‘Si un muchacho está en el sistema penal, fallamos como sociedad’, afirma magistrada Patricia Vargas
La magistrada de Sala Tercera consideró que la mayor criminalidad juvenil se debe a la ausencia del Estado y de oportunidades en zonas vulnerables.
En el momento en que un menor de edad ingresa al sistema penal, ya la sociedad ha fallado. Así lo consideró la magistrada de Sala Tercera, Patricia Vargas, al ser consultada por La Nación sobre el aumento en la participación de jóvenes en el crimen organizado.
Vargas sostuvo que para atender este problema se necesita de mayores oportunidades de educación y trabajo, en lugar de endurecer los castigos para los adolescentes, como lo proponen algunos proyectos que se encuentran en la corriente legislativa.
Vargas, quien coordina la Subcomisión de la Jurisdicción Penal Juvenil del Poder Judicial, explicó que el proceso penal parte de que los menores de edad tienen capacidad de hacerse responsables por sus hechos, pero al mismo tiempo se debe priorizar la reinserción de estas personas a la sociedad, en lugar de su reclusión.
–¿Cómo analiza el aumento en los últimos años de menores de edad involucrados en el crimen organizado?
– Sí vemos una mayor presencia de menores de edad en hechos que pueden ser más violentos, y que precisamente por su violencia y por su vínculo con la delincuencia organizada, es que se hacen más visibles.
“Los adolescentes tienen necesidades de validación por parte de los pares, una necesidad de reconocimiento de sentirse integrados a grupos y de ser validados por un grupo. ¿Qué pasa con esa adolescencia cuando además usted la vive en condiciones de exclusión social? ¿Qué pasa cuando nuestros pares son personas que también son o han estado excluidas por el sistema?
“Resulta que la validación no está viniendo ni de la familia, ni de la escuela, ni del Estado, a través de ninguna de estas organizaciones, sino que está viniendo a través de la delincuencia organizada. Si como sociedad nosotros queremos una transformación a futuro, no puede venir del sistema de justicia penal, porque si el muchacho o la muchacha ya está en el sistema, fallamos como sociedad”.
–¿Cree que aumentarán los casos de menores de edad asesinando otros menores?
– Ya en nuestro país nosotros no podemos hablar de Costa Rica sino de diferentes Costa Ricas. Hay muchas Costa Ricas donde los niños y niñas no están soñando a ser chefs, a ser maestras o maestros, a ser astronautas. ¿Por qué? Porque el Estado ha cerrado esos espacios que deben tener los niños y niñas para soñar, que normalmente se relacionan con los espacios de la educación y de la formación.
“Si yo como niño o niña, a lo único que puedo aspirar es a ser sicario para comprarme unas tenis muy caras, como Estado hemos fallado radicalmente. Si nosotros como Estado renunciamos a garantizarle condiciones a esta población y a muchas otras que también se encuentran en una situación de exclusión y de riesgo, la cuestión no va a mejorar porque muchos encuentran en el delito la respuesta a sus necesidades”.
– Hay un proyecto de ley (expediente 24.006), que ustedes vieron en Corte Plena, para que el proceso penal juvenil se parezca más al proceso de los adultos en cuanto a crimen organizado, ¿por ahí va la respuesta?
– No. Hay que tener mucho cuidado también con esas respuestas. El proceso está justamente diseñado para atender a las particularidades de los menores de edad, y nunca pierde de vista la finalidad socioeducativa y la finalidad de reinserción social.
“Lo que se busca es que esta persona pueda volver, porque es un ser humano en desarrollo. Entonces, cada vez que se tiende a igualar las condiciones, se corre el riesgo de desconocer esas particularidades de la población que es sometida al proceso penal juvenil y que es muy distinta a la población adulta.
“Uno entiende que hay reformas que sí se pueden hacer, quizá para extender algunos plazos que permitan una mayor flexibilidad en las investigaciones, pero cualquier reforma que se haga en ese sentido no puede perder de vista la particularidad que tiene esta población”.