Esclavos del polvo y la piedra en la Murcia profunda: una pedanía planta cara a treinta años de minería descontrolada

En el municipio murciano de Fortuna, entre las sierras de La Pila y Quibas, existe un caserío cuyos orígenes datan de hace más de 200 años. Es la pedanía de Peña Zafra de Abajo, que se asfixia en un paisaje prácticamente lunar. Allí y en Abanilla, localidad limítrofe, 1065 hectáreas son territorio minero. En el suelo se abren grandes canteras a cielo abierto de las que se saca el mármol. Actualmente, hay 68 autorizaciones para la explotación de recursos mineros y a principios de la década ya había 37 licencias solo en los alrededores de Peña Zafra de Abajo, la mitad de las cuales se localizan en la falda del monte público de Fortuna. Muchas empresas trabajan la roca en el área, siendo las que más destacan Mármoles Nicolás, Colina Cimar, Áridos Abanilla y Máŕmoles Duaime -ninguna de las cuales ha querido prestar declaraciones para este diario-. La extracción del material por estas compañías parte en dos la vida de los habitantes del municipio, que no están dispuestos a abandonar la tierra en la que se han criado.

En las canteras de la zona, se extraen áridos -materiales que luego se usan para la construcción- y roca ornamental. El proceso se lleva a cabo con ruidosas maquinarias que van sacando la piedra, agujereando el monte y dejando en las laderas de la sierra montañas de producto que los canteros no consideran de buena calidad y que reciben el nombre de terreras.

Inma Nicolás Perea, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Explotación Minera de Peña Zafra, Balonga y Quibas -pedanías colindantes-, es doctora en un hospital de Barcelona. La distancia no impide que regrese con asiduidad para encabezar la defensa del territorio. Perea cuenta que un vecino medio de Peña Zafra de Abajo se despierta a las siete de la mañana con un enorme estruendo. No es el reloj -hace años que no necesitan alarma-, sino el molino que tritura el material desechado en las canteras. Los encargados de la molienda niegan que esté en funcionamiento en horario nocturno, pero ella sabe lo que escucha: "Un ruido continuo que nunca deja de sonar, 24 horas al día, excepto los domingos".

La presidenta cuenta que a veces decide desayunar en su jardín, aprovechando el frescor matinal, pero que, al salir, no tarda más de cinco minutos en abandonar la idea, después de que una nube de polvo empiece a expandirse desde las canteras y la planta de molienda hasta su casa. Una polvareda tan densa que le hace toser. Se ve obligada a volver a entrar y a cerrar puertas y ventanas, mientras siente el temblor que provocan los martillos neumáticos de la excavadora, como un pequeño terremoto -que se acerca a los cien decibelios-.

Antonia Perea Tortosa vive en una antigua casa cueva en la pedanía y todos los días, cuando se enciende el pica-pica -apodo que le han dado los habitantes de Peña Zafra a la máquina-, comprueba las grietas que se han abierto en el techo de su vivienda debido a la acción minera, por si hubieran crecido.

Inma llama constantemente la atención sobre los efectos de la actividad minera en la salud de las personas. Explica que el polvo generado transporta cristales de sílice, que entran en el tracto respiratorio y, a la larga, pueden provocar silicosis, una enfermedad pulmonar irreversible. “También puede causar bronquitis, asma y alergias. No solo se trata de afecciones respiratorias, también es posible que deriven en tensión, ansiedad e insomnio. En el peor de los casos, y si el estrés es muy grande, podrían provocar un infarto”, alerta. La plataforma de vecinos colabora con la Coordinadora “A por el 45”, una referencia al equivalente artículo de la Constitución Española, el cual consideran vulnerado por las empresas extractivas. La carta magna recoge en dicho artículo que las autoridades deben velar por el buen uso de los recursos naturales con el objetivo de mejorar la calidad de vida y de defender el medio ambiente. En cambio, la población siente que se les está privando del derecho “a respirar aire limpio”.

El molino que genera la 'niebla mineral' pertenece a Colina Cimar, una empresa que apareció en 2005 prometiendo ser la solución a las terreras que habían invadido el monte. “Fue un regalo envenenado, muchos vecinos les vendieron tierras para que levantaran la trituradora”, cuenta otra vecina. En contra de lo prometido, la planta muele parte del material estéril de las canteras del monte público y de otras que son privadas, emitiendo una cantidad enorme de polvo a la atmósfera y dejando las terreras existentes sin remover. Pasado un tiempo, se hizo también con su propio yacimiento. “Es una molienda frenética sin apenas ningún tipo de contención. Por esto la Comunidad les obliga a poner sistemas de regadío y otras medidas, pero está claro que son insuficientes”, explica Juan Luis Castanedo, vicepresidente y secretario de la Asociación para la Custodia del Territorio y el Desarrollo Sostenible (ACUDE), grupo colaborador de la plataforma de afectados.

El conflicto de intereses ha dividido a una comunidad que lleva la minería en la sangre. Muchos de los residentes fueron canteros en su juventud y con ello se ganaron la vida. Mármoles Nicolás comparte parentesco con miembros de la plataforma que los denuncia, y sus ascendientes habitaron las tierras hoy acribilladas por la empresa. Por su propio pasado, la población no pide que se detenga la actividad por completo, pero sí tiene claros sus objetivos. A corto plazo, que se deje de emitir tal cantidad de polvo, que se limite la vibración y que la zona de trabajo no se encuentre tan cerca de los núcleos urbanos. A medio-largo plazo, que al monte público de Fortuna se le dé un uso diferente al de la extracción.

Alrededor de las diez de la mañana, la polvareda disminuye un poco. El vecino promedio de Peña Zafra ya habría acudido a trabajar en su finca. Por los caminos, salen al encuentro de la gente las cuantiosas terreras y, a pesar de la aridez del paisaje, los vecinos rezan por que no llueva, pues saben que el agua podría arrastrar los escombros y provocar un accidente en la carretera, o, incluso, alcanzar las viviendas. Las canteras también afectan a su economía: cuando uno llega a los cultivos, puede ver con facilidad el color blanquecino de los frutales. Si se pasa el dedo por las hojas, se quedará cubierto de una pátina de polvo. “Allí los cultivos hay que limpiarlos para que puedan respirar con propiedad”, explica Castanedo. “Cuando la oliva madura, tenemos que recogerla y lavarla para que la almazara acepte comprárnosla”, añade Nicolás Perea.

Cuando la jornada llega a su fin, los vecinos de Peña Zafra de Abajo regresan a sus casas. En ocasiones tienen que apartarse del camino para que vehículos sin matricular pasen o salgan de las explotaciones, invadiendo la vía pública. Una vez en casa, se bañan para liberarse del sabor a polvo y comprueban que la presión de la ducha es menor que antes. “Primero el suministro de las canteras y luego el nuestro”, explica Inma Nicolás, que asegura que el agua que no cae de la alcachofa va a parar a los yacimientos mineros. Los peñazafreros se acuestan sabiendo que a las siete de la mañana del día siguiente, si no a las seis, el sonido de las canteras los volverá a despertar.

Desde la industrialización de la minería, la calidad de vida de los habitantes de Peña Zafra se ha ido deteriorando. Los vecinos se ven obligados continuamente a denunciar ante las instituciones las prácticas de los canteros, pero, según explican, no han obtenido una respuesta satisfactoria. Que las empresas estén situadas entre los términos de Abanilla y Fortuna, en territorio de frontera dificulta que alguien se haga cargo de las quejas. 

Con el objetivo de coordinar y gestionar las protestas, nació la mencionada Plataforma de Afectados. “Nos dimos cuenta de que las instituciones nos mandaban de un sitio a otro. Siempre echaban balones fuera, culpando a otros, mareándonos a nosotros y sin solucionar nada. Por eso los vecinos de Peña Zafra, Balonga y Quibas decidimos reunirnos para ser más fuertes”, cuenta su presidenta. 

Cati, peñazafrera de toda la vida, es la imagen de la resistencia y del cansancio que brindan muchos años de lucha. “Son tantos mis problemas que prefiero olvidarlos, porque si no me voy a volver loca”, lamenta. Inma Nicolás destaca que el envejecimiento de la población corre en su contra porque asegura ya no les quedan fuerzas. "Muchos ya no pueden vivir aquí porque se empeorarían sus dolencias”, señala.

La población empadronada en Peña Zafra ha ido disminuyendo, aunque oficialmente viven más personas de las reflejadas en el censo. Quedan alrededor de 23 viviendas habitadas, algunas de las cuales son casas cueva. Empresas como Mármoles Nicolás o Colina Cimar, que se han negado a hablar con este periódico, les ofrecen a sus dueños comprárselas. “El objetivo es que no estorbemos. Ya compraron gran parte de Peña Zafra de Arriba, pero a nosotros no nos van a echar. Las personas estábamos antes que las canteras”, explica la doctora frente a su casa, que asegura que tiene más de 200 años.

“Es una lucha de indios y americanos y ellos nos han invadido”, cuenta Cati, que, aunque ya no vive en Peña Zafra, vuelve constantemente para cuidar de su hermano. Ambos han sido protagonistas de la pugna, que comenzó en los 80 y que continúa a día de hoy. En 1985, una explosión provocada por una de las empresas mineras desencadenó un desprendimiento: parte de la ladera del monte cayó sobre una vivienda mientras su propietaria estaba en el jardín. “A mi cuñada no la mataron, porque la explosión la pilló fuera, tendiendo la ropa. Le dio un ataque de pánico, porque le habían hundido la casa”, rememora Cati. En otra ocasión, una gran roca estuvo a punto de caerle a un niño y, posteriormente, en el 2003, la finca de Cati fue sepultada por las voladuras provocadas por el empleo de explosivos. En la parcela tenía higueras, una cueva y una fuente que pertenecía a su hermana. “De todo eso ahora solo quedan tejas. Colina Cimar, la empresa encargada de la cantera, alegó que había sido un terremoto, pero nosotros comprobamos que no se había registrado ningún seísmo en las inmediaciones”, narra la vecina. Fue un periplo que les costó años y mucho dinero y con el que únicamente lograron que se les reconociese a Cati y a su hermana la propiedad del terreno: “Me limpiaron la finca, pero ahora vuelve a estar enterrada de material desechado”.

Mientras que el Ayuntamiento de Fortuna argumenta que la extracción en el monte público es un bien socioeconómico para el pueblo, Inma resalta que se explota solo para el beneficio del Ayuntamiento de Fortuna y en perjuicio de la gente de la zona. "Somos la pedanía más abandonada, pero de donde sacan más dinero para las arcas", comenta. Por su parte, la Comunidad Autónoma defiende que las explotaciones mineras cumplen una función social proporcionando recursos necesarios para el desarrollo de la Región. En contraste, Juan Luis Castanedo recuerda que ese monte es de todos: "Parecen olvidar que con la extracción están hipotecando el futuro del territorio”.