Presidente de Sri Lanka dice que la nación enfrenta un “grave peligro” y pide la unión del país
El recién designado presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, advirtió este miércoles que la nación enfrenta un “grave peligro” que podría empeorar aún más […]
El recién designado presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, advirtió este miércoles que la nación enfrenta un “grave peligro” que podría empeorar aún más la ya delicada situación de la nación isleña, por lo que pidió la unidad de las fuerzas políticas del país para superar la tormenta.
“Nos enfrentamos a una situación que nuestro país nunca había enfrentado en la historia reciente, estamos en gran peligro. El país podría librarse y protegerse de ese peligro, solo si todos enfrentamos este desafío juntos como un solo pueblo”, dijo Wickremesinghe durante su intervención en la apertura del tercer periodo de sesiones del Parlamento.
Sri Lanka afronta la peor crisis económica de su historia, entrampada en un gran endeudamiento, y sin liquidez para adquirir bienes esenciales como medicamentos, combustible, alimentos, o gas.
Wickremesinghe fue elegido con el voto del Parlamento hace exactamente dos semanas, después de que la desesperación de buena parte de la población por el crónico deterioro de la nación, provocara una revuelta civil que derivó en la renuncia de su predecesor, el expresidente Gotabaya Rajapaksa.
“Me hice cargo de un país sumido en el desastre. Con una grave crisis económica por un lado, oposición pública masiva por el otro. Sin embargo, decidí aceptar este desafío crítico en nombre de mi pueblo, bajo la premisa de que es mi deber encender aunque sea una lámpara para el país en lugar de maldecir la oscuridad”, dijo.
Wickremesinghe señaló la guerra en Ucrania y su impacto en la economía global, y lo efectos de la pandemia del coronavirus, como dos de los factores que exacerbaron la situación Sri Lanka.
A pesar de todo, dijo, la mayoría de los problemas que enfrentan los habitantes de Sri Lanka se están resolviendo gradualmente, incluida la minimización de los cortes de energía, la importación de fertilizantes, y el suministro de gas.
LA PROTESTA
Con apenas dos semanas en el poder, el mandatario enfrenta también las críticas por la actuación de su Administración contra los líderes de las protestas que, el pasado 9 de julio, en su jornada de mayor agitación lograron tomar varias instituciones oficiales, entre ellas el palacio presidencial, obligando a la huida del expresidente.
La residencia privada de Wickremesignhe, que se desempeñaba como primer ministro del Gobierno de Rajapaksa, fue también asaltada e incendia por los manifestantes.
“La lucha pacífica es un derecho fundamental. Acepto esos derechos (…) Protegeré la no violencia y la democracia”, aseguró el mandatario que desde su ascenso al poder declaró un estado de emergencia que endureció las medidas sobre las manifestaciones callejeras.
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) acusó hoy al Gobierno de Sri Lanka de utilizar las medida de excepción “para hostigar y detener arbitrariamente a activistas que buscan reformas políticas y rendición de cuentas por la crisis económica del país”, dijo en un comunicado.
Desde que Wickremesinghe fue investido “la policía y el Ejército han tratado de reducir las protestas mediante la intimidación, la vigilancia y las detenciones arbitrarias de manifestantes, activistas de la sociedad civil, abogados y periodistas”, denunció.
Decenas de personas han sido heridas en las acciones de represión, y varios arrestados por su presunta participación en el incendio de la residencia del ahora presidente, aseguró HRW.
Sin embargo, Wickremesinghe, que en su discurso ha defendido siempre el derecho a la protesta, aseguró que las manifestaciones no violentas de descontento pueden continuar y que no permitirá injusticias, por lo que ha creado un centro de asistencia que recopilará las denuncias de abuso de las fuerzas de seguridad.
“Si le ocurre alguna injusticia a un activista pacífico, esa persona puede llamar a una línea 24 horas y presentar una denuncia. Una comisión encabezada por un juez jubilado examinará las denuncias y tomará las medidas que correspondan”, dijo al Parlamento.
EFE