La oposición ha vuelto a sembrar esta semana la duda sobre una posible subida del recibo del agua por culpa de la Xunta. La competencia para llevar agua limpia y retirar la sucia de las casas es municipal y las mentiras tienen las patitas muy cortas. Si la nueva ley del ciclo del agua supone un encarecimiento de recibos lo sabremos pronto, porque está a punto de entrar en vigor. Lo que sí sabemos ya es que se va a intentar reducir la cantidad de agua que se pierde en canalizaciones municipales. Se dice pronto, pero hay ayuntamientos en los que la mitad del agua se escapa en fugas de las tuberías. Los concellos captan agua del embalse y la llevan por tuberías llenas de agujeros. Muy eficiente, sí señor. ¿Cuál es el problema para la oposición? Que con el nuevo sistema los concellos a los que gestionar el agua se les haga grande van a poder delegar en la Xunta y en algunos casos puede ser más caro. Primero, el sistema es voluntario y si los alcaldes ven que las tarifas autonómicas son más altas que las que aplican ellos siempre se pueden quedar con lo que tienen. Todos contentos. La consellería de Infraestructuras podría mirar hacia otro lado, o criticar a las administraciones locales que están despilfarrando agua en un momento en el que los recursos hídricos son cada vez más valiosos, pero no. Decide intervenir y proponer un sistema voluntario que supla carencias. ¿Tienen sentido los reproches de la oposición? Todo es mejorable y las aportaciones si son constructivas no deberían molestar, pero es curioso que el partido que tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de que suframos un 10% de inflación y subidas constantes en el precio de la luz y de los carburantes agite una sospecha de que la Xunta podría subir ligeramente la tasa que pagan los ciudadanos por el agua (si su concello no quiere prestar el servicio y se lo encarga a la administración autonómica). Esto que va entre paréntesis no lo dicen, por algo será.
