PP y Vox presentan la Ley de Concordia de Castilla y León que deroga el decreto de Memoria Histórica y omite la condena de la dictadura

Formaba parte del pacto de gobierno PP-Vox y dos años después de su firma lo van a poner en marcha.  Los grupos parlamentarios del PP y Vox en las Cortes de Castilla y León han registrado este martes la proposición de ley autonómica de Concordia, que derogará el actual Decreto de Memoria Histórica y Democrática que aprobó el último Gobierno presidido por Juan Vicente Herrera (PP). La reticencia del PP a poner en marcha ese acuerdo es evidente: el de Castilla y León fue el primero en el que entró la extrema derecha y sin embargo ha sido el último en arrancar y lo hace a escasas fechas de que se voten los presupuestos de la Comunidad.

Los portavoces parlamentarios del PP, Raúl de la Hoz, y de Vox, Carlos Menéndez, han presentado el contenido de esta normativa en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León, donde se han referido al pacto de gobierno y al punto del acuerdo en el que se hablaba de "reivindicar" la "historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarlas para dividir a los españoles". Según han explicado, la futura ley tiene como objetivo "honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta 1978", es decir, desde la Segunda República que se desarrolló en un régimen democrático hasta el fin de la dictadura. Esa "honra" se hace sin una sola referencia o condena a la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) porque para el procurador del PP, Raúl de la Hoz "es algo que está implícito" en el "espíritu" proposición y "no hay que buscar al gato más pies de los que tiene". Por otro lado, el portavoz de Vox, Carlos Menéndez, justifica la inclusión del periodo de la Segunda República porque "hay una conexión historiográfica"

"Nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo. Tampoco se ha dado entre los historiadores, que aún sostienen debates teóricos, metodológicos e interpretativos sobre los principales procesos sociales y políticos de la época, ni entre los ciudadanos, cada uno con su particular e inexpugnable acervo de recuerdos y relatos heredados de padres, abuelos y bisabuelos. La Guerra Civil llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores. Por toda España se extendieron los asesinatos masivos, las represalias socioeconómicas, los atropellos de derechos fundamentales y los desplazamientos forzosos de población", dice el texto normativo.

Pero además, según esa proposición elaborada por PP y Vox en la parte que alude a la Guerra Civil, "las nuevas generaciones [...] han recibido en muchas ocasiones una visión sesgada de ese conflicto cuya única finalidad es alimentar una división partidista en la sociedad. Por ello, sobre el respeto a la dignidad humana y sobre la base de la promoción de la convivencia y de la valoración del Estado constitucional que disfrutamos y excluyendo la confrontación partidista, los poderes públicos deben velar por el mantenimiento de una visión objetiva de la historia y de los errores cometidos para no volver a repetirlos jamás". Ni el portavoz del PP ni el de Vox han sido capaces de explicar dónde está la "visión sesgada".

Para Carlos Menéndez (Vox), las palabras del presidente de su partido, Santiago Abascal, que aseguró en 2020 que "el gobierno socialcomunista es el peor que ha tenido España en los últimos 80 años" son compatibles con una Ley de Concordia. "Lo que estamos haciendo es recoger un periodo histórico del 31 al 78 en el que defendemos a todas las víctimas políticas de ese periodo. Y por otro lado, dentro de esa manifestación de nuestro presidente nacional, Santiago Abascal, lo que se hace es una crítica directa al gobierno actual que tenemos, que desde luego es el peor gobierno de nuestra democracia y no sólo de nuestra democracia, que va en esa línea, sino del último periodo histórico más reciente de España. Tenemos un gobierno de izquierdas totalmente sectario donde además se han tomado decisiones en forma de leyes, de reales decretos, en el que hemos visto cómo se han recortado derechos y libertades a todos los españoles, reconocido por el Tribunal Constitucional que ha instancias de Vox dio lugar a esas sentencias de inconstitucionalidad del estado de alarma. Hemos visto como el actual gobierno coartó y cortó el derecho que tiene la oposición al control del gobierno, cerrando el Congreso de los Diputados y estamos viendo cómo el actual gobierno está legislando la Ley de Amnistía para lograr esos siete votos y mantenerse en el poder", ha asegurado ante la impasibilidad de De la Hoz, que se ha mostrado visiblemente incómodo a lo largo de toda la rueda de prensa pero no ha contradicho al socio de gobierno.

Además de igualar a las víctimas de la segunda república, de la guerra civil y de la represión franquista por el periodo al que alude la futura ley se incluye a las víctimas del terrorismo en disposiciones complementarias, pero en este caso no se ha concretado de qué periodo: "Disposición adicional tercera. Plan estratégico para la concordia democrática en relación con las víctimas del terrorismo. La Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá aprobar un Plan estratégico para la concordia democrática en relación con las víctimas del terrorismo, que defina los objetivos estratégicos a conseguir, los ejes de intervención, y las medidas y actuaciones generales a implementar, durante el periodo de planificación que en él se prevea", dice el texto. 

Otra de las novedades de la futura ley es la "Comisión de Exhumaciones", que sustituirá al Consejo Técnico de la Memoria Histórica y que expulsa a las asociaciones sin ánimo de lucro o memorialistas. Según De la Hoz, se prescinde de las asociaciones porque la Comisión tendrá capacidad resolutiva y se daría un ·conflicto de intereses". La Comisión se encargará de resolver las solicitudes para la localización y exhumación de fosas de víctimas en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, e informar el mapa de fosas, realizará anualmente un informe de las actuaciones desarrolladas en aplicación de esta ley, donde se hará constar el número de actuaciones desarrolladas y sus resultados y velará por el depósito, conservación y accesibilidad pública de los documentos relativos a los trabajos efectuados, así como por la integridad de los archivos relacionados con la materia.

Formarán parte de ella un presidente, titular del órgano directivo central que ostente la competencia en la materia y como vocales un empleado público adscrito a la Consejería competente en concordia, tres técnicos de la Consejería competente en materia de patrimonio cultural, designados por su titular, entre funcionarios del Cuerpo Facultativo Superior, Escala de Archiveros, del Cuerpo de Arquitectos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y del Cuerpo Facultativo Superior (Titulación Arqueólogo), y dos representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. Las funciones de secretaría, con voz y sin voto, serán ejercidas por un empleado público de la Consejería competente en concordia, designado por ésta.

Hasta este momento, las asociaciones memorialistas consideraban que la Junta estaba "cumpliendo con su obligación" en los trámites de exhumaciones, autorizándolas y gestionando los fondos del Gobierno, pero sin destinar fondos propios. Las mismas fuentes destacaron la regresión que se ha detectado en Burgos, donde el PP gobierna con Vox. El Ayuntamiento ha cancelado la ayuda de 25.000 euros para que la Coordinadora de Memoria dignificara la zona de las fosas comunes de Estépar, donde se han localizado los restos de un centenar de víctimas. También suspendió los 15.000 euros previstos para divulgación e investigación dirigidas por la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad. 

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha reaccionado rápidamente ante lo que considera una “gran operación de blanqueamiento del fascismo” y un "uso fraudulento" de la palabra concordia como "patraña para utilizar la Guerra Civil como burladero para esconder y embellecer la historia del fascismo en la Comunidad". 

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, subraya en un comunicado que la Guerra Civil "hizo desaparecer a miles de civiles, quienes fueron detenidos ilegalmente, torturados y asesinados, además de esconder sus cuerpos para negarles la memoria de haber existido y multiplicar el dolor y el terror de sus familias”. Además destaca que se hable de la Guerra Civil como si tras el golpe de Estado de julio de 1936, Castilla y León estuviera "repleta de trincheras con dos ejércitos enfrentados; un argumento manido de la derecha, que ya utilizó el PP cuando aprobó su decreto autonómico de memoria histórica y que sólo tiene por objeto esconder y ocultar la violencia fascista”.

“Lo que ocurrió de forma generalizada a partir de julio de 1936 en el territorio de Castilla y León es que miles de pistoleros falangistas se vistieron sus camisas azules, se enfundaron sus pistolas, asesinaron a miles de hombres y mujeres civiles y desarmados, se apoderaron a punta de pistola de sus propiedades y otros bienes y perpetraron la mayor actividad literalmente terrorista que se ha conocido en la historia de la comunidad”, explica. Silva critica las expresiones que contiene la proposición, que habla de "cronología bélica" para "seguir escondiendo la actividad represiva de la Falange” donde “triunfó el Golpe de Estado”.

"Para ser demócrata en España hay que comenzar por condenar la dictadura franquista y en esta proposición de ley lo único que se ve es un intento por legitimar desde instituciones democráticas la historia de la dictadura", ha zanjado.

El anuncio de la futura ley ha provocado ya reacciones políticas. El líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de haber "resucitado el Franquismo" al igualar a las víctimas y los verdugos de la dictadura y a quienes dieron el golpe de Estado y quienes defendieron la democracia. "No se puede igualar víctimas y verdugos", ha dicho. El socialista ha lamentado que "en sólo seis años" Mañueco haya "enterrado lo poco que quedaba del proyecto de derecha moderada del señor Juan Vicente Herrera", con un decreto de memoria histórica aprobado y "respetado por todos". En ese decreto había una condena expresa de la dictadura de Franco. "El señor Mañueco, hoy de la mano de la extrema derecha, ha resucitado el Franquismo en Castilla y León", ha afeado. Para él, aprobar esa ley es "como si en Alemania hoy promovieran la defensa del nazismo y defendieran el Holocausto, como si en Italia defendieran a Mussolini y al fascismo. No puede ser, es intolerable", ha criticado. Además, ha citado al entonces vicepresidente de la Junta en la etapa Herrera cuando presentó el decreto: "No puede ser que 80 años después haya miles de desaparecidos, miles de víctimas en las cunetas en Castilla y León", dijo entonces.

Tudanca ha avanzado que solicitará a la Mesa de las Cortes que encargue un informe al Consejo Consultivo -donde actualmente es consejero el expresidente Herrera- para dictaminar si esta normativa vulnera la legislación estatal y la legislación autonómica. También pedirán al Gobierno de España que, al igual que ha anunciado para el caso de Comunidad Valenciana, donde PP y Vox han presentado también una normativa similar, analice y, si hubiera base para ello, impugne esta legislación por vulnerar la Ley de Memoria Democrática estatal.

El procurador Francisco Igea ha calificado de “inútil y humillante” la Proposición de Ley de Concordia que pone fin al consenso de “todas las asociaciones y partidos políticos en el Decreto de Herrera” de 2018. “Nos encontramos ante uno de los días más vergonzosos para Castilla y León”, ha lamentado. “El PP se ha visto forzado y humillado a presentar una Proposición de ley completamente incomprensible", ha declarado. En este sentido, el texto presentado hace hincapié en el periodo que pretende abarcar la norma en “defensa de las víctimas”, ampliado desde 1931 a 1978, cuando el Decreto de 2018 se refería a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. “Nadie sabe explicar por qué se ha extendido este período; si el PP encuentra legítima o no la II República, o si encuentra legitimo o no el Golpe de Estado del 36”. El PP autoriza “con su silencio ominoso” la comparación del gobierno actual de Sánchez con la Dictadura franquista por parte del portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León. “No hemos podido caer más bajo”, ha asegurado.