El Gobierno volvió a hacer ayer un ejercicio de malabarismo político para ocultar a la opinión pública cualquier detalle de las cuestiones abordadas por Pedro Sánchez y Pere Aragonès ayer en La Moncloa. Lo que hizo la ministra portavoz para informar del resultado de la reunión fue un mero ejercicio de relleno de palabrería que solo demuestra que o bien la cita estuvo vacía de contenido, lo cual no es creíble, o bien hay una agenda oculta que sigue siéndolo. Pero en realidad, no informó de nada. El principal acuerdo fue el de convocar la famosa 'mesa de diálogo' antes de que concluya julio para «avanzar en las cuestiones abordadas». A lo sumo, el Ejecutivo admitió que se habló del reparto de fondos europeos y de infraestructuras para Cataluña -o sea, más dinero-, lo que aumentará los privilegios a Cataluña y los agravios al resto de comunidades. En cada reunión de estas características, hay una agenda pública y otra secreta. Partiendo de la base de que el interés más incisivo de la Generalitat es garantizar que desaparezca la presión de la Fiscalía y de los Tribunales sobre los cargos independentistas con cuentas pendientes con la Justicia, necesariamente debieron hablar de ello. Según Isabel Rodríguez, no se discutieron la práctica despenalización de la sedición, ni soluciones para el regreso del fugado Carles Puigdemont. Al menos admitió que sí se abordó la responsabilidad del Gobierno en el supuesto espionaje de líderes independentistas a través del 'software' Pegasus. Sin embargo, Aragonès sí sostuvo que la 'mesa de diálogo' abordará la 'desjudicialización' de los procesos en marcha en los Tribunales y una reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Lo de menos a estas alturas es determinar quién dice la verdad. Ya ocurrió en 2019 durante una reunión entre Sánchez y Quim Torra, y Moncloa quedó en evidencia. Lo relevante es que Sánchez asume una vez más el metalenguaje del independentismo y se radicaliza para garantizarse la legislatura. No obstante, tampoco es solo puro tacticismo. Sánchez realmente cree que existe un 'conflicto político' con Cataluña -expresión muy propia del mundo batasuno- y por eso siempre recurre a una perversión de las palabras que solo esconde un chantaje. Las expresiones 'mesa de diálogo', 'agenda del reencuentro', 'normalización', 'represión al independentismo' o 'amnistía' son la prueba. Y esto es grave en la medida de que no se trata de recomponer nada que haya roto el Estado, sino de que el Estado está siendo coaccionado para garantizar inmunidad e impunidad a quienes pretenden subvertir las leyes con patente de corso. En España no hay ninguna 'represión' contra el separatismo. Hay unos Tribunales legítimos que actúan conforme al Código Penal. Y en España no está contemplada la amnistía. Ni siquiera es una figura constitucional, por lo que exigirla en la dialéctica política, y consolidarla en el subconsciente del ciudadano, solo tiene como fin forzar y manipular las cosas hasta un límite obsesivo. A fuerza de repetir que hay que 'amnistiar a los represaliados', terminaremos por creer que en realidad hay represaliados necesitados de amnistía. Se ve que ni los indultos son suficientes. Hace tres meses, el presunto espionaje fue utilizado por la Generalitat como un argumento para romper. Todo era la enésima maniobra de distracción y simulación, y el independentismo necesita a Sánchez tanto como Sánchez al independentismo. La simbiosis es evidente. Tanto, que Sánchez entregó hasta la cabeza de la directora del CNI a la Generalitat . Dinero, privilegios, referéndum, presión a la Justicia e impunidad. Esa es la única agenda que impone el Gobierno catalán y que el Estado no debería aceptar, ni siquiera a efectos dialécticos.
