Una auditoría detecta incumplimientos en retribuciones de personal, contratos y subvenciones con el Gobierno de Ximo Puig

El informe de la Intervención General de la Generalitat   Valenciana sobre el Plan Anual de Auditorías del Sector Público 2023 -referido al ejercicio de 2022, durante la gestión del Ejecutivo del socialista Ximo Puig -, ha detectado incumplimientos de la normativa en las áreas de retribuciones de personal, contratación, control de subvenciones y tesorería, entre otros. Con respecto al área de Personal, se incide en la necesidad de mejora en los instrumentos de regulación de las condiciones retributivas de las plantillas del sector público instrumental, según ha informado la Generalitat en un comunicado. En ese sentido se subraya que, en gran parte de las entidades auditadas, el estado de tramitación de estos instrumentos (inexistencia de convenio colectivo de aplicación o convenios colectivos aplicados no informados por las conselleries competentes, inexistencia de relaciones de puestos de trabajo informadas favorablemente o inexistencia de masas salariales autorizadas por la Dirección General de Presupuestos), ha impedido aplicar en su totalidad los procedimientos y pruebas de auditoría planificadas para el control de la adecuación a la legalidad de las retribuciones satisfechas. Así, se concluye que de 42 entidades sujetas a la obligación de obtener masa salarial únicamente 17 de ellas disponen de masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos. Esto conlleva que sobre el 84% de los importes satisfechos como retribuciones en estas entidades no exista masa salarial autorizada. Respecto a las autorizaciones para la contratación de personal laboral temporal, reguladas en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022, se ha constatado que durante el ejercicio 2022 las entidades del sector público instrumental de la Generalitat han realizado 8.092 altas de personal laboral temporal, mientras que las autorizaciones realizadas por la Dirección General de Presupuestos han sido 3.046. Existen, por tanto, en el ejercicio 2022, más de 5.000 contrataciones de personal laboral temporal que no han contado con la preceptiva autorización de la Dirección General de Presupuestos. En lo que se refiere a contratación, han sido auditadas 53 entidades . De ellas, cinco han recibido una valoración positiva, 40 entidades han merecido calificación de favorable con salvedades u observaciones, ocho fueron desfavorables y una entidad ha recibido una valoración denegada. En cuanto a las incidencias más significativas en este ámbito, se ha detectado la recepción de bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación por importe de 117,2 millones de euros (que representa un 17,22 % de la totalidad de los contratos adjudicados en el sector público instrumental). En 18 entidades se ha realizado un uso incorrecto de la contratación menor , en tanto que se trata de necesidades recurrentes que se repiten año tras año o se producen fraccionamientos de contratos para eludir la tramitación de procedimientos no menores, incumpliendo los límites que dispone la Ley de Contratos. Además, en once entidades del SPI no se han adoptado medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación. En este sentido, el informe recomienda que se adopten sistemas de integridad que incorporen medidas de prevención y detección eficaces para la lucha contra el fraude , la corrupción y los conflictos de interés obligando, entre otras medidas, a firmar declaraciones de ausencia de conflictos de interés por todos los participantes en el proceso de contratación y en todas sus fases, desde la preparación a la ejecución y liquidación de los contratos, entre otros aspectos. Control de las ayudas En el área de subvenciones, se estima que, con carácter general para todas las entidades, se debería agilizar el registro de los pagos de subvenciones en las aplicaciones correspondientes, ya que se excede el plazo reglamentario del mes siguiente al de la producción del pago material al beneficiario. Además, también ara todas las entidades del sector público instrumental se ha detectado debilidad en el procedimiento de detección de doble financiación del gasto subvencionable o del control de las posibles incompatibilidades con otras ayudas En el área de tesorería, un total de 16 entidades no utilizan el punto general de entrada de facturas electrónicas FACE como canal de presentación de facturas. La implantación de un sistema de facturación electrónica permitiría que las facturas emitidas por los proveedores aseguren la identificación del emisor y la cuenta bancaria designada por este. En cuanto al registro de las facturas presentadas por los proveedores, se advierten aspectos a mejorar en 10 entidades en relación con su sistema de registro de facturas. En este sentido, por ejemplo, se ha verificado el uso de registros manuales u hojas de cálculo, registros no informatizados y no interconectados con registros de proveedores u órdenes de pago; así como la coexistencia, en una misma entidad, de registro informatizado y manual según el canal de entrada de la factura. MÁS INFORMACIÓN noticia No La Fiscalía archiva la investigación por la donación de terrenos de la exdirectora del IVAM a la fundación de un jurado que la eligió para el cargo En paralelo con la incorporación a la facturación electrónica, se considera necesario establecer un sistema de registro de facturas que permita disponer, en cualquier momento, de la cifra real de los gastos pendientes de pago por las entidades del sector público, lo que permitiría mejorar la calidad del control del gasto público. Siguen advirtiéndose incidencias referidas a la ausencia de procedimientos formalmente aprobados de verificación de los datos de los terceros con los que se relaciona económicamente y sus cuentas bancarias, así como la ausencia de identificación electrónica segura del tercero y de la cuenta bancaria destinataria del pago. En este sentido, se observa la necesidad de establecer y aprobar formalmente protocolos para la identificación de los terceros con los que se relaciona económicamente la entidad y su alta en las aplicaciones informática de gestión, así como la introducción de medidas técnicas de control. Por otro lado, con carácter general las entidades del sector público no han comunicado que dispongan de un sistema de autoevaluación de riesgos que permita identificar y medir aquellos que afectan al área de gestión de recursos financieros. En este sentido, el órgano de control recomienda el desarrollo e implantación de sistemas de autoevaluación de riesgos que permitan identificar y medir aquellos que afectan al área de gestión de recursos financieros, en especial el riesgo de fraude o error en los pagos. Por otro lado, un total de 36 entidades disponen de un sistema de pago similar a los anticipos de caja fija, y no existe una normativa común de aplicación a los distintos entes que conforman el sector público instrumental de la Generalitat que establezca un marco común en relación con los límites cuantitativos, los gastos que pueden ser satisfechos o su régimen de justificación.