Los barones autonómicos tendrán que posicionarse sobre la amnistía
El PP, con mayoría en el Senado, busca evidenciar la posición territorial sobre la medida de gracia
La Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado ha acordado citar el próximo jueves 19 de octubre a los presidentes autonómicos para que se posicionen sobre una eventual amnistía que el independentismo exige para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. La Comisión se celebrará a las 11 de la mañana, según fuentes del PP en el Senado, fecha que fue acordada ayer tan solo un día después de que la presidenta de esta comisión, la popular Luisa Fernanda Rudi, convocara a la Mesa y a los portavoces de este órgano de forma telemática.Bajo el epígrafe de que los presidentes autonómicos comparecerán «para debatir sobre la aplicación efectiva de los principios de igualdad ante la ley de todos los españoles, y de solidaridad entre las comunidades autónomas», los populares, con mayoría absoluta en el Senado, buscan evidenciar la posición territorial sobre la amnistía.
Aunque el Gobierno de Navarra ya advirtió hoy de que «no participará en estrategias políticas de desgaste» y la portavoz del Ejecutivo navarro, Amparo López –preguntada por si la socialista María Chivite acudirá– sostuvo que «habrá que ver la agenda de trabajo». Y es que la comisión da potestad de usar la palabra a todos los presidentes autonómicos, aunque estos pueden optar por no acudir.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, justificó la convocatoria de esta comisión, que sirve para debatir los asuntos con dimensión territorial, con el argumento de que no solo hay que escuchar al candidato a la presidencia del Gobierno sino también a los presidentes autonómicos. Además, el portavoz del PP en la Comisión, Antonio Silván, aseguró que el Gobierno y los ejecutivos autonómicos «tienen la obligación política, social y con los distintos territorios» de trasladar sus planteamientos. «Tienen que explicar lo que están trabajando en los despachos y nunca mejor que en sede parlamentaria», señala a este diario, recordando que la amnistía no admite grises en el marco de la Constitución, forzando un posicionamiento sobre la cuestión de todos los citados: «Es sí o no».
Por el momento se mantiene la incógnita de qué dirigentes acudirán a esta cita, ya que ni el Gobierno central ni los presidentes autonómicos tienen la obligación de asistir. El Reglamento del Senado especifica que en esta comisión no existe la obligación de que acuda el Gobierno central ni los representantes autonómicos, aunque sí suele ser lo habitual. Este Reglamento tampoco precisa que tenga que ser el presidente del Gobierno o el jefe del Ejecutivo regional, sino que cada administración, en el caso de que finalmente acudan, puede decidir qué representante enviar. Con todo esto, los presidentes autonómicos del PP previsiblemente acudirán todos a esta cita sobre la amnistía en el Senado mientras que los barones socialistas, Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), María Chivite (Navarra) y Adrián Barbón (Asturias), se opondrán, previsiblemente. De hecho, el propio Barbón anunció hoy por redes sociales que no acudirá a Madrid a la sesión el Senado.
En el caso del líder socialista en Castilla-La Mancha, se ha mostrado muy crítico ante esta posible ley de amnistía en la negociación entre los partidos independentistas y Sánchez, aunque falta por ver si acudirá, delega en algún consejero o declina participar.
Por su parte, su homóloga en Navarra, María Chivite, estudiará esta fecha elegida por el Senado para ver qué agenda pública tiene, aunque el Gobierno foral ha adelantado que rechazará formar parte de «estrategias políticas».
La postura del PSOE ante esta convocatoria la ha verbalizado su portavoz en el Senado, Eva Granados, acusando al PP de convertir a su líder, Alberto Núñez Feijóo, en «presidente de facto» de la Cámara Alta, advirtiendo que «no conseguirá» convertir esta institución para «conflicto y división». En cualquier caso, el Senado tiene que hacer llegar lo más pronto posible la invitación oficial a las autonomías, al igual que al Gobierno central, que luego tienen que confirmar si deciden acudir y qué representación tendrán.
Además de fijar la fecha, la Mesa de la Comisión ha fijado que el Gobierno –en el caso de que quiera acudir– será el primero en tomar la palabra sin límite de tiempo.
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