Proyecto de gobierno permitiría otorgar contratos a dedo, advierte contralora
La contralora general de la República, Marta Acosta, advirtió este miércoles de que un proyecto del gobierno de Rodrigo Chaves abriría la puerta para contratar obras públicas a dedo, sin acatar los controles legales y constitucionales vigentes.
Se trata del expediente legislativo 24.100, el cual plantea una aclaración sobre los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública. El gobierno lo presentó con el fin de encargar la construcción de Ciudad Gobierno al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $450 millones para, luego, pagar a este organismo el alquiler de los edificios por 25 años.
El Poder Ejecutivo recurrió al proyecto de ley después de que la Contraloría General de la República le advirtió de que no es posible contratar la construcción y alquiler de edificios sobre terrenos públicos.
Marta Acosta dijo que, si bien el planteamiento es un traje a la medida para Ciudad Gobierno, a la vez abriría el portillo para otros proyectos creando una figura de “arrendamiento alternativo” en el que no hay concurso para escoger la mejor oferta, lo cual carece de asidero legal y podría ser inconstitucional.
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Para la Contraloría, el proyecto abriría un “boquete” en la normativa actual, permitiendo utilizar la figura para contratar a dedo obras en carreteras, aeropuertos y hospitales con solo una autorización administrativa, sin necesidad del aval de la Contraloría o de la Asamblea Legislativa en caso de que el financiamiento sea internacional.
Marta Acosta advirtió de que la reforma también permitiría otorgar a terceros derecho de uso de bienes públicos sin límite de plazo, lo que sería inconstitucional por violación a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
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“El propósito de la reforma no es simplemente aclarar el procedimiento especial para la compra y arrendamiento de bienes inmuebles; se pretende regular un nuevo y complejo mecanismo de contratación para el desarrollo de obra pública”, alertó.
También, señaló que permitiría a las instituciones contratar endeudamiento sin registro y sin autorizaciones legislativas.
El plan tampoco hace diferencia entre bienes patrimoniales y demaniales; los últimos requieren aprobación del Congreso para su desafectación.
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