La crisis se agrava en Perú mientras el Congreso sigue sin definir las elecciones
El adelantamiento de los comicios es clave para poner fin a las protestas contra el actual gobierno, en las que ya murieron 60 personas, más allá del duro impacto para la economía peruana
El Congreso de Perú ha sido incapaz de fijar una fecha para las elecciones anticipadas, profundizando la parálisis política en el segundo mayor productor mundial de cobre, mientras las protestas generalizadas contra el Gobierno entran en su tercer mes.
La incapacidad del Congreso para aprobar leyes antes de su clausura haría improbable la celebración de elecciones este año, según los analistas. El Congreso está reunido hasta el 17 de febrero, tras ser prorrogado a última hora del viernes, y podría acordar programar las elecciones este año, pero el consenso parece lejano. Los legisladores del partido Perú Libre, del depuesto presidente izquierdista Pedro Castillo, se han negado a apoyar cualquier cambio que no abra la puerta a la redacción de una nueva Constitución.
Las elecciones están previstas para 2026, pero la presidenta Dina Boluarte ha instado al Congreso a adelantarlas y el primer ministro Alberto Otárola declaró a principios de mes que los comicios eran la única forma de restablecer "la paz y la calma que el país necesita".
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Los disturbios se desencadenaron tras la destitución y posterior detención de Castillo el 7 de diciembre, después de que éste intentara cerrar el Congreso y gobernar por decreto antes de una votación de destitución. Boluarte, que era su vicepresidenta, asumió el cargo para sustituirlo horas después.
Castillo, que se encuentra detenido a la espera de juicio acusado de "rebelión", mantiene un fuerte apoyo en las zonas rurales más pobres de Perú, donde muchos se sintieron relegados a medida que la riqueza generada por la minería se concentró en las ciudades, tras el retorno del país a la democracia en 2000.
Los manifestantes que piden nuevas elecciones y la renuncia de Boluarte han bloqueado rutas, atacado infraestructura minera e invadido aeropuertos. Se ha decretado el estado de emergencia en varias zonas del país, incluidas las provincias del sur, ricas en cobre, donde se han concentrado las protestas. Decenas de personas han muerto en la crisis y, según los informes, la policía ha disparado con munición real.
El 71% de los peruanos apoya el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte, lo que provocaría nuevas elecciones, según una encuesta publicada por Datum el viernes. Sólo el 26% quiere que la presidenta permanezca en el cargo.
La semana pasada, el Congreso rechazó varios proyectos de ley que preveían la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias en octubre de este año, y la toma de posesión del nuevo presidente en diciembre.
Los legisladores del partido de Castillo llevan mucho tiempo intentando modificar la Constitución del país, promulgada en 1993 durante el gobierno autoritario de Alberto Fujimori.
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Otros legisladores han sido acusados por manifestantes y analistas de actuar únicamente para salvar sus escaños.
"Es evidente que los congresistas electos no tienen suficientes incentivos para dejar sus cargos", dijo Denisse Rodríguez-Olivari, investigadora de la Escuela de Gobernanza Transnacional del Instituto Universitario Europeo de Florencia. Algunos legisladores esperaban que las protestas perdieran fuerza a medida que continúan las deliberaciones, añadió.
En teoría, el Congreso aún podría aprobar las elecciones este año, pero los desafíos son formidables, según los analistas. Se necesitaría una mayoría de 87 votos (de 130 miembros) en la sesión para avanzar en cualquier legislación. Alternativamente, cualquier propuesta con una mayoría de 66 votos a favor podría someterse a referéndum. Sin embargo, la fractura del Congreso peruano, que cuenta con 13 bloques de voto indisciplinados, hace que ambas posibilidades sean poco probables.
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"Lo más difícil es conseguir que el Congreso cambie de opinión, y sin eso, las elecciones de este año son imposibles", dijo Rodolfo Rojas, socio de Sequoia, una consultora con sede en Lima. "A menos, claro, que Boluarte renuncie".
Según la Constitución, si el presidente y luego el vicepresidente son destituidos o renuncian, el presidente del Congreso los reemplaza y debe convocar inmediatamente a elecciones.
La crisis actual viene de lejos: Perú ha tenido seis presidentes en cinco años. Pero se agravó en diciembre, cuando Castillo decidió cerrar el Congreso. Boluarte no ha conseguido unir al país y se ha convertido en el blanco de la ira de los manifestantes.
Si los disturbios continúan, las consecuencias para la economía peruana, que duplicó su tamaño entre 2001 y 2014, podrían ser nefastas, advierten los analistas. El FMI pronosticó el jueves una ralentización del crecimiento para 2023 y dijo que las perspectivas para Perú eran inciertas.
Varias minas se han visto obligadas a suspender temporalmente o reducir sus operaciones debido a los cortes de rutas y los ataques de los manifestantes, poniendo en riesgo casi un tercio de la producción de cobre de Perú, aproximadamente 2,4 millones de toneladas al año, o alrededor del 11% del total mundial extraído.
Las exportaciones agrícolas también se han visto afectadas, y la asociación de agricultores del país calcula que se han perdido u$s 300 millones en los dos primeros meses de manifestaciones.
La semana pasada, Moody's cambió de estable a negativa la perspectiva de la deuda soberana de Perú. Confirmó la calificación del país con grado de inversión, pero advirtió que la creciente inestabilidad amenazaba con "un deterioro de la cohesión institucional, la gobernabilidad, la eficacia de las políticas y la fortaleza económica a través de los sucesivos gobiernos".
El crucial sector turístico peruano también se ha visto afectado por las advertencias internacionales sobre viajes y los ataques de manifestantes a la infraestructura. La ciudadela inca de Machu Picchu, que en 2021 recibió 450.000 visitantes, se vio obligada a cerrar, mientras que los hoteles de la cercana ciudad de Cusco se han enfrentado a cancelaciones masivas. Los restaurantes que suelen estar repletos de comensales internacionales están cerrados.
"Todo el mundo que viene a Perú va a Machu Picchu", dijo Marisol Mosquera, que dirige Aracari, una empresa de viajes de lujo. "Las reservas han desaparecido".
Al igual que otras empresas turísticas, Aracari apenas se estaba recuperando del brote de Covid-19 cuando comenzó la agitación política. La pandemia obligó a la empresa a reducir su personal de 27 a 12 empleados. Ahora puede enfrentarse a nuevos recortes. "Esperamos que las cosas se calmen pronto", afirma Mosquera.