En los últimos días hemos visto como los impuestos se están utilizando como uno de los argumentos ideológicos de cara a las próximas elecciones autonómicas y locales. Frente a un planteamiento liberal, de autonomías gobernadas por el Partido Popular, con una apuesta a que ciertos impuestos se ajusten a la demanda social y económica, se sitúan los gobiernos, autoproclamados «progresistas», empecinados en mantenerlos , a pesar que el Impuesto de Sucesiones haya sido rechazado por el 72,7 % de los españoles, en una reciente encuesta realizada por el propio Ministerio de Hacienda, declarando que están muy o bastante de acuerdo con la afirmación que debería de desaparecer. En esta línea, la Asociación Contra el Impuesto de Sucesiones en la Comunidad Valenciana que presido, se dirigió al Consell de la Generalitat solicitando una actualización de la normativa fiscal del mismo, para dejar de ser la segunda autonomía donde más se paga por este tributo. La respuesta, no ha sido la invitación a una reunión para poder dialogar, eso que presumen que hacen, pero que no es así: «La Comunidad Valenciana ya prevé instrumentos que minimizan el coste fiscal ». En 1997 se reguló uno de esos instrumentos por el que en las adquisiciones mortis causa de la vivienda habitual del causante, se aplica, con el límite de 150.000 euros para cada sujeto pasivo, una reducción del 95% del valor de dicha vivienda. Habiendo transcurrido casi 25 años, este límite no se ha modificado, y si se hubiese aplicado el índice de inflación del 71,46% calculado por el INE desde entonces, el límite debería de aumentar hasta los 257.190 euros. ¿Tan descabellado es solicitar que pase de 150.000 a 250.000? Ustedes dirán. Otros de esos mecanismos es la bonificación por el grado de parentesco que actualmente es del 75% y 50%, dependiendo de si el heredero directo es menor o mayor de 2 1 años. ¿ Tan descabellado es volver a recuperar los niveles que ya disfrutamos , como ciudadanos de la Comunidad Valenciana, del 2004 al 2009, del 99% y que ahora tienen contribuyentes andaluces o madrileños? Deduzcan ustedes. Y si hablamos del importe por Reducción del grado de parentesco. ¿Por qué no son los 1.000.000 de euros que tienen en Andalucía y nos tenemos que conformar en la Comunidad Valenciana con 100.000 € por descendiente? Instrumentos hay. Pero no son suficientes o están desactualizados. Que otras autonomías teniéndolos también los han modificado. Que los alicantinos, castellonenses y valencianos deseamos ser tratados fiscalmente como otros ciudadanos españoles. Pagando menos claro. Que la llamada armonización sea a la baja . ¿Sabían que la actual Ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, siendo Consejera en Andalucía, fue quien incrementó el importe por reducción por parentesco? Obviamente no fue por iniciativa propia, sino por presión de su socio de gobierno, por aquel entonces, Ciudadanos. Los instrumentos existen, pero hasta que se consiga abolir este Impuesto a la Muerte, dejando de ser éste un hecho imponible para pagar, como lo demanda la mayoría de españoles, los mismos tienen que irse ajustando a la demanda social así como a la evolución económica y fiscal de España u otros territorios autonómicos. Porque se puede hacer. Otra cuestión es que no se quiera o no se sepa. No por ello está en peligro la Sanidad, la Educación o las inversiones. Esos que algunos llaman gasto social. El Impuesto de Sucesiones en la Comunidad Valenciana, cubrió solo el 1,13 % de los gastos de la Generalitat para 2021. Lo que peligran son ciertas prebendas, los privilegios, los asesores, los chiringuitos, las subvenciones, los móviles, viajes, etc. El asunto es saber gestionar los grandes recursos que aportan los ciudadanos con sus impuestos. El incrementar los tributos parece ser sencillo, lo difícil es ajustar el gasto y gestionar bien. El problema son los políticos ladrones de herencias que con su gestión despilfarradora justifican su afán recaudatorio. Así que, en contra de lo que algunos nos quieren hacer creer, los verdaderos malos no son los ricos.
