El PP intenta enterrar la investigación judicial por financiación ilegal de las primarias de Mañueco
A diez días del arranque oficial de la campaña electoral, el Partido Popular intenta enterrar el caso de la presunta financiación del PP de Salamanca, una de las tres grandes causas de corrupción que investigan los juzgados en la comunidad sobre políticos que están o han estado en altas esferas del poder regional. Apenas 24 horas después del cónclave autonómico que eligió candidato a Alfonso Fernández Mañueco y pese a que el PP había insistido públicamente en que su voluntad es la de colaborar con la Justicia, el presidente provincial de Salamanca, Javier Iglesias, quien comparecía este lunes en el juzgado en calidad de imputado se negó a declarar sobre el caso. Y el mismo camino tomó ante el juez la representante legal del Partido Popular, que tampoco respondió a las preguntas del instructor. Mientras, otros dirigentes populares siembran dudas sobre la actuación de la Fiscalía en el sumario que indaga sobre la forma en que se pagaron las cuotas para poner al día a cientos de militantes y que estos pudieran votar en las primarias que eligieron como líder del partido en Castilla y León al hoy presidente de la Junta y candidato a la reelección.
El caso se remonta a 2017. En solo una semana, entre el 10 y el 17 de marzo de ese año , el partido recaudó más de 60.000 euros para pagar cuotas de afiliados morosos y lograr que estos votasen en las primarias a favor de Mañueco que se enfrentaba a Antonio Silván, entonces alcalde de León y delfín de Juan Vicente Herrera. Mañueco las ganó y se convirtió en presidente del PP de Castilla y León. El dinero, según el relato oficial, provino de "donaciones altruistas de altos cargos del partido", que por no saber, según reconocieron ante el juez, no saben ni a quien entregaron el dinero ni qué deudas con la organización estaban pagando.
En aquellas primarias se inscribieron para votar 1.400 militantes, votaron 1.200, y de ellos, 800 eran morosos que regularizaron sus cuotas en el último momento. La operación fue un éxito. La mecánica para recaudar 61.937,65 euros, o como lo denominó el propio Iglesias cuando declaró en calidad de testigo, "la maquinaria ingente", consistió en que cargos del Partido Popular a nivel provincial, autonómico y nacional, entregasen cantidades que oscilaron entre los 300 y los 1.000 euros por cabeza. La decisión tampoco tiene un responsable: surgió "de manera espontánea" al conocer que el PP celebraría unas primarias por primera vez y que uno de los candidatos a presidir el partido en la región era el salmantino Fernández Mañueco.
La explicación que aporta el partido para demostrar que el dinero salió del "altruismo" de sus cargos son declaraciones juradas de los donantes, 39 en total, por un importe global de 17.350 euros. Algunas de esas declaraciones son sospechosas. El senador Gonzalo Robles, por ejemplo, fue incapaz de contestar al juez si la letra y la firma que aparecían en su declaración jurada eran suyas. Otro supuesto donante, el ya exdiputado autonómico Salvador Cruz aseguró que puso el dinero con la condición de que fuese para abonar las cuotas atrasadas de su mujer. No explicó por qué no usó la vía más lógica, el pago directo.
A juicio de los investigadores hay otras argumentaciones dudosas y además ni siquiera todas las donaciones se han justificado mediante declaraciones juradas de los supuestos pagadores.
El grueso del dinero "donado", 41.490 euros correspondería a esas entregas para pagar cuotas de afiliados por parte de cargos electos, personal de confianza y afiliados que se ingresaron a posteriori en la cuenta corriente del partido. El resto del dinero recaudado corresponde a transferencias en cuenta entre el 1 y el 16 de marzo de 2017, por un total de 4.012,15 euros de cuotas abonadas por afiliados a través de ingreso directo en cuenta corriente bancaria (7.004 euros) y otras cuotas abonadas por afiliados en la propia sede para el posterior ingreso nominativo en cuenta corriente (9.431,5 euros).
El problema está en esa primera categoría, el dinero supuestamente donado por los cargos del PP, ya que la justificación aportada a los investigadores, además de ofrecer argumentos de lo más variopinto, no cuadra. Por un lado, de los 41.490 euros, 17.350 se justifican con las 39 declaraciones juradas. Eso implicaría que hay 24.140 euros de procedencia desconocida. Para justificarlo, el PP ha aportado recibos y extractos bancarios de los cargos que hicieron donaciones, y es ahí donde las explicaciones cojean, porque por no encajan ni siquiera las fechas.
El momento en que se tuvo que decidir hacer las donaciones altruistas no puede ser anterior al 10 de marzo, que es cuando Mañueco presenta su candidatura. De la documentación aportada se deduce que entre los recibos y justificantes de movimientos bancarios hay 17 pagos por valor de 9.800 euros entre el 10 y el 17 de marzo . Pero también hay recibos de cantidades aportadas antes incluso de que se supiese que habría primarias. Son 12 justificantes de pago que suman 7.250 euros. Figura además una con fecha de 2018, un año después de esas primarias.
Si se diesen por buenos los extractos de las operaciones realizadas en la semana del 10 al 17 de marzo aún quedarían por justificar 14.340 euros. E incluso aceptando las cantidades recogidas en la documentación bancaria fuera de la semana del 10 al 17 de marzo, seguiría faltando por concretar el origen de 7.090 euros.
Con toda la información recabada, el fiscal considera que podría estar ante un supuesto de donaciones anónimas a partido político y que cabe aplicar al PP de Salamanca lo dispuesto en el artículo 304 bis 5 del Código Penal (financiación ilegal de partidos políticos). Además, en este caso sería aplicable el artículo 31 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que obliga a los administradores a responder personalmente por el delito.
Mientras la investigación avanza, el PP hace todo lo posible por poner trabas. Su voluntad de "total colaboración en la justicia" explicitada ante los medios se ha tornado en opacidad y recursos de apelación para evitar a su presidente, Javier Iglesias, que estaba citado a declarar este lunes en calidad de investigado, la foto en los juzgados y someterlo a un nuevo interrogatorio judicial. Su letrado se dirigió primero al juzgado para advertir que Iglesias declararía a través de videoconferencia porque el día antes se había puesto la vacuna contra la COVID-19 y no se encontraba bien. Finalmente, por vía telemática, Iglesias se acogió a su derecho a no declarar, al igual que hizo la representante legal del partido. Iglesias y el PP han recurrido en apelación para evitar su declaración como imputados, algo que debe decidir la Audiencia Provincial de Salamanca, pero el recurso no tiene efectos suspensivos, el PP de Salamanca y su presidente están investigados por un presunto delito de financiación ilegal.
Y mientras eso sucede en la investigación, el secretario del PP de Castilla y León, Paco Vázquez, siembra dudas sobre la actuación de la Fiscalía. "Esperamos que la Justicia se pronuncie, no la Fiscalía, como ha hecho hasta ahora, siguiendo instrucciones del Gobierno", afirmaba. Advertido de la gravedad de sus palabras, Vázquez se desdecía poco después.
Mañueco, entretanto, intenta aparentar que no tiene nada de lo que preocuparse: no ha apartado a Iglesias, pero tampoco lo ha hecho convocar el congreso provincial para auparlo de nuevo como presidente. Inmerso en tres causas de corrupción que afectan a importantes dirigentes del presente y pasado del partido y que ponen en duda la limpieza del proceso que convirtió al presidente autonómico en líder regional del partido, los cargos populares tratan de despejar el asunto y centrar la precampaña en polémicas como la de la carne, a raíz de unas declaraciones manipuladas de Alberto Garzón, que el propio Mañueco se esforzó en tergiversar.
Ha sido su exsocio hasta hace unas semanas y hoy enemigo confeso, el anterior vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, de Ciudadanos, quien ha traído de vuelta las polémicas primarias al debate regional. Igea reveló una supuesta conversación con el presidente del PP de Salamanca en la que Iglesias le habría dicho: "Paco, tú sabes que yo hice lo que hice porque me lo pidió quien me lo pidió".
La declaración que puede poner punto final a la instrucción de esta causa que arrancó en 2019 es la de la gerente del partido, Isabel Sánchez, citada el próximo 3 de marzo, veinte días después de las elecciones regionales. Sánchez, que en su primera declaración como testigo aseguró que nunca supo de la operación para recaudar dinero, tendrá que explicar por qué no le extrañó que se amortizase una deuda de más de 60.000 euros en una semana, o por qué la administrativa que se encargó de llevar el dinero al banco, señaló que ella estaba al tanto de la operación.