El PP no se atreve a defender a Ayuso ni a mencionarla en el Congreso
Alberto Núñez Feijóo empezó su intervención en la sesión de control hablando de los presupuestos del Estado. No le interesaban lo más mínimo. Era otro pleno monográfico para llamar corrupto al Gobierno y en concreto para continuar con las insinuaciones sobre la esposa del presidente del Gobierno. "Si cree que ha dado carpetazo con lo que ha pasado en su casa, se equivoca", dijo. Amenazar se ha convertido en una costumbre en el hemiciclo.
Incluso dio por hecho que habrá una investigación parlamentaria (en el Senado) y otra judicial sobre las relaciones de Begoña Gómez con Globalia o Air Europa, como si él controlara los tribunales. Quizá piense que es así. Si hay jueces que están colaborando en la práctica con el PP en el empeño de tumbar la ley de amnistía, malo será que no encuentren a alguno para esta misión.
En su primera respuesta, Pedro Sánchez arrancó aludiendo a los delitos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso y la casa de dos pisos en la que viven ambos, "pagados en buena parte con dinero sin declarar". Aquí ya nadie se esconde a la hora de apuntar con el dedo. La singularidad de ese caso es que ahí existen pruebas y reconocimiento de un delito, pero aun así se espera de un presidente que conteste a las preguntas, además de atizar también por su cuenta.
El PP ya no habla de economía en el Congreso y sólo reserva algunas frases para la amnistía. Todo es extender la mancha infame de la corrupción sobre el Gobierno, haya o no pruebas sobre políticos concretos en los sumarios correspondientes. Así es como se hacen méritos en el grupo parlamentario. Una diputada habló de "novios, amigos y familiares, todos"; todos están implicados. Seguro que tiene mucho futuro.
El Partido Popular no se atrevió a hacer una defensa directa de Díaz Ayuso. Se lo impiden los hechos –el novio ha admitido por escrito dos delitos fiscales– y el miedo a su reacción. A lo más que aspira es a acusar a María Jesús Montero de haber filtrado datos de esa investigación a los medios.
Se nota la incomodidad del PP sobre el asunto. La dirección no sabe qué más datos surgirán en los medios de comunicación a cuenta de los negocios y patrimonio del comisionista del Maserati y temen las consecuencias de la campaña de venganzas que ha comenzado Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, contra los medios que han informado del tema. No se atreven a decir, como hizo Ayuso, que hay una conspiración "con todo el poder del Estado" con el fin de destruir a la pareja. El cóctel molotov se lo dejan al PP madrileño.
El partido que dice ser el único que defiende la democracia y la Constitución se ha metido en una guerra contra el periodismo que no controla o financia que el diputado de Sumar Félix Alonso definió como procedente de las "actitudes mafiosas de Miguel Ángel Rodríguez". La última iniciativa constitucionalista de Ayuso y su asesor es acusar falsamente a periodistas de elDiario.es y El País de asaltar domicilios privados o acosar a niños.
"Es intolerable que se intente amedrentar a los profesionales de la información en el ejercicio de su labor, que no es otra que la de informar verazmente sobre hechos de interés público", ha dicho la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Eso les convierte también en enemigos del PP madrileño y en susceptibles de ser perseguidos por el partido en el poder en la Comunidad de Madrid. O, como decía Donald Trump, en enemigos del pueblo. Motivo suficiente para que les rompan las piernas, como ya se escucha en su ejército mediático.
En unas pocas semanas, el PP ha pasado de las insinuaciones sobre Begoña Gómez a las acusaciones y ahora ya está en la fase de amenazas. Todo a partir de una información de bajo nivel periodístico que no probaba ningún delito. En el pleno, María Jesús Montero podría haberse referido a las ayudas mucho mayores que recibieron las líneas aéreas de otros países en la pandemia por valor de miles de millones de euros o al riesgo real de que la segunda compañía aérea española desapareciera.
Prefirió apostar por los elogios genéricos a la política económica del Gobierno o por volver a citar a Ayuso o la propia mujer de Feijóo por una ayuda a una empresa con la que estaba relacionada sin molestarse en definir la relación de causalidad. Lo único que salva a la oposición en algunos casos es la incapacidad del Gobierno de ofrecer respuestas concretas en la sesión de control.
Lo que es indudable es que el PSOE ha decidido responder a cada golpe con otro golpe. Y con mucho ruido desde sus escaños. Su hipótesis es que no lo hizo en la anterior legislatura y pagó un precio por ello en las urnas. "A los que me advierten sobre el 'y tú más', les digo: ¿cuál es la alternativa?", preguntó Óscar Puente. También es cierto que en esta sesión el ministro se controló, es decir, no actuó como si estuviera en Twitter.
"Ellos pueden acusar a los demás de lo que quieran, pero ellos no pueden ser acusados de nada", dijo el socialista César Ramos. En líneas generales, eso es lo que ocurre.
Los socialistas no tienen ninguna posibilidad de apaciguar el clima político, porque se trata de una apuesta estratégica del PP desde que la economía dejó de darles buenas noticias (es decir, malas para la economía española). El desarme unilateral nunca ha resultado muy útil a nadie en caso de guerra.
Quedarse tan cerca de la victoria en julio de 2023 dejó paralizado al principio al PP, pero luego se recuperó. Los pactos del PSOE con Junts y la ley de amnistía les convencieron de que debía poner el termostato del ambiente político en el punto más alto, hasta que fuera insoportable. Había que mantener al máximo el nivel de furia de su electorado y dar por hecho que unas nuevas elecciones generales están al llegar.
Para el PP, hay barra libre para todo, aunque luego aparecerán en los medios artículos muy largos con muchas citas de politólogos para sostener que la culpa es de todos los partidos. "Cocaína y prostitución" pasó de un tuit de la cuenta del PP a las palabras de una diputada. Acusar a ministros de cometer delitos es la nueva normalidad. Tellado lo hizo al afirmar que Marlaska "hizo desaparecer móviles y borrar correos electrónicos" (pista: es un bulo, no han desaparecido y están en manos de un juez, y lo cuenta el ABC por si hay alguna duda). Rafael Hernando dijo que el ministro de Interior fue "el chivato" que alertó a los sospechosos del caso Koldo (eso sería otro delito). Sergio Sayas, el diputado del PP que traicionó a UPN, dijo que "nos preguntamos si no estamos ante un Gobierno de la Camorra".
A la presidenta del Congreso, ya no le llaman "señora presidenta", como es costumbre en todos los parlamentos, sino "señora Armengol" o la señalan con el dedo para exigir su dimisión, porque dicen que estaba a las órdenes de "la trama". Han conseguido que Armengol quede paralizada y casi nunca se atreva a imponer orden.
"Los ciudadanos no se merecen esto", dijo. Bueno, en teoría le toca a ella intentar impedir que sea así. Y no es que sea fácil, pero está obligada a actuar como presidenta.
En el PP no respetan tampoco a la Fiscalía General del Estado ni al Tribunal Constitucional. Y ahora parece que quieren conceder al Senado un papel que no está en el artículo 90 de la Constitución.
Hace unos días, el novelista Antonio Muñoz Molina se mostraba asqueado por el ambiente político después de ver la sesión de control de la semana pasada, "un espectáculo tan bajo que degrada a quien lo contempla". No faltaban las constantes alusiones a la violencia verbal que se vio en el Congreso en la Segunda República, como si estuviéramos ahora cerca de otra guerra civil (eso es un cliché que ya empieza a ser irritante). No culpaba a ningún partido en concreto, pero sí criticaba a Sánchez y Feijóo. El escritor sostiene que ambos "saben que la corrupción afecta en medida comparable a todos los partidos en España", lo que es falso.
Su punto de vista es perfecto para el PP, un triunfo total. Cuando es culpa de todos, al final no es culpa de nadie. Lo que es una elección estratégica consciente de un actor político se convierte en una especie de problema estructural, una tragedia que se impone sobre los protagonistas de la política. Y no es así. Ocurre porque a alguien le interesa que ocurra.
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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.
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