El Ayuntamiento multa a 1.061 VTC de las 7.000 que existen en Madrid

«¿Qué esta haciendo el Ayuntamiento de Madrid por los taxistas?», ha preguntado este lunes el concejal de Vox, Fernando Martínez. Así ha introducido el interminable conflicto entre el sector de taxi y las VTC en la ciudad durante la primera comisión de Medio Ambiente y Movilidad del año. El delegado del ramo, Borja Carabante, ha respondido que ya han emprendido dos campañas de control en los últimos tres meses. El Consistorio ha sancionado a 1.601 VTC de las cerca de 7.000 autorizaciones que hay en Madrid.


Las campañas se realizaron entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, y entre las mismas fechas de diciembre y enero. «Nuestra prioridad es proteger al sector del taxi, y que taxis y VTC cumplan con la normativa», ha apuntado Carabante. Sin embargo, ha señalado que el Ayuntamiento solo tiene competencias en el sector del taxi, mientras que las VTC corresponden a la Comunidad de Madrid, como delegada del Ministerio de Fomento.


La exalcaldesa Manuela Carmena intentó regular las VTC mediante una ordenanza, a imagen y semejanza de Barcelona, «intentando expulsar las VTC de Madrid», ha recordado Carabante. «Paralizamos esa ordenanza y redactamos una nueva que ha sido recogida con cierta unanimidad», ha afirmado el concejal. Además, ha enumerado las líneas de ayudas al sector del taxi: casi 6 millones de euros en 2020, 2 millones de euros en 2021 y una específica, a petición de los grupos municipales, para paliar las consecuencias del Covid-19 con 5 millones de euros. Esta última, según el delegado del área, ha sido concedida a más de 14.000 taxis.


Por su parte, el concejal de Vox ha criticado que «el Ayuntamiento tiene anuncios en su web y en los autobuses de la EMT de las VTC». También ha aprovechado para señalar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por «posar ante Uber». Martínez Vidal aboga por la «coexistencia» de ambos modelos, «de los que viven 25.000 familias», pero pide al Consistorio que vigile «de fotma estricta» el cumplimiento de la ordenanzas y su «alta siniestralidad». En este último punto, Carabante, muy tranquilo, ha contestado que «lo manifieste con datos».