La reforma penal que pretendía dar carpetazo al procés: del ruido político a la incógnita de su efecto judicial
Año y medio después de aprobar los indultos a los condenados por el 1-O para “abrir un nuevo tiempo de diálogo”, el Gobierno apostó por seguir el camino de la desinflamación judicial del procés con una “arriesgada” reforma de los delitos de sedición y malversación. El Ejecutivo asumió el coste político de este cambio en el Código Penal con la premisa de dar carpetazo al contencioso catalán y evitar un repunte de la crispación en Catalunya ante la perspectiva de nuevas decisiones contundentes en los tribunales.
Para Esquerra, con quien se negoció esa reforma, era un cambio esencial. Sobre todo, para limitar la respuesta penal para decenas de altos cargos y funcionarios que siguen a la espera de juicio. Es lo que se conoce como la “segunda fila” del Govern, muy relevante para los republicanos catalanes al afectar a algunos de sus cuadros. Entre ellos, dos estrechos colaboradores de Oriol Junqueras: Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. Ambos están imputados por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos.
La sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados tenía como principal objetivo propiciar el regreso de Carles Puigdemont y el resto de dirigentes huidos con la perspectiva de condenas más bajas, así como limitar las penas de inhabilitación de Junqueras y el resto de condenados que salieron de la cárcel tras ser indultados. La reforma de la malversación se fraguó después y fue pensada especialmente para esa “segunda fila” de dirigentes que están a la espera de juicio cinco años después. Ambos cambios quedaron aprobados de forma exprés a finales de año.
Aún quedan unos días para saber el efecto real que la derogación de la sedición y la reforma de la malversación tendrán sobre huidos, condenados e imputados. La última palabra la tendrá la Sala de lo Penal del Supremo. Pero la interpretación que han hecho hasta el momento tanto el instructor del procés en ese tribunal, Pablo Llarena, como la Fiscalía neutraliza buena parte de estos objetivos. Sólo la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, respalda a grandes rasgos la tesis del Gobierno.
Pese a ello, el planteamiento en la Moncloa es que, pase lo que pase, el Gobierno ya ha hecho lo que tenía que hacer en Catalunya. “Nos encontramos con un problema muy grave que era heredado y que decidimos afrontar, aunque eso conllevara asumir riesgos”, explican en el equipo del presidente en referencia al desgaste político derivado de esta reforma. “La gente espera que los gobiernos resuelvan problemas, así que confiamos en que la normalización política y social de Catalunya se convierta incluso en un activo electoral para nosotros”, confían.
Tras el auto en el que Llarena rechazó que los incidentes que tuvieron lugar en torno al 1-O se puedan encuadrar en los ‘nuevos’ desórdenes públicos agravados, el Gobierno confirmó esta semana que la tesis de la Fiscalía es que la reforma de la malversación no supone un beneficio para los independentistas implicados en el procés. Así lo dejó plasmado su máximo representante, Álvaro García Ortiz, en un decreto de obligado cumplimiento para todos los fiscales.
La reforma del delito de malversación recuperó la redacción previa a 2015 al poner el foco en la existencia o no de ánimo de lucro. La voluntad del Ejecutivo y de ERC era establecer una diferencia entre robar dinero público y despilfarrarlo en cuestiones ajenas a la función pública, lo que implica penas menores. Y, de esta manera, adaptar una respuesta penal que consideran desproporcionada ante los hechos del otoño de 2017.
Pero la interpretación de la Fiscalía es que el ánimo de lucro va más allá del enriquecimiento personal. Esta aplicación extensiva de la malversación ha permitido, por ejemplo, que los fiscales pidieran aplicar el tipo agravado tanto a los dirigentes del procés ya condenados (y parcialmente indultados) como a los que están huidos fuera de España. El dinero público no acabó en sus bolsillos, pero el Ministerio Público entiende que los hechos probados en la sentencia sí acreditan que se apropiaron de esos fondos y los desviaron para crear “la infraestructura y medios necesarios para la celebración de un referéndum ilegal”. Esta modalidad dura de la malversación prevé penas de ocho a 12 años de cárcel y de 10 a 20 de inhabilitación.
Los fiscales del Supremo también rechazaron que el desvío de fondos para el 1-O encaje en el tipo atenuado que el Gobierno pactó con ERC pensando en el procés y que reduce el castigo si se hace un “uso público” de ese dinero diferente al previsto: hasta un máximo de cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación. Su argumento es que se utilizó para “cometer un delito”, con lo que “no puede entenderse como un destino a fines públicos”. La Abogacía del Estado difiere de estas tesis y cree que la malversación del procés sí encaja en esta modalidad atenuada. Entiende que es “evidente” que en el ámbito público puede haber actuaciones contrarias a la ley e incluso delictivas y que eso “no es óbice para considerar estas actuaciones como públicas”.
Con esta argumentación, la Fiscalía pidió que se mantuviera íntegra la pena de inhabilitación para Junqueras y los exconsellers que fueron condenados por sedición y malversación. Esta interpretación marcará la senda de lo que haga el Ministerio Público en la causa abierta contra Jové y Salvadó en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y contra el resto de altos cargos que esperan juicio en la Audiencia de Barcelona al no ser aforados. En el primer caso, la Fiscalía presentará su escrito de acusación la semana que viene. La Abogacía del Estado sí pidió reducir casi a la mitad las penas de todos los condenados.
En ERC insisten en reivindicar las bondades de la reforma, pese a los nulos efectos que, para la Fiscalía, tendrá para los cargos que esperan juicio. En la presentación de los escritos por los que Oriol Junqueras y el resto de políticos de ERC condenados por el Supremo pidieron la absolución, la vicesecretaria general de lucha antirrepresiva de los republicanos, Marta Vilaret, afeó que el juez Llarena y la Fiscalía "obvien" la modificación del Código Penal.
La interpretación contraria a los intereses de ERC de la reforma de la malversación supone, a juicio de Vilaret, un "golpe de estado de la alta judicatura". Lejos de admitir que la reforma no ha tenido el efecto deseado, Vilaret se agarró a la distinta valoración entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado sobre el tipo de malversación aplicable al procés para considerar que los independentistas "han tocado la tecla correcta".
Ante la hipótesis de que ese desgaste asumido por una reforma del Código Penal a medida de los independentistas pueda no acabar teniendo los efectos esperados, el Gobierno ya empieza a marcar distancias y a señalar a los republicanos. Explican desde el Ejecutivo que la redacción final de esa reforma cubre todas las aspiraciones planteadas por ERC a lo largo de la negociación con el PSOE y que, básicamente, se resumen en dos ámbitos: despejar una hipotética vuelta de Junqueras a la política activa y aliviar la situación penal a las decenas de cargos intermedios independentistas que aún estaban a la espera de resolución judicial. Los socialistas admiten haber aceptado esos planteamientos de ERC, por lo que ahora, opinan, no hay cabida a los reproches.
Aunque las cosas no acaben saliendo como esperaban, no prevén de momento en la Moncloa que los republicanos den ahora un golpe de timón a su estrategia de moderación y diálogo alejada de los postulados maximalistas de Junts, más allá de verbalizar algún tipo de distanciamiento con el Gobierno que tenga más de escenificación que de carga política. “Si no les sale bien pueden volver a victimizarse, pero no a radicalizarse”, opinan en el PSOE, donde dan por descartado una vuelta a los postulados rupturistas de 2017.
Sobre si la abstención de ERC esta semana al decreto anticrisis votado en el Congreso puede interpretarse o no como una primera señal de un cambio de actitud en los republicanos, los socialistas restan trascendencia: “Han votado en contra de mil leyes y ahora, además, estamos en precampaña”, apuntan.
En Ferraz hay quien opina que una lectura del nuevo Código Penal por parte de la Justicia contraria a lo previsto puede incluso facilitar el relato político de los socialistas. “Sería la constatación de que esto no beneficia a nadie en concreto y reforzaría el enfoque de que solo se trataba de homologar nuestra legislación a las de nuestro entorno”, apuntan. Esta misma semana, en su intervención en el Congreso, Pedro Sánchez mencionó a países como Francia, Alemania, Italia o Bélgica como ejemplos de los lugares en los que ahora podría resultar factible la extradición del expresident Puigdemont gracias a la derogación del delito de sedición.