Mala gestión de Incopesca precipitó fracaso de crédito de $75 millones del Banco Mundial

Contraloría General de la República advirtió en diciembre la incapacidad financiera y administrativa del Incopesca para manejar préstamo para impulsar sector pesquero, que terminó siendo suspendido por el Gobierno el 4 de abril. En dos años solo se ejecutaron $600.000

Una mala gestión financiera y administrativa en el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) llevó al fracaso del crédito de $75 millones aprobado en 2021 por el Banco Mundial para invertir en proyectos para el desarrollo del sector pesquero.

Desde el 21 de diciembre del 2023, la Contraloría General de la República reveló debilidades en la ejecución de los fondos que fueron ratificados por la Asamblea Legislativa en setiembre del 2021. Dado el fiasco en estos dos años, el gobierno de Rodrigo Chaves anunció el 4 de abril que renunciaba al empréstito del que solo se ejecutaron unos $600.000.

Con el préstamo se iba a modernizar la plataforma digital del Incopesca, se construiría una veintena de embarcaderos en el golfo de Nicoya y se invertiría en propuestas para potenciar la pesca con palangre y la artesanal.

La Contraloría hizo un recuento de todos los problemas de gestión en Incopesca que hacían tropezar, a diciembre, la inversión del dinero en el llamado Programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y la Acuicultura. Por ejemplo, detectó atrasos significativos en el cumplimiento de los objetivos y metas, así como en contrataciones que debían desarrollarse desde el 2022 a mayo del 2027.

Una advertencia fue que Incopesca es incapaz de manejar tanto dinero. Por ejemplo, en el 2022 solicitó un desembolso de ¢3.128 millones, los cuales fueron depositados en su cuenta de caja única. Sin embargo, no logró ejecutar ese dinero, razón por la que terminaron incorporados como superávit en el primer presupuesto extraordinario del 2023.

Cuando La Nación recurrió a Víctor Carvajal Porras, ministro de Agricultura y Ganadería, quien es rector del sector agropecuario y pesca, para obtener una explicación sobre los problemas, responsabilizó a Incopesca. “Eso que se hizo durante el proceso lo puede dar con más detalle Heiner Méndez, quien es el ministro de Pesca y presidente ejecutivo de Incopesca. Yo no estuve en esa etapa”, señaló. Agregó que, aunque él es rector del sector, es al mandatario Rodrigo Chaves a quien le corresponde evaluar la gestión de Méndez.

Méndez respondió a este diario que desde que asumió el cargo, hace casi dos años, en mayo del 2022, se percató de que la entidad requería una revisión exhaustiva de los proyectos, incluido este programa concebido antes de su nombramiento. Dijo que identificaron la necesidad de optimizar la gestión financiera y coordinación institucional.

Según él, se priorizó la evaluación de los términos de referencia y especificaciones técnicas del programa y se avanzó hasta que el gobierno optó por renunciar al préstamo y proseguir con recursos propios.

Afirmó que no comparte los criterios de la Contraloría. “Reconozco la importancia de garantizar una gestión financiera sólida y transparente en Incopesca. Desde mi llegada, se han implementado medidas para fortalecer los procedimientos y controles financieros, incluida la revisión y actualización de políticas y procesos internos”.

El jerarca tiene una trayectoria de 30 años en Incopesca. Ingresó allí en 1994 y en 2011 fue nombrado asesor jurídico dada su condición de abogado. El 4 de abril, al anunciar la suspensión del préstamo, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, reveló que el país ha pagado $1,2 millones entre intereses y comisiones, sobre los $5 millones (¢3.128,7 millones) que se desembolsaron. De este monto, se han gastado menos de $600.000. “Es un uso ineficiente del financiamiento y por eso lo estamos cerrando”, apuntó.

El programa suspendido constaba de cuatro partes: el fortalecimiento de la gobernanza y la administración de los recursos pesqueros; inversión en cadenas de valor pesqueras sostenibles; fortalecimiento de los mecanismos para la sostenibilidad social y ambiental; y la administración de programas, monitoreo y comunicaciones.

Lo que descubrió la Contraloría

En su auditoría sobre la ejecución del préstamo, la Contraloría determinó, por ejemplo, que los ¢3.128 millones fueron solicitados al Banco el 29 de setiembre del 2022, un día antes de que venciera el plazo máximo para registrar los presupuestos extraordinarios en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos de la Contraloría General de la República (SIPP). Y otro detalle: se pidieron a solo tres meses de que finalizara el año, un tiempo corto para lograr la ejecución del dinero.

En todo el 2023, el Incopesca no solicitó más recursos al Banco debido a que no había gastado lo que le desembolsaron el año anterior. Estos recursos se mantenían en la cuenta de control de la Tesorería Nacional. Al 31 de agosto del año pasado, aún no se había aprovechado el dinero, a pesar de que en el Presupuesto Inicial del 2023 la CGR les aprobó ¢3.961 millones para el Programa.

El informe también revela más problemas de gestión. El Incopesca, por ejemplo, solicitó a la Tesorería Nacional un primer desembolso hasta en setiembre del 2023, por ¢650 millones. De esta suma, el Instituto afirmó haber utilizado únicamente ¢24 millones destinados a cancelar compromisos con proveedores por contratos establecidos, así como para cubrir la adquisición de bienes y servicios.

En esa misma fecha, setiembre del 2023, Incopesca solicitó a la Contraloría un rebajo de recursos aprobados por la suma de ¢3.424 millones. Este monto equivalía al 86% del presupuesto asignado para la operación del Programa durante el 2023 (¢3.961 millones). Alegó atrasos en las contrataciones de bienes y servicios. Según la Contraloría, estos hechos evidencian la incapacidad de gestión presupuestaria de Incopesca, así como una débil administración de sus recursos financieros.

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Atrasos en las contrataciones

La Contraloría señala también atrasos en las contrataciones clave para iniciar la ejecución del empréstito. Por ejemplo, el especialista en adquisiciones con experiencia en el entorno nacional fue contratado hasta el 15 de agosto del 2022 por seis meses, después de tres concursos infructuosos.

El informe de auditoría indica que el especialista elegido no tenía conocimientos sobre las condiciones y regulaciones del Banco. Como resultado, se hizo otro concurso para incorporar a un especialista internacional, quien ingresó hasta agosto del 2023 con un nombramiento inicial por seis meses.

Este atraso afectó el proceso de adquisiciones, ya que hasta diciembre del 2023 tampoco se contaba con el personal de la Unidad de Gestión del proyecto y el apoyo a la gestión administrativa. Esta situación derivó en el incumplimiento de los cronogramas establecidos y la falta de contratación de otros puestos definidos para el programa.

Al respecto, Heiner Méndez adujo que la conformación de la Unidad de Gestión se vio afectada por los procesos de revisión y aprobación requeridos, así como las restricciones presupuestarias y administrativas del Banco Mundial, que demoran mucho tiempo. Sin embargo, según él, se tomaron las medidas para agilizar el procedimiento.

Hacienda declaró ‘alerta’

El informe también hace referencia a que la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, rectora en materia de endeudamiento público, calificó la ejecución de este empréstito en un estado de “alerta”.

Según la CGR, las debilidades en la solicitud y ejecución de los recursos, así como los atrasos e incumplimientos presentados, se deben a la insuficiente preparación de Incopesca como ente ejecutor para gestionar los recursos presupuestarios del crédito, así como a su deficiente organización para dar cumplimiento a los planes de trabajo definidos.

La CGR considera que esta situación generó un desaprovechamiento del dinero, ya que Incopesca muestra una liquidez no propia de las instituciones del sector público al mantener los ¢3.128 millones desembolsados por el Banco como recursos ociosos en la cuenta de caja única, y actualmente, en la cuenta de control del Ministerio de Hacienda. Todo esto implica un costo de oportunidad y una pérdida del valor del dinero en el tiempo, añade el ente contralor.

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