2020 tanto para OHL como para Juan Villar Mir, pues se decretó el sobreseimiento contra Juan Villar Mir por el Juzgado Central de Instrucción numero 6 de la Audiencia Nacional.
La familia Villar Mir y en concreto el presidente del Grupo OHL Juan Villar-Mir de Fuentes, hijo del entonces investigado, tuvieron que renunciar a la presidencia de la compañía que habían creado y de la cual eran accionistas de referencia cinco meses antes, en junio de 2020, para así realizar la operación de venta del paquete empresarial de la Familia Villar Mir a un Grupo Empresarial Mexicano.
En estos momentos nadie es ajeno a que el fundador de OHL Juan Villar Mir no tiene investigación alguna en curso, ni acusación por la 'operación Navalcarnero', ni siquiera acciones de la empresa que fundó él y que presidía su hijo.
Para no confundirles y que se puedan analizar de forma sencilla los indicios que facilitamos en este primer artículo, en la misma querella criminal a la que antes hicimos referencia presentada en julio de 2016 'Caso Lezo' por la Fiscalía Anticorrupción se solicitaba la declaración como investigado de las personas físicas dentro de la estructura empresarial o societaria con capacidad de administración o decisión dentro del grupo de empresas vinculadas al Grupo ACS, Dragados e Iridium y respecto de los hechos acontecidos por la ejecución de la obras y posterior adjudicación del Canal Golf.
Pero en este caso tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Juzgado Instructor decidió actuar de una manera muy distinta, aún cuando presentaron la querella pues conocían el nombre del presidente de OHL, pero parece ser que no conocían el nombre del presidente de ACS. Desde entonces y hasta ahora han pasado mas de de 5 años y el presidente de ACS ha sabido nadar en las aguas de la administración de Justicia, de la Fiscalía así como en la de los Cuerpos de Seguridad del Estado, no sólo para no perjudicar a la compañía que preside e incluso a lo mejor como se puede leer en algunos diarios, para remontar e incluso recuperarse de la derrota que sufrió hace años a manos del presidente de la empresa española Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
Sería triste ver cómo ante la inacción de algunos, se produce un nuevo asalto a una empresa española, como ya ha ocurrido con otras empresas, que conllevaría la venta de ésta a manos extranjeras.
Estaremos atentos a todo lo que vaya sucediendo e informando a nuestros lectores sobre los indicios que pueden llevar a que una de las empresas españolas más importantes como es Iberdrola no pase a manos extranjeras para que algunos se llenen los bolsillos con comisiones millonarias por la venta de las acciones y para que al final no sea el pueblo español el que pague.