El plan de ERC para el referéndum se inspira en la propuesta de Mas

Inspirado en la experiencia de Canadá, «2023 tiene que ser el año de dar forma a la propuesta catalana del acuerdo de claridad». Así se expresaba el 'president' Pere Aragonès en su último discurso de Navidad, en lo que entonces se leyó como una nueva patada hacia adelante en la dinámica procesista. Enterrada, al menos formalmente, la vía unilateral , ERC abrazaba el modelo canadiense, lo que en parte no dejaba de ser una enmienda a la vía emprendida por el independentismo en 2017. El nuevo objetivo, lograr arrancar del Estado el pacto para la celebración de una consulta de autodeterminación . Lo que hace unos meses se interpretó como el enésimo truco de ERC para seguir dando vueltas a un objetivo imposible, tras las elecciones de julio, y la disposición de Pedro Sánchez a dar satisfacción al independentismo para lograr la investidura, se puede leer casi como una nueva «hoja de ruta». En este sentido, hoy se ha conocido la propuesta que ha trasladado a Aragonès el grupo de nueve expertos que componen el Consejo Académico para el Acuerdo de Claridad, con una propuesta basada precisamente en el dictamen de 1998 del Tribunal Supremo de Canadá sobre la secesión de la región francófona del Quebec, que, recuerda el grupo de académicos, a la vez que rechaza la existencia de un «derecho unilateral a la secesión» plantea que si Quebec expresa de manera clara la voluntad democrática de separarse, ello comportaría una «obligación de negociación» por parte del resto de Canadá. «Si bien la jurisprudencia constitucional canadiense se enmarca en su propio contexto institucional , su enfoque permite explorar una nueva aproximación al conflicto en Cataluña y España, y como consecuencia, potencialmente nuevas vías de acuerdo», apuntan. La propuesta trasladada al Govern, y que ahora el Ejecutivo autonómico usará como elemento de presión política, plantea en este sentido cinco modalidades de referéndum concretas, no incompatibles, distinguiendo entre «referéndum o consultas de inicio» o «referéndums de finalización o ratificación», así como precisando el ámbito de consulta, subestatal o estatal. Los autores, en este sentido, asumen que la « viabilidad legal» de un referéndum de inicio es el que genera «mayor controversia jurídica dentro del marco legal español», en tanto que los referendos consultivos sobre cuestiones de relevancia política, como obviamente sería el caso, están previstos por el artículo 92 de la Constitución. Pese a ello, los expertos señalan que los referéndums de inicio, en el marco de una «negociación política», no deberían descartarse y no son incompatibles con la Constitución. Ni la única solución posible. La primera alternativa que plantean es una consulta en Cataluña sobre la conveniencia de que el Parlament inicie un proceso de reforma constitucional. La segunda es un referéndum de «ratificación» de modo que los catalanes voten un acuerdo previamente alcanzado sobre la independencia o una reforma del Estatuto. La tercera propuesta consiste un una consulta «de inicio en todo el Estado», es decir, que se someta a votación en el conjunto de España la pregunta sobre si se autoriza al Gobierno para realizar una consulta en Cataluña sobre la independencia. La cuarta, también de ámbito estatal, sobre « ratificación » de los términos de la desconexión, y por último, la quinta sería un doble referéndum, en Cataluña y en el conjunto del Estado. Los expertos puntualizan que la tercera y la quinta fórmula no son habituales y generarían un posible »choque de voluntades«. Consultados ayer, los expertos no se pronuncian sobre si sería necesaria una reforma de la Constitución, apuntando igualmente que la doctrina del TC contraria hasta ahora no tiene por qué ser inmutable. Planteado en estos términos, la cuestión que explora ahora el Consejo Académico nos traslada de manera inevitable a lo que en 2014 ya puso sobre la mesa el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, el argumentario con el que el entonces Gobierno de Artur Mas aseguraba la viabilidad del Estado catalán y justificaba los pasos que se darían en adelante. Entonces, y bajo la tutela del exvicepresidente del TC Carles Viver Pi-Sunyer, también se aludía a la « voluntad política por parte del Estado » para justificar la convocatoria de consultas sobre »decisiones políticas de especial trascendencia« (las contempladas por el artículo 92), en una facultad que podría transferirse puntualmente a una comunidad autónoma (artículo 150.2). El Libro Blanco, no obstante, ya asumía que esa era una »vía sin recorrido», señalando entonces que el único camino posible era la ley catalana de Consultas No Refrendarias, una ley que un año después el TC tumbaría de manera unánime. Noticia Relacionada estandar Si La puja independentista entre ERC y Junts sube el precio de la investidura Daniel Tercero El objetivo de los secesionistas siempre es la Generalitat y el Congreso, solo un escenario más de la 'batalla' A diferencia de lo que ya se dibujaba en 2014, una alfombra hacia el escenario de la unilateralidad, el dictamen de los expertos de Aragonès no va más allá, si bien sí señala que si una de las partes rechaza adoptar el acuerdo de claridad, «esto podría desencadenar que la otra parte actúe de manera unilateral ». Lo que sí está claro es que la posición del Govern no ha variado, han subrayado fuentes del Ejecutivo catalán, que sostienen que la exigencia sigue siendo que los catalanes se pronuncien de manera clara sobre la independencia. Sobre la base del informe, el Govern catalán, que el lunes se reunirá de manera extraordinaria, hará su propia propuesta. Sea como fuere, la propia designación del Consejo Académico para el Acuerdo de Claridad no puede considerarse neutral. Aragonès se basó en el mismo laboratorio de ideas con base en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) que se inventó el eufemismo del 'derecho a decidir' –escondiendo así el 'derecho a la autodeterminación' en el que no cabe Cataluña–.   Noticia Relacionada estandar Si ERC exige la amnistía, «votar» y poner fin al déficit fiscal de Cataluña solo para la investidura Juan Casillas Bayo El portavoz republicano en el Congreso, tras reunirse con Pedro Sánchez, entierra la posibilidad de un acuerdo para toda la legislatura Estos movimientos se producen en paralelo al proceso de negociación de la investidura de Pedro Sánchez, que hoy entró en una nueva fase tras la llamada entre el presidente en funciones y el líder de ERC, Oriol Junqueras, y la reunión del primero con el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián. Tras el encuentro, Rufián señaló que había trasladado a Sánchez tres «carpetas » con condiciones, según él, «exigentes pero razonables». Los republicanos, eso sí, dejaron claro que, a diferencia de lo que plantea el PNV y aspira el presidente en funciones, no están por la labor de cerrar ya un acuerdo de legislatura que garantice cuatro años de estabilidad al Ejecutivo, informa Juan Casillas. Las tres carpetas son las conocidas: amnistía, «votar» (referéndum/consulta) y «mejorar el día a día de la gente» (financiación, Cercanías...). Como matiz relevante, el dirigente republicano fue incapaz de marcar como condición 'sine qua non' el compromiso de celebrar un referéndum de autodeterminación, como reclamaron tanto ERC como Junts en el Parlament. Para el PSOE, al menos de momento, una consulta independentista es una línea roja y entre los de Puigdemont y Junqueras son plenamente conscientes de ello. «Entendemos que puede haber otras soluciones, estamos esperando durante años esas soluciones y no llegan. La nuestra es votar», afirmó Rufián.