El PP vasco revisará judicialmente el decreto que permitirá oposiciones sólo en euskera

El candidato a lehendakari del PP vasco, Javier de Andrés, ha manifestado que su formación va a analizar jurídicamente «artículo por artículo» el último decreto del uso del euskera en el sector público aprobado por el Gobierno Vasco justo antes de que Urkullu disolviera el Parlamento Vasco, y que se publicó el pasado viernes. De Andrés se ha comprometido a defender «a todos los que aspiran a trabajar en la administración pública, que sea la capacitación y la formación la que les abra las puertas y no se las cierre la obsesión por la imposición lingüística e identitaria». En su intervención ante los jóvenes de Nuevas Generaciones de Vitoria ha hecho hincapié en la necesidad de cambiar una tendencia clave: «queremos pasar de exportar talento a atraerlo y para ello las políticas del PP son las únicas capaces de revertir el éxodo de jóvenes vascos». Noticia Relacionada estandar No El País Vasco ya puede convocar oposiciones sólo en euskera Iñaki Arizmendi Urkullu se despide con el decreto que margina al castellano para ser funcionario en esta comunidad Tal y como adelantó ABC, el Gobierno vasco ha aprobado recientemente el Decreto de Normalización del Uso del Euskera en el Sector Público Vasco, un marco que, entre otras cuestiones, podría llegar a obligar a los opositores a examinarse sólo en euskera para ser funcionarios en esta comunidad. Además, esta lengua cooficial adquirirá más peso como mérito, incluso en aquellas plazas en las que no se requiera su conocimiento. De este modo, se complica el acceso a la función pública de aquellos candidatos que no acrediten conocimientos de euskera. El documento regula el grado de exigencia y los procedimientos para acreditarlo que se fijarán para los más de 150.000 trabajadores públicos actuales y quienes opten a formar parte de esta administración autonómica en el futuro. El nuevo decreto llega después de meses de reveses judiciales sobre al menos una docena de convocatorias públicas y en las que la Justicia ha cuestionado el grado y extensión de la exigencia lingüística para el acceso a la función pública en el País Vasco.