Almeida adjudicó un contrato de tres millones a la empresa donde trabaja el hermano de su concejal de Movilidad
El contrato para redactar el proyecto de una de las obras estrella del mandato de Almeida, el soterramiento de la carretera de Extremadura (A-5), fue otorgado por el Ayuntamiento de Madrid a una empresa en la que trabaja el hermano de su delegado de Movilidad, Borja Carabante. La ingeniería Subterra, beneficiaria de la adjudicación por algo más de tres millones de euros junto a la empresa Esteyco, es el lugar de trabajo de Rafael Carabante desde hace más de diez años y donde dirige uno de sus departamentos.
Documentos de la licitación a los que ha tenido acceso Somos Madrid desvelan que el edil participó directamente en los trámites de este concurso. Fue él quien aceptó la propuesta de la mesa de adjudicación para este contrato en mitad del verano, el lunes 17 de agosto de 2020. En ella se proponía encargar la redacción del proyecto de ejecución del Paseo Verde del Suroeste (soterramiento de la A-5) a la oferta de Esteyco-Subterra por ser la que mayor puntuación había obtenido en la mesa de contratación, presidida por una responsable designada por el propio Carabante. El resultado de la licitación la consideraba "la mejor oferta en cuanto a relación calidad-precio según la ponderación de los criterios de adjudicación", explica el acuerdo de aceptación, firmado digitalmente a las 9.45 horas de la citada jornada.
El martes 18 de agosto, a las 10.29, el delegado de Movilidad anulaba la adjudicación sin argumentar ninguna razón para hacerlo. Los motivos por los que renunciaba a entregar un contrato que había puesto en marcha él mismo a principios de año no se explicaron hasta una semana más tarde, el lunes 24 de agosto. Ese día el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, decretaba que aceptaba una solicitud de abstención de Borja Carabante en la adjudicación del contrato y ordenaba a su portavoz, Inmaculada Sanz, que lo sustituyera.
El decreto del alcalde no se publicó en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM) ni tampoco en el Portal de Contratación donde figuran los documentos más importantes de la licitación. Solo es accesible parcialmente en la lista de decretos y resoluciones que trimestralmente se cuelgan en el Portal de Transparencia, y en ella no se indican las razones que llevaron a ordenar el relevo. Es habitual que estas suplencias en los procesos de contratación municipales se publiquen en el BOAM, pero el Ayuntamiento de Madrid asegura -en declaraciones a este periódico- que no lo hizo porque la ley de contratos públicos no lo exige.
El motivo de la abstención que se recoge en el decreto de Almeida y que el consistorio ha mantenido oculta hasta esta publicación son los vínculos familiares existentes entre el delegado y la empresa adjudicataria. Según fuentes del área de Movilidad, Borja Carabante la solicitó el mismo 17 de agosto, después de haber firmado la aceptación de la propuesta y un día antes de anular su decisión.
Como indica en su decreto el alcalde de Madrid, el delegado de Movilidad se abstuvo para cumplir La Ley 40/2015 sobre el Régimen Jurídico del Sector Público, que indica que las autoridades en su posición "se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato".
En concreto, al adjudicar la obra a la empresa de su hermano podría haber quebrado el apartado 2.b del artículo 23.1 de la citada norma que considera como motivo de abstención “tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato”.
La renuncia del edil a participar en el tramo final de la adjudicación no alteró el resultado ni la concesión del contrato de tres millones de euros a la UTE de la que formaba parte la empresa donde trabaja su hermano.
La segunda aceptación de la propuesta de adjudicación se firmó esa misma semana, el jueves 27 de agosto. Lo hizo Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y portavoz del gobierno de Almeida. Los términos del acuerdo fueron los mismos que los que había validado Borja Carabante diez días antes y no se produjo ninguna modificación de los pasos previos del concurso ni tampoco los términos de la adjudicación. Solo se sustituyó la firma del delegado de Movilidad por la de la portavoz.
La adjudicación final del proyecto para el soterramiento de la A-5 se publicó en el Portal de Contratación el 13 de octubre, de nuevo con la firma de Inmaculada Sanz. Sin conocer todos los detalles previos desvelados hoy por Somos Madrid, era una rúbrica que llamaba la atención: ¿por qué la portavoz municipal firmaba la adjudicación para proyectar la obra más cara de toda la legislatura y no lo hacía Borja Carabante, el delegado de Movilidad que inició la licitación? La exclusiva que hoy publica este diario revela los motivos.
El mismo 13 de octubre el Ayuntamiento de Madrid comunicó a la unión de empresas Esteyco-Subterra que habían ganado el concurso para redactar el proyecto de soterramiento por 3.077.246,29 euros (IVA Incluido), una de las ofertas más baratas. El contrato se firmó finalmente el 12 de noviembre de 2020, fecha en la que empezaron a contar los 9 meses de plazo para ejecutar los trabajos.
El motivo que alegó Borja Carabante en esos trámites que el Ayuntamiento mantuvo en secreto para abstenerse en la segunda adjudicación, después de haber anulado la primera, es que su hermano Rafael Carabante Muntada trabaja en una de las empresas adjudicatarias, Subterra Ingeniería. Forma parte de su plantilla desde 2012 y actualmente ostenta el cargo de Jefe de Delineación, a la cabeza de uno de los ocho departamentos de la compañía, según consta en el organigrama publicado por la propia empresa en su página web.
El currículum de Rafael Carabante está plagado de proyectos de construcción de túneles, en los que ha ejercido como proyectista en numerosos tramos subterráneos de carreteras o ferrocarril desde finales de los noventa, según la información disponible en la página de Subterra. También ha participado como asesor en la construcción de túneles en diferentes lugares. Su perfil público de Linkedin también destaca la relación laboral con esta ingeniería.
A preguntas de Somos Madrid, una portavoz del área de Movilidad ha confirmado que Rafael Carabante trabaja en dicha empresa, pero alega que Borja Carabante "no participa en ninguna mesa de contratación del Ayuntamiento de Madrid" y que el 17 de agosto el delegado redactó la carta de abstención dirigida al alcalde, aunque se remitió oficialmente el día 18. El Gobierno de Almeida no explica cuándo supo el delegado que la empresa de su hermano optaba al concurso.
Expertos en contratación municipal consultados por Somos Madrid explican que, para haberse mantenido fuera del procedimiento, el delegado Carabante debería haberse abstenido desde el mismo día en que la empresa de su hermano hubiese presentado oferta, ya que en el momento de la apertura de la oferta técnica, que tuvo lugar el 16 de junio de 2020, el departamento de Movilidad conocía la participación de Subterra en el concurso. Ese mismo día la presidenta de la mesa de contratación, Lola Ortiz, podía haber comunicado la existencia de esta oferta.
Borja Carabante es uno de los concejales del Ayuntamiento de Madrid en quien tiene más confianza el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. El edil del PP cuenta con puesto asegurado en las listas de su partido para las próximas elecciones municipales en Madrid y mantiene una estrecha relación personal con su jefe en Cibeles, con quien comparte carreras matutinas (entrenaron juntos para disputar la última San Silvestre) o vacaciones (han peregrinado juntos en varias ocasiones por el Camino de Santiago). El alcalde acaba de nombrarle portavoz de su campaña electoral para intentar conseguir la reelección en mayo.
A principios de legislatura, Almeida encargó a su concejal de Movilidad una de las obras más difíciles de la legislatura y de lejos la más costosa: soterrar la A-5 en su entrada a Madrid. La carretera de Extremadura es la última herida abierta por una autovía urbana que le queda a la capital y durante la campaña electoral de 2019 el ahora alcalde había prometido llevarla bajo tierra, en oposición al proyecto de vía urbana del equipo de Manuela Carmena, que comenzó con la instalación de semáforos.
Pero las obras de soterramiento se han ido retrasando y actualmente están en el aire, a la espera de que se resuelva el convenio para relanzar la Operación Campamento, otra operación urbanística que tendrá que firmar el Gobierno central con el Ayuntamiento de Madrid en los próximos meses. Aunque el alcalde asegura que el proyecto para llevar a cabo la construcción del túnel está acabado, su contenido sigue siendo una incógnita: el consistorio aún no lo ha enseñado en ningún acto público. Solo mostró dos diapositivas en una comparecencia de Borja Carabante para explicar sus líneas generales, en un acto en la Junta de Latina celebrado hace un año que acabó con más preguntas que respuestas. Unos meses después Almeida lo declaró "inviable".
Este domingo los vecinos de los barrios de Latina que rodean la carretera de Extremadura se han manifestado cortando la autovía en su tramo urbano bajo el lema ¡Soluciones ya!, convocados por las asociaciones vecinales. La convocatoria buscaba presionar a los partidos y que se aceleren los plazos para el fin de la última autovía urbana de Madrid.