El Gobierno de Ayuso dejará de ingresar 92 millones más por bajadas de impuestos en pleno conflicto por la sanidad pública
El Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado este martes un nuevo proyecto de ley que mermará la recaudación de las arcas públicas en la Comunidad de Madrid en más de 90 millones de euros. Su consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, ha anunciado que enviarán a la Asamblea un plan para la ampliación y creación de seis deducciones fiscales, de las que se beneficiarán alrededor de 700.000 madrileños, según sus cálculos.
"Con esta son ya seis las reducciones de impuestos en el mandato de Isabel Díaz Ayuso", ha presumido Lasquetty, uno de los artífices de las políticas neoliberales de las últimas dos décadas en la región. El de la presidenta, ha considerado, "es sin duda el mayor impulso de bajadas de impuestos en la Comunidad de Madrid", donde llevan "18 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno". "Eso ha generado un ahorro para todos los madrileños de 60.000 millones de euros", que ha cifrado en 23.252 desde que Ayuso es presidenta, lo que ha permitido aumentar los ingresos y "mejorar los servicios públicos". Un teoría que aplican los economistas neoliberales pero que no cuenta con el respaldo de otros expertos.
Estas declaraciones, además, se producen en plena crisis en el Gobierno regional por la reestructuración de las urgencias extrahospitalarias, que ha provocado una huelga de sanitarios, así como dimisiones y ceses en el seno de la propia Consejería de Sanidad. "El mayor reto que en estos momentos tiene el Sistema Nacional de Salud es la falta de profesionales, pero eso no es un tema de la Comunidad de Madrid, es un tema de Estado", dijo el vicepresidente Enrique Ossorio tras la reunión del gabinete madrileña, tratando de soltar una patata caliente y obviando que las competencias en sanidad son autonómicas. La propia presidenta había reconocido el día anterior: "Médico que esté en paro, médico que esta misma tarde contrato".
El proyecto de ley aprobado este martes, y que debe pasar por la Cámara regional, incluye varias deducciones como una de hasta 500 euros por el cuidado de ascendientes mayores de 65 años o dependientes que vivan con el contribuyentes o otra para la contratación de personas para el cuidado de hijos menores, que ya existe, pero que se aplicará también a los mayores y se amplían del 20% con un límite de 200 euros al 25% con un límite de 450 euros y hasta el 40% con un límite de 600 euros para familias numerosas.
En materia educativa, la Comunidad continúa apostando por los centros privados, con un aumento de las deducciones del 10 al 15% para el estudio de idiomas o la deducción de los intereses de los créditos que se soliciten para cursar estudios universitarios.
Además, el Gobierno de Ayuso establece una deducción para los propietarios que pongan en arrendamiento sus viviendas del 10% para gastos derivados del alquiler, como gestiones, adecuamientos, seguros, etc. Por ultimo, el proyecto aumenta los beneficios para quienes compren acciones de empresas creadas en los últimos tres años, que pasan del 30% con un límite de 6.000 euros, al 40% con un límite de 9.000 euros.
Sobre el conflicto abierto con los profesionales sanitarios por la reapertura de las urgencias extrahospitalarias cerradas por la pandemia con el personal de los 41 servicios de atención rural, Ossorio ha acusado a la izquierda que "lleva décadas intentando intoxicar a la población con el falso mensaje de que la derecha quiere acabar con la sanidad pública". "Los presupuestos [en Sanidad] no paran de crecer, casi un 11% más que en 2022", dijo el vicepresidente. Un porcentaje que es cierto sobre el papel pero que, sobre el gasto real, suponen para 2023 unos 600 millones de euros menos que lo empleado en sanidad en la Comunidad de Madrid este ejercicio.
La solución del Ejecutivo regional para contener el caos de su reestructuración, la Consejería de Sanidad anunció este lunes que 34 de los 80 centros sanitarios de 24 horas que prometió abrir con equipos completos medicina, enfermería y celadores, lo harían sin médico y con un sistema de videoconsulta. "Es un plan transitorio, en tanto en cuanto persista la situación actual, pero nos tenemos que hacer a la idea de que las videoconsultas cada vez van a estar más presentes en la sanidad madrileña, española y de todo el mundo", afirmó Ossorio.