Washington y las sanciones: doble juego
La administración Biden reimpone las medidas punitivas contra PDVSA, pero se arroga el derecho de decidir quiénes comercian con el petróleo de Venezuela
Además de ilegales, injustas, injerencistas y políticamente motivadas, las medidas punitivas de Washington contra Venezuela han constituido un hueco a la economía nacional que se ha reflejado en la vida del pueblo. Eso es sabido.
Pero en lo que se repara poco es en la negativa repercusión que el asedio contra Caracas, especialmente en el rubro del petróleo, provoca a los propios Estados Unidos y a todo Occidente.
Eso debe explicar que la reciente reimposición de las medidas restrictivas contra la participación de empresas extranjeras en la explotación de los hidrocarburos venezolanos, haya dejado una hendija: la que permitirá que arbitrariamente, y a discrecionalidad del Departamento estadounidense del Tesoro, este pueda definir cuáles firmas, y cuáles no, pueden acceder a los contratos.
La medida, que responde a la identificación de Licencia 44 A y suplanta a su antecesora —la 44, que permitió casi completamente el comercio con el crudo y el gas de Venezuela— examinará luego de 45 días de su promulgación, es decir, a fines de este mes, las firmas que hayan «entrado al ruedo» en el lapso anterior pueden quedarse, y cuáles no.
Se trata de otra postura intervencionista que aspira a dictar con quiénes realizarán transacciones la muy venezolana Pdvsa. Es intolerable.
Pero, de alguna manera, también asegura a Washington la posibilidad, «justificada» ante la oposición «pitiyanqui» que pide más sanciones contra su país —como la denominaba Hugo Chávez—, de no volver a cerrar totalmente el acceso del crudo venezolano a los mercados.
La postura esgrimida por la Casa Blanca en noviembre de 2022 para presentarse como artífice de los acuerdos alcanzados en Barbados entre el Gobierno venezolano y el sector duro de la oposición derechista, evidenció ese interés: en realidad, el Ejecutivo no estaba cediendo «algo» a cambio de exigencias intolerables
esgrimidas después, que tocan la soberanía de Venezuela. La administración Biden necesitaba que circulara petróleo.
Ya desde mediados del año anterior, funcionarios de la Casa Blanca visitaban discretamente Caracas para conseguir asideros que le permitieran el aflojamiento… sin perder su posición de «poder duro».
Después, la relativa flojedad de las sanciones que nunca debieron existir sobre la explotación y comercialización del crudo de Venezuela, decretado en octubre de 2023, facilitó su necesaria presencia en parte del mercado internacional, agobiado a esas alturas por el efecto de similares medidas coercitivas aplicadas por EE. UU. y la Unión Europea contra Rusia, y por su conflicto con Ucrania. Ahora, las tensiones en el Medio Oriente y las dificultades para que las embarcaciones comerciales transiten por el Mar Rojo, hacen más perentorio el acceso a los hidrocarburos venezolanos.
Aun antes de esa decisión, las firmas Eni, de Italia; la española Repsol y la estadounidense Chevron habían sido las primeras en obtener permisos para establecer convenios con Pdvsa. Y, a fines de año, ya partían hacia Estados Unidos los primeros tanqueros cargados que lo hacían desde 2019.
Tales antecedentes afloran ahora cuando se examina con detenimiento la 44 A, dada a conocer el reciente 17 de abril, y mediante la cual Washington reactiva definitivamente las medidas de castigo al sustituir con esa resolución la Licencia 44, que había permitido seis meses antes, las transacciones con la principal empresa venezolana.
Un «motivo» que vuelve a demostrar el impermisible deseo de injerir en los asuntos internos de la nación bolivariana, «provocó» esa decisión: el supuesto incumplimiento de Caracas con parte de los acuerdos adoptados en Barbados, pues el compromiso asumido por el Gobierno de dar paso a elecciones transparentes con amplia participación, quiso interpretarse como la facultad de Washington y la derecha de imponer candidatos no aprobados por las leyes y normas de Venezuela.
Como se preveía, la inhabilitada María Corina Machado fue la chispa que habría desatado un incendio favorable a la oposición y a Washington para envolver en llamas la credibilidad y legitimidad de los comicios presidenciales fijados para el 28 de julio; chispa alimentada luego por la imposibilidad de la profesora Corina Yoris —decretada imprevisiblemente, a última hora y a dedo por Machado para sustituirla—, de inscribirse como candidata de la Plataforma Unitaria Democrática.
Divisiones dentro de la alianza que resultaron en falta de acuerdos entre sus miembros, e incumplimientos del partido de ambas, Vente Venezuela, con las normas electorales, fueron mencionados después como causa de que Yoris no pudiera postularse, pues ya era sabido que un dictamen judicial reiterado ha prohibido a María Corina ocupar cargos públicos desde hace 15 años.
No obstante, tales sucesos, que constituyen un evidente asunto interno de Venezuela y compete a sus leyes, dieron la vuelta al mundo en los perfiles de la derecha en las redes sociales, y en los titulares de alguna prensa.
Otra vez en actitud de chantaje, la OFAC rehabilitó las sanciones contra Pdvsa como parte de una guerra económica latente que, en general, ha ocasionado a Venezuela desde su inicio en 2015 hasta el cierre de 2022, una caída de su PIB de 642 000 millones de dólares.
Ello también provocó un derrumbe en la producción petrolera que descendió de tres millones de barriles diarios a 400 000, para luego recuperarse levemente en el entorno de los 800 000 barriles al día que producen ahora.
No obstante, el país se siente hoy mucho más preparado para avanzar, dijo hace cinco días el presidente Nicolás Maduro.
Las fisuras
La reimposición de las medidas punitivas contra Pdvsa constituye otra agresión que indefectiblemente afectará la explotación y comercialización del principal rubro económico venezolano pero… ¿hasta dónde?
El mismo día 17, fecha en que se dio a conocer la Licencia 44 A, la firma canadiense LNG Energy Group firmaba, por medio de una filial, un acuerdo con la empresa estatal de petróleo de Venezuela para desarrollar y producir hidrocarburos en una zona que abarca cinco yacimientos petrolíferos, donde actualmente se producen «aproximadamente 3 000 barriles diarios de petróleo», dijo en un comunicado la propia firma canadiense.
No ha sido la única. Según declaró el Presidente venezolano el pasado lunes en su programa televisivo habitual Con Maduro +, durante la semana anterior, cuando la nueva licencia estadounidense ya estaba anunciada, se firmaron 20 contratos para similar cifra de proyectos de producción petrolera.
Es evidente que muchos en el mundo no se pliegan, no obstante la persecución estadounidense.
Las medidas punitivas de la Casa Blanca han obligado a Venezuela a buscar nuevos partners que ha encontrado en países también castigados por ella como Rusia; o considerados abiertamente por Washington como adversarios o enemigos potenciales en el caso de China, mientras a terceros los sataniza, como a Irán. Todos ellos han ayudado a la recuperación paulatina de Petróleos de Venezuela, que con el cerco estadounidense había perdido, también, las posibilidades de mantener su industria con toda eficiencia.
Habrá muchas viables firmas que se someterán al descarado escrutinio y visto bueno de la Ofac, como lo demuestra que estas sigan llegando a Venezuela. Mientras, Washington pone en marcha con la 44 A, un doble juego: presiona y pretende someter a Venezuela, pero mantiene medio abiertos los grifos de sus hidrocarburos.