Construyó una casa ilegal y precaria en un poblado de viviendas también irregulares; ahora sus vecinos podrían ‘salvarla’

Hasan (nombre ficticio a petición del entrevistado) cuenta desde el teléfono que llegó a Canarias en patera hace más de 20 años. Dice que ha trabajado de cocinero, en la construcción y en donde ha hecho falta. Que tiene mujer y tres hijos, uno de ellos con una enfermedad grave. Que recibió una herencia de su padre y pudo comprar un terreno en El Salobre, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), y ahí comenzó a construir una casa para su familia. Que eso es suelo rústico. Que él no sabía nada. Que le han condenado a un año de prisión por ello.

El fallo contra el hombre, de origen marroquí, llegó el pasado 14 de noviembre de 2023. El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil le denunció por la edificación de una vivienda de 78 metros cuadrados con tres habitaciones, salón-cocina y baño en suelo rústico de asentamiento rural o agrícola, vetado para el uso residencial. Las obras fueron realizadas entre el 20 de mayo de 2020 y el 7 del mismo mes de 2021, en plena pandemia. La casa no está terminada. Sigue en precario, de hecho.

La defensa del condenado se basó principalmente en que este desconocía la ilegalidad de las obras. Hasan no tiene estudios, apenas sabe leer y escribir y asegura que no se asesoró en ningún momento. Cuando los agentes del SEPRONA se personaron en su casa, confesó que carecía de licencia urbanística para hacer lo que estaba haciendo. Además, la parcela colinda con otras que tienen hogares con piscina en su interior y está enclavada en un barrio (El Salobre) con muchas más edificaciones alrededor.

La sentencia sostiene que “es posible que el acusado desconociera el detalle de la normativa urbanística y medioambiental” de su terreno, pero viene a determinar, en resumidas cuentas, que la falta de conocimiento no exime de culpa y que “basta con que el sujeto activo sepa de forma genérica que su conducta es contraria a las leyes” para condenarle. El Juzgado de lo Penal Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria entiende que es así en este caso.

El magistrado titular del mismo apunta que la necesidad de tener una licencia para construir “es algo notorio en la sociedad actual”, que “cualquier persona considerada ciudadano medio” es conocedora de ello y que Hasan “habrá escuchado” hablar de este asunto en los 20 años que lleva empadronado en la zona. “Solo cabe calificar su conducta de dolosa”, remacha el fallo. Condena al hombre a un año en prisión por un delito contra la ordenación del territorio, a pagar una multa a razón de dos euros de cuota diaria durante 12 meses y también a demoler su casa en el plazo de seis meses a contar desde la declaración de firmeza de la sentencia.

La defensa de Hasan insiste. Han presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas que persiste en la inexistencia de mala fe por parte del hombre (“sencillamente, estaba haciendo una casa para su familia a todas luces”) y señala por primera vez en el procedimiento la posibilidad de que “se regularice la situación urbanística en El Salobre”, el asentamiento donde está la casa en cuestión y otros cientos de viviendas también irregulares levantadas hace décadas sobre suelo rústico. Porque todo hace indicar que están cerca de dejar de ser ilegales tras años de “olvido administrativo”.

Un plan para salvarlas a todas

La organización del poblamiento en San Bartolomé de Tirajana es muy peculiar. El Plan General de Ordenación Supletorio del municipio detalla que se trata de la localidad con el mayor número de núcleos vecinales de toda Gran Canaria. Cada uno de ellos está caracterizado por su localización geográfica, el paisaje en el que se inserta y su relación económica con el medio. La red viaria conecta espacios abruptos y de muy difícil acceso con entidades de población aisladas, en pendiente o pegadas a la costa. No importa cómo sea la zona. Es probable que haya un asentamiento de cualquier forma. 

En el caso de los creados en suelo rústico, estos han ido emergiendo por razones comunes y en épocas diferenciadas. Unos al amparo de las actividades agropecuarias, otros como consecuencia de la aparición de los cultivos de exportación, principalmente el tomate, y algunos, los menos, asociados a actividades industriales o como consecuencia del desarrollo del importante sector turístico. Muchos son producto de lo que los geógrafos canarios han tildado de “urbanización marginal”: conjuntos de edificaciones fuera del planeamiento oficial, carentes de infraestructura urbana adecuada y abandonadas a su suerte por parte de las administraciones públicas.

Canarias está plagada de este tipo de poblaciones, asegura una arquitecta que prefiere no revelar su identidad. Ella comenta que existe una casuística muy diversa detrás que explica este fenómeno: falta de legislación, expectativas de convertir el suelo en urbanizable, escasez de oferta… La problemática es de “tal magnitud” que las instituciones no son capaces de llegar a todo. “Es algo singular lo que ocurre en las Islas [en este sentido]”, agrega Víctor Jiménez, doctor en Geografía por la Universidad de Extremadura (UE) y actualmente profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El Salobre es un ejemplo más. Cuenta Aridane González, vecino histórico del lugar, que las personas acudían al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para solicitar una licencia y la corporación local les decía “no hace falta, tú construye, que ahí no pasa nada”. La ausencia de filtros hizo que “todo el mundo” comprara un “terrenito” y se construyera una vivienda “porque la oferta era prácticamente inexistente”. González data estos sucesos en torno a los años 80. Ahora, según su última estimación, hay cerca de 1.500 hogares así, la mayoría de ellos irregulares. El PGO municipal, vigente desde 1996, los sitúa en suelo rústico común de uso agrícola, como la residencia de Hasan.

Un movimiento vecinal cansado de “promesas electorales” confía en regularizarlos pronto. “Somos conscientes del problema tan grande que tiene San Bartolomé de Tirajana, porque cada área es diferente: zonas turísticas, zonas rústicas…”, explica González, presidente de la Plataforma de Afectados de El Salobre, Lomo los Azules y Zonas Aledañas. “Los vecinos hemos tomado las riendas y hemos solicitado ayuda a técnicos y juristas para que nos asesoren cómo hacerlo”.

La conclusión a la que han llegado los pobladores de El Salobre se basa en subdividir la región en núcleos de asentamientos rurales para desbloquear el suelo y legalizar las viviendas. No tienen que esperar por un nuevo plan general, que suele tardar años en aprobarse. Pueden hacerlo mediante una modificación menor que ya ha iniciado los trámites pertinentes en el consistorio (en concreto, en lo referente a Lomo de las Cuatro Matas y Lomo los Azules).

La Ley del Suelo de Canarias, de 2017, redefinió el concepto de los asentamientos rurales para no establecer un carácter limitativo a los usos complementarios en estos espacios. En ellos puede darse “desde la venta de productos agrarios hasta el uso turístico, pasando por la producción de energías renovables y cualquier otra [actividad] que (…) permita generar rentas complementarias”. Un conjunto de diez edificaciones formando calles, plazas o caminos, incluyendo los espacios vacantes intermedios, así como aquellas viviendas a menos de 200 metros de distancia, puede convertirse en uno. El uso residencial está permitido.

El geógrafo Víctor Jiménez argumenta que regularizar este tipo de poblados “es necesario”, que “no hay alternativa” y que hacerlo es “un mal menor”. De lo contrario, personas que levantaron su morada hace muchos años continuarían fuera de ordenación y seguiría habiendo una especie de ley de la selva incapaz de fijar límites al crecimiento anárquico.

El experto precisa que en el Archipiélago ha existido una “tolerancia singular” a la construcción de edificaciones en suelo rústico. Dice que en la España peninsular no es tan común. Que la propia categoría de suelo rústico de asentamientos rurales es una “rara avis” con respecto al resto del país. Subraya que el simple hecho de que el Gobierno de Canarias creara en 1997 un censo de bienes inmuebles “no amparados por licencia”, una de las pocas autonomías que lo hizo, refleja la particularidad de las Islas en este punto.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha dado los primeros pasos para legalizar El Salobre. A instancias de la Plataforma liderada por González, ha empezado por las entidades de Lomo de las Cuatro Matas y Lomo los Azules (115 viviendas en total). Y en diciembre del año pasado aprobó también los proyectos Las Salinas del Matorral y Lomo Los Pajaritos-Barranco del Negro (alrededor de 390 casas), aún a la espera del informa del órgano ambiental municipal. La Corporación local ha matizado que dar cobertura legal a un suelo es un “trámite lento, de aproximadamente dos años”. Pero tras su aprobación, “los vecinos estarán definitivamente dentro de ordenación”.

González afirma que la residencia de Hasan está en este último proyecto. A pesar de que la sentencia que le condena explicita en varias ocasiones que la obra “no es legalizable”, la defensa del hombre ha hecho hincapié en la futura regularización y en que no consta “patentemente” que no lo sea, ya que, acentúa, “este cambio o enmienda se está dando”.