El TSJC aparta a un segundo magistrado del juicio por desobediencia contra la Mesa del Parlament

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aparta a un segundo magistrado, Carlos Ramos, del juicio por desobediencia contra la Mesa del Parlament, tras la recusación que presentó uno de los acusados, Josep Costa (Junts), y a la que se adhirieron los tres restantes: el expresidente de la Cámara Roger Torrent (ERC), Adriana Delgado (ERC) y Eusebi Campdepadrós (Junts). En un auto con dos votos particulares, la Sala 77 indica que Ramos califica el escrito de recusación de Costa con «un estilo innecesario» que incluso podría entenderse como «menosprecio». También apunta que en sus informes, el juez adopta una postura «más próxima a la parte procesal» que se «aleja de la imparcialidad de quien debe integrar un tribunal de Justicia». Ramos es el segundo magistrado que el TSJC aparta del juicio contra la Mesa, después de que el pasado 30 de junio aceptase la recusación de Jesús María Barrientos. En su escrito, la Sala puntualiza que el magistrado no muestra «hostilidad ni animosidad» hacia Costa pero sí aprecia «un apasionamiento personal» en sus manifestaciones que, a su juicio, no lo sitúan en posición de garantizar su «desinterés con el objeto del proceso y, por consiguiente, la imparcialidad de su actuación en el tribunal». Aunque el TSJC no pone en duda el «prestigio profesional» de Ramos, igual que no hizo con Barrientos, la Sala 77 indica que las valoraciones de sus informes pueden resultar «explicables en términos humanos» pero sí suscitan «la legitima sospecha de falta de imparcialidad». «Jueces a la carta» Dicha resolución, contra la que no cabe recurso, cuenta con dos votos particulares discrepantes. El de la magistrada Estefanía Pastor, que señala que pese a que Ramos utiliza en su informe «adjetivos un tanto exagerados, propios de la vehemencia en la exposición de sus argumentos, en absoluto son reveladores de una falta de imparcialidad». Noticias Relacionadas estandar No Josep Costa pide la nulidad del juicio a la Mesa del Parlament por desobediencia estandar No El TSJC envía a juicio a Torrent por desobediencia al Constitucional Elena Burés   Por su parte, el magistrado Carlos Preciado indica que los escritos del recusado no contienen ninguna descalificación contra Costa ni anticipan juicio alguno de culpabilidad contra el acusado. Reprocha, además, que la Sala se aparte de su función de «evitar que las partes en el proceso puedan seleccionar jueces a la carta». Desobediencia al Constitucional El juicio se celebrará del 5 al 7 de octubre en la Sala de Vistas del TSJC. Los hechos se remontan a 2019, cuando Torrent y los citados miembros de la Mesa aceptaron tramitar dos resoluciones, presentadas por los grupos independentistas, cuyo contenido suspendió el Tribunal Constitucional (TC). Una a favor de la autodeterminación y otra para reprobar a la Monarquía. A petición del Gobierno, el alto tribunal acordó dejar sin efecto la tramitación de las iniciativas y notificar personalmente a los miembros de la Mesa, así como al entonces secretario general del Parlamento catalán , Xavier Muro, que debían abstenerse de tramitar propuestas que fueran clara y manifiestamente contrarias a la Constitución. Torrent fue advertido hasta en tres ocasiones por el TC. «Se les advierte de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir», apuntaron los magistrados del Constitucional. Torrent y el resto de miembros de la Mesa de los partidos independentistas -no así los representantes del PSC y Cs- hicieron caso omiso de la advertencia. Fue la Fiscalía la que presentó una querella contra los cuatro miembros de la Mesa 'desobediente' y en marzo de 2021 el TSJC se declaró competente para investigarlos. Al mes siguiente, Vox se sumó a la causa como acusación popular. El Ministerio público pide una condena de un año y ocho meses de inhabilitación para Torrent y el resto de acusados, así como una multa de 30.000 euros para cada uno de ellos.