Sara Lozano: Controversias jurídicas y ecológicas
En espera de la resolución del TSJ sobre ampliar permiso para desarrollo residencial en zonas protegidas del Cerro de la Silla
LA PROPIA POLÍTICA
El municipio de Guadalupe – y todo el estado, supongo– están a la expectativa de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León (TSJ) sobre ampliar la mancha urbana en las zonas ya protegidas del Cerro de la Silla. El sentido común asegura que no habrá tal permiso de construcción, pero la realidad ha sorprendido muchas veces gracias a interpretaciones novedosas, segundas reflexiones, pruebas supervinientes o en lo oscurito.
La realidad es que el Derecho es complicado y el sistema de leyes del estado, enredado; además es enredable. De las de sentencias ‘a modo’ se han generado criterios y jurisprudencias producto de la conveniencia y no del ejercicio de la profesión ni de la constitucionalidad, ¡qué decir la ética profesional!
Es competencia apreciada el cultivo de las relaciones públicas en la abogacía, principalmente entre autoridades potenciales o en funciones. Se genera un clan de poder cuyas barreras de entrada son muy altas porque además de conocer las leyes, se debe comprender el sistema y tener los contactos para manipularlo.
Desde siempre ha sido así, lo que diferencia a un sistema judicial de otro es la institucionalidad con la que se manejan las personas en el poder, los hilos del titiritero. Por lo que la ética personal es importante, pero también lo define la ética pública, esa que es socialmente aceptada. ¿Recuerdan cuando en un club deportivo le negaron la acción a un exgobernador por no ser una persona honorable?
Existen bases científicas – teóricas y empíricas – para confirmar lo que ya resulta evidente: entre más sólidas las instituciones, más efectiva es la Justicia. En medio, son más responsables quienes gobiernan y más exigentes quienes son gobernados.
En el sistema judicial mexicano no existen mecanismos ciudadanos institucionalizados para vigilar el desempeño de las autoridades. La sociedad está a expensas de la buena voluntad de quien preside la institución, porque tampoco existe en la ley mandato efectivo para transparentar los resultados judiciales, ni mecanismos de evaluación para el personal en las magistraturas ni en los juzgados. Pero hay antecedentes esperanzadores en la promoción del justicia abierta que promueve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su Red de Justicia Electoral, por ejemplo.
El asunto de Guadalupe adquiere relevancia porque estamos en plena crisis de agua y se resiente más el daño inmediato y de largo plazo que ha provocado el influyentismo político del clan de titiriteros. Hay que recordar la trayectoria del presidente del TSJ: diputado estridente, designación muy cuestionada y apoyada por un grupo político bien identificado.
La esperanza radica en que la decisión no es unipersonal, es colegiada. La intervención ciudadana podría marcar una diferencia si se nutre por trabajo de seguimiento y visibilización que le hagan las personas en medios de comunicación, las empresas responsables y las organizaciones de la sociedad civil.
La ciudad va a seguir creciendo, pero ya no puede consumirse las áreas protegidas. El desarrollo urbano debe ser efectivo y no responder a intereses políticos ni económico. La crisis es una de las consecuencias de esas manipulaciones del quienes conocen, manejan y han obtenido beneficios personales gracias a su conocimiento del Derecho y su influencia en la política.