El «abordaje» al CGPJ con más poder de la democracia
La posibilidad de que el Gobierno impulse una rebaja de las mayorías para renovar el Consejo alerta a los jueces: «Supondría empezar a desmontar el Estado de derecho»
Casi cinco años y medio después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumpliese su mandato en diciembre de 2018, la renovación del órgano de gobierno de los jueces sigue enfrentando a PSOE y PP. Ni la mediación de la Comisión Europea ha conseguido deshacer el nudo gordiano en que se ha convertido el ansiado relevo para conseguir alumbrar el que sin duda será el CGPJ con más poder de la democracia. No en balde, deberá efectuar casi un centenar de nombramientos en la cúpula judicial que se han ido acumulando desde que, en marzo de 2021, el Gobierno de coalición impulsó una reforma que maniató al Consejo, impidiéndole cubrir las vacantes mientras permanezca en funciones. Un escenario de progresiva merma de efectivos en la cúpula judicial que, entendían PSOE y Podemos, terminaría por obligar al PP a negociar la renovación del Consejo. No fue así.
Pero las decisiones del futuro CGPJ en materia de nombramientos tendrán especial incidencia en el Tribunal Supremo –la más alta instancia judicial del país y el que fija la doctrina jurisprudencial que alimenta al resto de instancias jurisdiccionales–. Con un tercio de sus plazas vacantes, según las fuentes consultadas en los próximos cinco años –el mandato de los vocales del CGPJ– se jubilará aproximadamente otro tercio de su plantilla. Por tanto, los futuros vocales serán los encargados de elegir a casi un 70% de los magistrados del alto tribunal.
«El próximo Consejo va a tener que elegir la línea jurisprudencial de los próximos veinte años en España», resume la situación Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). Es, en palabras del presidente de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, «el tesoro» codiciado por los partidos políticos, que con su reparto de sillones han ido abonando a lo largo de los años la imagen de politización del órgano de gobierno de los jueces. «Lo que ha pasado estos días», asegura Portillo en referencia a las acusaciones de «lawfare» –esparcidas incluso por el presidente del Gobierno tras la decisión judicial de investigar una denuncia contra su mujer por supuesto tráfico de influencias–, «es una excusa para lanzarse al abordaje del CGPJ».
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"Los jueces seguiremos estando ahí"
«El principio de separación de poderes, como mecanismo de control de los demás poderes del Estado, siempre genera desazón en dichos poderes», asegura la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. «De ahí las descalificaciones y los reiterados intentos de colonización, como bien explica el profesor Francesc de Carreras», afirma la magistrada María Jesús del Barco. «Pero los jueces siempre hemos estado ahí, velando por el escrupuloso cumplimiento de la Constitución y la ley, como pilar de los derechos de los ciudadanos, de la democracia y de la coexistencia pacífica que tanto nos costó lograr», recalca. «Y seguiremos estando ahí, pase lo que pase y pese a quien pese».
En esa misma línea, el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria avisa de que "inocular el veneno de la duda en la independencia e imparcialidad de nuestros jueces es un riesgo para nuestra democracia". "Es fundamental que la polarización cese, que los partidos puedan entenderse entre sí y que los jueces estemos en la posición que nos corresponde, que no es otra que la de defender y garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía", afirma Oliva.
]]A la espera de que fructifique la enésima oportunidad de consenso entre el Gobierno y el PP tras las elecciones europeas del 9J, sobre la mesa ya está una posible reforma legal que bendiga una renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial al margen de los populares. Una posibilidad ante la cual ya se revolvió Europa en la pasada legislatura y que ha puesto en guardia a las asociaciones judiciales, que mayoritariamente reclaman una modificación legal que –como recomiendan las instancias europeas– deje en manos de los jueces la elección de los doce vocales de procedencia judicial (los otros ocho que componen el CGPJ son juristas).
«En diciembre de 2020 –recuerda María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM)– la Comisión Europea ya se encargó de aclarar que esa reforma sería incompatible con los estándares de independencia que impone el Estado de derecho de la UE y que, por tanto, daría lugar al oportuno proceso ante el TJUE, como ha pasado con Polonia y Hungría», que vieron cómo la Unión congeló sus fondos europeos por no cumplir con los estándares del Estado de derecho. Un CGPJ renovado en esas circunstancias, asegura la decana de los Juzgados de Madrid, «no sería legítimo ni, en consecuencia, aceptado por la UE ni por los jueces».
«El mero planteamiento de la rebaja de mayorías no solo va en contra de las recomendaciones de las instituciones europeas de buscar candidatos de consenso, sino de la propia Constitución», afirma en esa misma línea el portavoz de la AJFV. «Supondría empezar a desmontar el Estado de derecho, como en Polonia en 2015 y Europa no permanecería impasible», alerta Sergio Oliva.
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), sin embargo, no cree que se haya abierto una puerta a esa opción de renovación al margen del PP. «El presidente del Gobierno no ha planteado una reforma legal concreta, sino que el Parlamento tiene que buscar fórmulas para superar el bloqueo. Eso no quiere decir que no sea contando con el principal partido de la oposición», asegura Edmundo Rodríguez, portavoz de la asociación progresista. «Queremos que se renueve el CGPJ, y nos parece bien cualquier solución, pero pensamos que se pueden alcanzar consensos suficientes», insiste el portavoz de JJpD, que reclama al PP «un ejercicio de responsabilidad institucional» y que «entre en razón y entienda que no se puede dejar sin renovar el órgano de gobierno del Poder Judicial todo este tiempo». «No vamos a elucubrar sobre reformas legales de rebajas de mayorías para la renovación que no se han planteado», señala.
Muy distinta percepción tiene el portavoz de Foro Judicial Independiente. Portillo censura que se está presentando a la Justicia «como enemiga de la democracia, cuando es justamente lo contrario, garantía de los ciudadanos frente a los abusos de poder». Y hace hincapié en que «reformas para reducir las mayorías o relegar a una de las cámaras lo que hace es ahondar en la politización de la Justicia, que es lo que se dice que se quiere evitar». Bajar el listón del consenso para renovar el CGPJ, deja claro, va en contra de la Constitución, de la sentencia del TC que ya previno en 1986 de los riesgos de politización en la elección parlamentaria de los vocales «y de las exigencias de la UE, que ya paralizó una reforma semejante».
[[H3:La «pirueta» de Podemos]]
Entonces, la proposición de ley de Podemos abogaba por la rebaja de la mayoría de 3/5 que rige ahora. La formación morada ha redoblado ahora esa iniciativa, pero añadiendo además que sea el Congreso el que elija a los doce vocales de procedencia judicial por mayoría de 3/5 en primera vuelta y mayoría absoluta en segunda votación, lo que permitiría al Gobierno y sus socios sacar adelante la designación de doce de los veinte vocales. Sería, además, una forma de presionar al PP para cerrar un acuerdo en la elección de los ocho restantes, juristas de reconocido prestigio para cuyo nombramiento la Constitución sí exige expresamente esa mayoría de 3/5.
«Cuando Podemos hizo por primera vez su propuesta de rebajar las mayorías, las cuentas le salían, porque el PP no tenía mayoría absoluta en el Senado. Esa propuesta no vale ahora, porque por mayoría absoluta el Senado también podría elegir a diez vocales», señalan fuentes del sector conservador del CGPJ. «Por eso tienen que hacer la pirueta de pasar los doce vocales judiciales al Congreso y rebajar al mismo tiempo las mayorías» (ahora ocho los designa la Cámara Baja y otros ocho el Senado), señalan esas mismas fuentes. «Europa ya puso el grito en el cielo tras la primera proposición de ley de Podemos, y si a eso le añades vaciar a una cámara y pasar el peso de la elección de los vocales a la otra, nos echan de Europa», vaticinan.
La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura reclama «que se renueve «inmediatamente» el CGPJ «con vocales independientes e inobjetables en su currículum y después se proceda» a la reforma para dejar en manos de los jueces la elección de los doce vocales de procedencia judicial. Una posición que no comparten ni la AJFV ni el Foro Judicial Independiente, que abogan porque el relevo se produzca ya con un nuevo modelo de designación que otorgue mayor protagonismo a la carrera judicial. «Soy consciente de que el Gobierno jamás va a permitirlo. No soy nada optimista», admite Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, para quien el modelo actual perpetúa «que se designen los vocales mediante un sistema partitocrático, fuera de la habilitación constitucional de la sentencia del TC de 1986».
«Quienes nos afeaban que defendiésemos que antes hay que cambiar la ley, ahora quieren cambiarla. Es un tema de falta de voluntad política», afirma Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, que avisa que «lo que no va a permitir Europa es un retroceso en garantías».