El reciclaje de residuos hospitalarios, un problema agravado por la pandemia y olvidado por leyes obsoletas

Cada día toneladas de residuos hospitalarios que se podrían reciclar acaban en el contenedor. La pandemia de la COVID-19 ha duplicado los desechos plásticos, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los residuos peligrosos, como mascarillas, guantes, agujas o pruebas PCR, se han multiplicado por 10 y se espera que la campaña de vacunación masiva se traducirá en la generación de unas 144.000 toneladas de residuos en forma de viales, jeringas y envoltorios en todo el mundo.

En los hospitales se producen muchos tipos de residuos. La mitad son muy similares a los que se generan en casa: envases, material de oficina o restos y envoltorios de comida. Solo el 10% se consideran residuos peligrosos, según la Agència de Salut Pública de Catalunya. Entre los no peligrosos, normalmente se reciclan los que provienen de las cafeterías, administración y máquinas expendedoras. 

No se separan, sin embargo, la mayoría de desechos provenientes de las consultas, como los plásticos que contienen jeringas o los viales. “Se podrían reciclar perfectamente, pero no se consideran envases porque no están sujetos a la tasa del punto verde”, señala Jordi Pujadas, técnico de Medio Ambiente del Institut Català de la Salut (ICS), haciendo referencia al impuesto incluido en el precio de los envases para financiar su reciclaje. 

Actualmente no hay ninguna norma estatal específica para productos sanitarios. Además, los envoltorios de productos sanitarios quedarán exentos del nuevo impuesto especial para plásticos de un solo uso creado por la nueva ley de residuos. Por otro lado, la obligación de instalar fuentes con agua potable para fomentar los envases reutilizables en todos los edificios públicos tampoco afectará a los hospitales, que podrán continuar vendiendo envases de un solo uso.

Aunque los residuos sanitarios son competencia autonómica, a día de hoy algunas comunidades ni siquiera tienen una normativa específica para regular su gestión, y solo cinco de ellas se rigen por textos posteriores al año 2000. La mayoría son de los años noventa, cuando el reciclaje aún no aparecía en ninguna ley estatal de residuos y las tasas de recogida selectiva eran muy inferiores a las actuales: entre 1997 y 2020, el reciclaje de residuos municipales creció más de un 250%, según datos de la Comisión Europea. 

Tampoco existe normativa europea específica para este asunto, más allá de las directrices sobre residuos generales que promueven, en este orden de preferencia, la prevención, la reutilización y el reciclaje. También en la guía de la OMS, el apartado sobre residuos sanitarios no peligrosos, los más frecuentes pero los menos atendidos, se limita a dar recomendaciones sobre cómo minimizar residuos y reusar material que no conlleve riesgo de infección.

Los datos sobre la generación de residuos sanitarios no peligrosos que aporta la Comisión Europea presentan diferencias inverosímiles. Por ejemplo, el Reino Unido reportó haber generado 200.200 toneladas de residuos, mientras que Italia, que tiene una población ligeramente inferior, reportó 4.000 toneladas. En el otro extremo está Noruega, con solo 6 toneladas. La media europea de recuperación de residuos sanitarios es, según el Eurostat, del 62%.

En España, el número que aparece es un 2%, aunque faltan datos y es probable que la cifra sea muy diferente: en esta base de datos, la única que existe sobre la materia, España únicamente aporta cifras de los residuos sanitarios no peligrosos que se incineran para generar energía, pero no sobre los que se reciclan. Estas incoherencias se deben, en parte, a la falta de una unificación de criterios, ya que cada país clasifica de forma distinta sus residuos sanitarios.

María José Mora, responsable de la unidad de Innovación e Investigación del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent (València), también apunta a los envoltorios de material sanitario como el principal problema en la gestión de residuos de los hospitales. “No hay una normativa, ni nacional, ni regional, ni europea”, explica Mora, quien señala a los cuerpos legislativos: “El problema ya no es nuestro, viene de más arriba”.

Separar correctamente la basura para su reciclaje es obligatorio para toda la ciudadanía, empresas e instituciones. Sin embargo, aunque la norma considera multas de hasta 60.000 euros, la Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha confirmado a Verificat que nunca ha sancionado a ninguna empresa o institución por incumplir la obligación de reciclar. Alega que en lo relacionado a los residuos municipales, la competencia recae en los ayuntamientos. El de Barcelona contempla sanciones de hasta 3.000 euros. A la hora de publicar este reportaje, el consistorio no había confirmado a Verificat si alguna vez ha sancionado a algún centro sanitario por este motivo.

En Catalunya, el ICS define los planes de gestión de residuos de los Centros de Atención Primaria (CAP) y de ocho hospitales públicos. En el resto de hospitales, la responsabilidad recae en cada centro y la debe asumir con su presupuesto. “Nuestra capacidad de reciclaje es muy limitada”, explica Gerard Pereda, responsable de residuos sanitarios del Hospital Clínic, en Barcelona, que no forma parte de la red del ICS. “Reciclar implica tener espacios y contenedores adecuados y el hospital tiene el espacio que tiene”, lamenta. 

El Clínic, igual que hace el hospital de La Paz de Madrid, subcontrata parte de la gestión de residuos, aunque solo los equiparables a los domésticos que pagan la tasa de reciclaje. En el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, por su lado, aseguran que lo reciclan “todo”, según relata a Verificat Yolanda Fernández, responsable de hotelería del centro. Así, todos los plásticos generados en el hospital, incluyendo los envoltorios de productos sanitarios, se separan aunque no paguen la tasa, explica.

“Hay muchos hospitales que no lo hacen correctamente, que hacen recogidas parciales, en una parte del hospital o solo una fracción”, explica Pujadas, del ICS. “Un hospital es un ente muy complejo y cuesta mucho, pero es obligatorio [reciclar]”. Josep Simó, director del Área de Infraestructuras de la Agencia de Residuos de Catalunya (ARC), apunta en la misma dirección: “Todos estamos obligados a hacer una segregación y recogida selectiva de residuos".

En los centros de atención primaria, la situación es muy desigual. En los datos del ICS aparecen centros que reciclan grandes cantidades de basura y otros que apenas lo hacen. Los más avanzados, el CAP Miami (Tarragona) y el consultorio de Juncosa (Lleida), recuperaron 238 y 232 kilos de envases por cada trabajador, respectivamente. En el otro extremo, 19 de los 84 centros analizados no pasaron de los 5 kilos. 

Esta diferencia se explica, en parte, por el método de contar deshechos, explica Jordi Pujadas. “Todo depende de si el personal de limpieza cuenta y notifica todos los residuos recogidos, y no todos lo hacen”, señala. Además, la cifra se calcula asumiendo que cada bolsa de basura recogida pesa 1,5 kilos, en el caso de los envases, y 2, en el del papel.

Con este entramado legal llegó la pandemia de la COVID-19, que trajo toneladas y toneladas de desechos potencialmente contaminados por el virus. Esto causó “un desbordamiento general”, explica María José Mora. “Sabíamos que estábamos generando estos residuos, pero nadie tenía tiempo de pararse a cuantificarlos”, apunta. 

La prioridad era acondicionar los hospitales para gestionar la pandemia a nivel sanitario, hasta el punto de que el Ministerio para la Transición Ecológica autorizó la incineración en cementeras de los residuos que habían estado en contacto con el virus del SARS-CoV-2, considerados como “infecciosos” por el Gobierno.

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