La Generalitat garantiza para 2023 la recuperación pública de las ITV, tras la privatización por la que Zaplana será juzgado

La recuperación pública de la gestión de las Inspecciones Técnicas de Vehiculos (ITV) no tiene marcha atrás y se ejecutará antes de las próximas elecciones de mayo de 2023. Así lo han garantizado fuentes de la Conselleria de Economía ante la sospecha de que desde las empresas concesionarias traten de dilatar el proceso más allá de los comicios, con la expectativa de que una eventual victoria de la derecha y la extrema derecha pudiera servirles para prorrogar los contratos que vencen el 31 de diciembre del presente año.

Fue el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, quien impulsó la privatización del servicio adjudicando hace 25 años, proceso por el que está acusado de haber cobrado 20 millones de euros en mordidas y por el que será juzgado junto al también expresidente valenciano del PP, José Luis Olivas, en el marco del 'caso Erial'.

El Gobierno valenciano notificó en septiembre del año pasado a las empresas concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que no prorrogará los contratos una vez finalizada su vigencia el 31 de diciembre del presente año.

Para asumir el servicio, se creará una empresa pública que asumirá a los 1.200 trabajadores de las concesionarias, con las mismas condiciones que tenían hasta ahora. Desde Economía esperan constituir la mercantil a principios de noviembre, momento en el que se convocará el primer consejo de administración.

La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) solicitó en su momento una compensación por los casi dos meses de parón que tuvieron durante el confinamiento, cuando el Gobierno decretó temporalmente el cierre de las estaciones y posteriormente aunque se reabrieron, funcionaron a medio gas por las restricciones.

En este sentido, fuentes de la Conselleria de Economía han reconocido que jurídicamente existe una obligación de compensar de alguna forma las pérdidas que hayan podido sufrir las concesionarias, aunque la solución no está exenta de complicaciones puesto que a cada estación base le ha afectó de en diferente medida el confinamiento, en funciónn de su ubicación. Por este motivo, han pedido a Aecova-ITV que en la medida de lo posible hagan una propuesta conjunta.

Las fórmulas de compensación que maneja el departamento que dirige el conseller Rafael Climent y que otorga la legislación son dos: por un lado, alargar el periodo de concesión durante un plazo aproximado de dos meses, por lo que las empresas mantendrían la gestión de las estaciones hasta marzo de 2023; la otra opción sería una aportación económica, aunque para eso, las empresas deberían de acreditar las pérdidas que hayan podido sufrir.

Con todo, fuentes de Economía han informado a elDiario.es que aún no han recibido la propuesta de Aecova-ITV y que una vez la reciban la estudiarán y darán una respuesta. No obstante, han asegurado que en ningún caso aceptarán una prórroga que vaya más allá de las próximas elecciones.

Además, añadieron que si no hay acuerdo será la propia Conselleria la que en virtud de los datos de facturación que maneja hará un cálculo de indemnización que se abonará a las empresas que hayan sufrido pérdidas, de forma que a partir del próximo 1 de enero el servicio ya quedaría en manos de la nueva empresa pública.

Los grupos del Pacte del Botànic en solitario (PSPV, Compromís y Unides Podem) votaron el pasado mes de junio en las Corts Valencianes a favor de la convalidación del decreto-ley que autoriza la creación de la Societat Valenciana d'ITV, la empresa pública que se encargará de la gestión.

Economía estima que los ingresos netos para la Generalitat, descontando los gastos y las inversiones realizadas para la ampliación de la red de estaciones de las ITV, serían de 39,3 millones de euros anuales.

El caso Erial, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana junto a otros y por el que será juzgado, se abrió para investigar el supuesto cobro de 20,6 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana.

“El total del dinero delictivo mediante operaciones de corrupción obtenido por Eduardo Zaplana y su organización criminal asciende a 20.606.364 euros”, sostiene el fiscal Pablo Ponce, que solicita para el expolítico del PP una pena de 19 años de prisión por los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad y prevaricación administrativa. 

La operación de externalización de un servicio que era público en los años 90 del siglo pasado sirvió para que unos pocos años después de las adjudicaciones las concesionarias vendieran los derechos por decenas de millones de euros que son los que, a su vez, se habrían utilizado para pagar las mordidas a la trama internacional que se investiga en el caso Erial. Sedesa vendió su concesión por 86 millones de euros y la repartió entre muchos de los ahora investigados.

La adjudicación de los lotes de las ITV, uno de los epicentros del caso, se llevó a cabo en 1997 y resultaron agraciados varios empresarios que habían llevado a Zaplana de la mano al poder autonómico valenciano, allanando el pacto entre Unió Valenciana y el Partido Popular (el conocido como pacto del pollo) tras las elecciones autonómicas de 1995.