La mayor trama de pisos turísticos ilegales de Barcelona se pasa al alquiler de temporada para seguir operando
Apenas dos o tres horas. Este fue el tiempo que duró el precinto del Ayuntamiento de Barcelona en un piso turístico ilegal intervenido el pasado enero. Al cabo de un rato, las cintas adhesivas rojas que habían colocado los trabajadores del Consistorio fueron retiradas y el inmueble volvía a estar operativo.
La vivienda, situada en la calle Valencia del barrio de l’Eixample, forma parte de una red de unos 70 apartamentos turísticos ilegales que opera un grupo formado por economistas y académicos. El entramado lleva meses en el punto de mira del Ayuntamiento, que lo ha multado con 600.000 euros por comprar inmuebles, dividirlos en varios apartamentos sin licencia de obra y alquilarlos después a turistas sin el debido permiso.
La presión y las multas del consistorio han llevado a este grupo a modificar su estrategia: una parte de estos apartamentos ilegales, como este de calle Valencia, han sido retirados del mercado de pisos turísticos y ahora se alquilan por temporadas, un modelo de contrato de entre 32 días y 11 meses que escapa de la regulación de los alquileres y se ha disparado en la ciudad durante el último año por su alta rentabilidad.
El cambio de estrategia de este entramado, que actúa en la ciudad desde 2016, ha ocurrido también en otros pisos que han sido objeto de inspecciones por parte del Ayuntamiento. Así lo confirman desde el entorno del líder de esta trama, un antiguo profesor asociado de IESE que también está imputado por un caso de presunto mobbing inmobiliario en otro edificio del centro de la ciudad.
Otra de las estrategias que ha adoptado el grupo para seguir explotando los pisos turísticos ilegales es el alquiler de habitaciones sueltas a través de la aplicación Badi, pensada originalmente para inquilinos que buscan compañeros para compartir la vivienda.
La presión mediática y administrativa hacia este entramado, que actúa desde 2016, también ha empujado a las empresas que lo integran a intentar desprenderse de algunos inmuebles ante la dificultad de seguirlos explotando como pisos turísticos ilegales.
El propio piso situado en la calle Valencia, que fue precintado a finales de enero, fue puesto a la venta por casi 700.000 euros en distintos portales inmobiliarios. Este inmueble también fue dividido en dos apartamentos sin licencia de obras alguna y, a pesar de que solo tiene una cédula de habitabilidad, se ofrecía en Idealista como "dos apartamentos independientes en alquiler".
“Este apartamento se presenta como una opción ideal para inversores que buscan propiedades bien diseñadas y con potencial de rentabilidad”, concluía el anuncio, que fue retirado de internet el mismo día en que el piso iba a ser precintado.
Las imágenes de la oferta permiten observar cómo se dividió este inmueble de 160 metros cuadrados en dos viviendas independientes: una con tres habitaciones y otra con dos, cada una con su baño completo y un salón comedor con cocina prácticamente idénticos.
Precisamente en este bloque fueron varios los vecinos que denunciaron de manera reiterada que en el edificio se habían hecho obras ilegales y se estaba explotando sin permiso una vivienda como piso turístico.
“Llevamos años contactando periódicamente con el Ayuntamiento, llamando a la Guardia Urbana y presentando quejas a Airbnb”, explica el administrador de la comunidad. “Nos sentimos completamente desprotegidos por la administración”. Desde este edificio también reclaman que se “restituya la legalidad” en el piso que se dividió sin permiso.
Desde el Ayuntamiento explican que, una vez precintado un inmueble, siempre se realizan “inspecciones posteriores” para comprobar si ha cesado la actividad ilegal. A su vez, confirman que la sanción impuesta de 600.000 euros al entramado ya ha sido notificada y se están resolviendo las alegaciones presentadas.
“Una vez acabe la tramitación del expediente de 600.000 euros, si comprobamos que continúa operando con pisos turísticos ilegales, se valorará la apertura de los nuevos procedimientos que correspondan”, advierten fuentes del Consistorio.
Otra finca en la que la trama intenta deshacerse de sus activos inmobiliarios es la situada en la calle Giralt el Pellisser, en el barrio del Born. En este edificio han sido varios los vecinos que han denunciado al entramado por un presunto delito de mobbing inmobiliario, en un caso que se investiga en un juzgado penal de Barcelona y por el que el líder del grupo ya fue a declarar como investigado el pasado 19 de marzo.
Los vecinos de este edificio acusan al entramado de haber introducido en el bloque a unos okupas que les estuvieron amenazando durante meses. Los residentes también han denunciado que las obras en algunos de los pisos, también sin licencia alguna, han afectado al edificio, tal y cómo acreditaron los bomberos tras visitar el inmueble, según figura en un informe al que ha tenido acceso este periódico.