Mil inspecciones a residencias antes de los 'exámenes' anuales de la nueva ley

Las residencias de mayores de la Comunidad pasaron el año pasado un total de 1.085 inspecciones por parte de la Junta de Castilla y León . Controles rutinarios y aleatorios o informes de seguimiento tras algún incidente o voz de alarma a los que este año se sumarán las evaluaciones anuales de calidad que prevé la nueva ley que guiará la gestión de los geriátricos –públicos y privados–. Por ahora, el mecanismo de vigilancia fundamental en estos centros es un plan que se diseña cada ejercicio para este tipo de visitas de los técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Unas revisiones que, salvo que tengan un motivo o incidente concreto, se hacen sin previo aviso y al azar entre los 1.144 geriátricos públicos y privados que existen en la región. Además, según los datos aportados por el departamento dirigido por Isabel Blanco, el pasado año se abrieron 440 actas de inspección en centros para personas con discapacidad y 207 en los servicios de ayuda a domicilio, para la promoción de la autonomía personal y para la permanencia de los mayores en su propio hogar. Noticia Relacionada estandar No Cierran una residencia de mayores de León por incumplir la normativa de trato hacia sus usuarios Rosa Álvarez Se ha marcado el día 11 como fecha límite para el traslado de los residentes, que están siendo derivados a otros centros Las sanciones Fruto de las inspecciones realizadas se derivaron tres cierres definitivos de dos residencias ubicadas en Valladolid y otra, recientemente, en Corbillos de Sobarriba, en León. En el caso del centro vallisoletano Barras Ramírez, que había sido sancionado también por una falta «muy grave» por infracciones administrativas con 120.001 euros, según publicó el Bocyl, la clausura está ya culminada en vía administrativa, pero está recurrida en el Contencioso Administrativo y por tanto aún no es firme. Sí lo es en el caso la de la vivienda para personas mayores Colón, propiedad de la misma compañía que la anterior y también en la capital del Pisuerga, que fue penalizada con 90.000 euros, por no disponer de «personal técnico mínimo», algo calificado como «muy grave»en la legislación actual de atención y protección. El último de los cierres se produjo en Corbillos de Sobarriba (León), donde la Junta decidió el pasado 1 de diciembre que procedía el cese preventivo de la actividad en la residencia 'Villa de los Robles'. Todo «tras varias visitas de inspección y la incoación de varios expedientes sancionadores por presunta vulneración de la normativa hacia los 20 usuarios que allí residen», informó entonces la administración autonómica. que decretó que todos los mayores deberían ser trasladados a otras instalaciones. Las otras dos sanciones «muy graves» impuestas y publicadas también en el Bocyl fueron para la residencia 'Nuestra Señora del Carmen', en Peñaranda de Duero (Burgos), con 60.000 euros en virtud del artículo de la normativa que se refiere al «trato vejatorio». Por otra falta «muy grave» fue apercibida con la misma cantidad y por el mismo motivo la residencia 'Parralillos' de Burgos. Ambas redujeron el importe un 40 por ciento por pago voluntario con anterioridad a los resolución y asumiendo la responsabilidad de los hechos. Por último, la empresa Atulado Ayuda Asistencial fue multada con 30.001 euros, en este caso por los artículos referidos a la disposición de material y recursos humanos suficientes. Aleatorio De las 42 sanciones impuestas en total hasta septiembre del pasado año por la Consejería de Familia, 35 fueron de carácter grave y otras tres eran leves. El plan de inspecciones anuales seguirá siendo una herramienta de vigilancia una vez que entre en vigor la nueva ley de centros residenciales, apuntaron desde la Consejería. Así, estas visitas aleatorias continuarán cuando se desarrolle el sistema de evaluación de la calidad, de forma que todos los años estarán obligadas a pasar por un examen tanto las residencias sostenidas con fondos públicos como aquellas que pertenecen al ámbito privado.