Cómo se espía en Europa y qué derechos tienen los objetivos de los servicios de inteligencia
Los tiempos de espías con gabardina y sombrero han pasado a mejor vida. Ahora lo que se lleva es la tecnología punta, tal y como ha puesto de manifiesto el escándalo del uso del 'software' Pegasus contra independentistas catalanes. El paso de los años también ha dado a los objetivos de los servicios secretos estatales –al menos en Europa– más garantías para conocer los motivos de su espionaje. Esta es una guía de la arquitectura legal del espionaje en Europa, tanto para sus perpetradores como para sus víctimas, y sus sistemas de control parlamentarios.
Conscientes de las dificultades para investigar quién está detrás del espionaje con Pegasus, las querellas de los independentistas infectados por el programa contienen varias referencias a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre espionaje e interceptación de comunicaciones.
Más allá de lo que resulte de las querellas de los independentistas, sí se constata que el TEDH ha sido mucho más exigente al examinar casos de espionaje que el exiguo control y legislación que ampara la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La petición para interceptar comunicaciones admitidas por el propio CNI a 18 independentistas, entre ellos el ahora president, Pere Aragonès, se efectuó con el permiso de un único juez del Tribunal Supremo, sin revisión de la Fiscalía ni de ninguna otra instancia.
Donde pone más énfasis el TEDH es en la necesidad de que los Estados dispongan de mecanismos para que sus ciudadanos puedan conocer si sus comunicaciones han sido intervenidas, además de recordar la necesidad de las medidas de revisión y control de las intervenciones. Así lo recuerdan en sus querellas los abogados Benet Salellas, defensor de los espiados de Òmnium y la CUP, y Andreu Van den Eynde, abogado de los objetivos de ERC.
La sentencia del TEDH de 2015 citada por Salellas sobre un ciudadano ruso espiado por las fuerzas de seguridad de su país analiza con profundidad todos los extremos previos y posteriores a la intervención de comunicaciones. Y concluye: "Cuando el sistema nacional no ofrece un recurso eficaz a la persona que sospecha haber sido sometida a vigilancia secreta, no se puede considerar injustificada la sospecha generalizada y la preocupación de que se está abusando de los poderes de vigilancia secreta".
En el ámbito de las medidas de vigilancia secreta, la jurisprudencia europea advierte de que los abusos "son potencialmente fáciles y podrían tener consecuencias perjudiciales para la sociedad democrática en su conjunto". En varias sentencias, los jueces de Estrasburgo consideran "aconsejable" notificar a la persona afectada cuándo se terminan las medidas invasivas una vez la investigación ya no corra peligro, mientras sí ven "necesario" proporcionar a los objetivos de las vigilancias "un mínimo de información", como la fecha de adopción de las medidas, los motivos para tomarlas y la autoridad de la que emanan.
Antes de decidir una intervención, indica el abogado Gonzalo Boye –uno de los espiados– en su querella, la jurisprudencia del TEDH y del Constitucional español es clara a la hora de determinar que la limitación del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones debe ser proporcional y limitada, además de estar sujeta a un "control judicial efectivo". En otras palabras, lo contrario al 'software' Pegasus, que permite un acceso total al dispositivo móvil, además de poder activar su micrófono o la cámara.
Sin hacer ninguna referencia a la doctrina europea, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo avaló la semana pasada el espionaje a 18 independentistas porque los autos del magistrado del Supremo encargado de la autorización judicial previa "estaban extensamente motivados". Gabilondo únicamente planteó "abrir una reflexión sobre el control judicial" del CNI. No hay ninguna referencia en su informe de ocho páginas al derecho de los espiados a conocer los motivos de su espionaje. La información solo puede ser desclasificada por el Gobierno en un acuerdo del Consejo de Ministros. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha avanzado que no lo hará por voluntad propia sino solo si se lo pide un juez.
En el país galo todavía se recuerda la célula secreta creada por François Mitterrand supuestamente para la lucha antiterrorista pero cuyo verdadero objetivo era proteger a su segunda y secreta familia, y que también espió a políticos, periodistas y famosos. A día de hoy, en cambio, el presidente de la República, Emmanuel Macron, no ha sido instigador sino víctima de espionaje. Además la Fiscalía, de París investiga desde hace un año el presunto espionaje de Marruecos contra periodistas franceses. En la lista de informadores que Marruecos buscó espiar también está el periodista español Ignacio Cembrero.
Once representantes de ministerios y de varios partidos de la Asamblea Nacional y del Senado franceses controlan a los servicios de inteligencia que trabajan en suelo extranjero y nacional desde 2007. La comisión trabaja bajo secreto de defensa, pero cada año publica un extenso informe, consultable en Internet, con recomendaciones a las máximas autoridades de la República.
Al margen de los trabajos parlamentarios, una comisión independiente formada por magistrados, diputados, y especialistas técnicos vigila que las técnicas usadas por los servicios de inteligencia se lleven a cabo de acuerdo a las disposiciones legislativas en materia de seguridad nacional. Se trata de una institución sin analogía en España, creada al albur de las legislaciones antiterroristas francesas y de la doctrina del TEDH.
Reino Unido es el país europeo más aventajado en sistemas de vigilancia electrónica masiva. Una norma aprobada en medio del Brexit en 2016 y bautizada como 'ley Gran Hermano' permite a las agencias de inteligencia británicas obtener y almacenar llamadas telefónicas y páginas web visitadas por cualquier persona. Organizaciones de derechos humanos recurrieron hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que concluyó que Reino Unido vulneró los derechos a la privacidad y la libertad de expresión.
Eso sí, el Tribunal de Estrasburgo no fue categórico en la censura a este tipo de sistemas, y dejó la puerta abierta a su uso siempre que se cumplieran con una serie de garantías, como la autorización previa y supervisión independiente de la medida, su concreción y motivación en órdenes judiciales, y el examen previo de otras medidas menos intrusivas. La justificación fue la prevención del terrorismo.
Pese a su potencial uso masivo, Reino Unido no ha enfocado los sistemas de vigilancia únicamente hacia un grupo concreto de ciudadanos, como pudieran ser los independentistas escoceses. Es más, al igual que en España, el Gobierno de Downing Street también ha sido víctima del programa Pegasus. Lo reveló también The Citizen Lab, el mismo grupo investigador canadiense que ha desvelado el espionaje a los independentistas catalanes.
Para controlar a las distintas agencias de inteligencia británicas, una ley de 1994 estableció una comisión formada por nueve miembros de la Cámara de los Comunes y de los Lores. Aunque sus miembros también están sujetos al deber de reserva en sus trabajos, parte de los informes de la comisión se van publicando periódicamente en su web, algo que no ocurre en el Congreso. La labor de la comisión abarca no solo el uso de fondos reservados, como en España, sino también el conjunto de políticas y operaciones de inteligencia. Sus reuniones son periódicas, también a diferencia de la comisión española, que pasó tres años sin constituirse por discrepancias entre los grupos parlamentarios.
Bégica ha sido escenario de víctimas de espionaje con Pegasus del más alto nivel, como a su entonces ministro Charles Michel –después presidente del Consejo de Europa–, según Amnistía Internacional. Sus autoridades policiales también han reconocido recientemente, según reporta la prensa belga, que emplean el programa Pegasus, pero solo como "último recurso" para delitos graves como tráfico de drogas o terrorismo.
El control de las operaciones de inteligencia se realiza a través del denominado 'Comité I', que supervisa los análisis de las amenazas y las bases de datos de combatientes terroristas y propagandistas de delitos de odio. Desde 2018 también controla el cumplimiento de las normas sobre privacidad y datos personales por parte de los servicios que trabajan en la seguridad nacional. El presidente del comité debe ser obligatoriamente un magistrado, y hay dos consejeros. A todos los nombra el legislativo belga por un plazo de seis años.
El país transalpino fue pionero en desarrollar un virus telefónico similar a Pegasus, el sistema Exodus, desarrollado en Italia que infecta los terminales a través de aplicaciones de Google. La Fiscalía de Nápoles abrió en 2019 una investigación ante la sospecha de que el sistema podía haber sido usado por parte de las fuerzas policiales.
El control de los servicios secretos en Italia se realiza a través de un comité parlamentario similar al francés. Está formado por cinco diputados y cinco senadores y supervisa que los sistemas de información para la seguridad nacional se emplean respetando los derechos fundamentales y no para usos espurios.
La revelación de la organización periodística Forbidden Stories sobre la compra Pegasus por parte de varios países tuvo especial incidencia en Alemania, donde se descubrió que tanto sus autoridades policiales como el servicio secreto habían adquirido el 'software' espía israelí. Solo la revelación periodística llevó al Gobierno alemán a admitir su uso, que no había sido notificado a la comisión parlamentaria, equiparable a la francesa y la británica, encargada de vigilar a los servicios policiales y de inteligencia.
Las autoridades policiales alemanas confirmaron el año pasado en la comisión parlamentaria del Bundestag la compra y uso de Pegasus, pero lo limitaron a su empleo teórico, es decir, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. El caso no fue a más. Pasado un año, no hay constancia de que Alemania haya usado Pegasus para espiar a rivales políticos. Salvo otra futura revelación, en el país germano todo parece indicar que las prácticas de 'La Vida de los otros' no continuaron tras la extinción de la RDA.