Un informe oficial desmonta la tesis de Vox de que los extranjeros copan las ayudas sociales vascas
La socialista Idoia Mendia firmó minutos antes de dejar en el Gobierno vasco su cargo de vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo un informe enviado ya después de su cese al Parlamento en el que se constata que el 65% de quienes percibieron en algún momento de 2023 la renta de garantía de ingresos (RGI) tenían la nacionalidad española por un 35% de extranjeros mientras que quienes salieron del sistema “por su incorporación al mercado laboral” eran en una mayor proporción extranjeros (42%) que españoles (58%). En cuanto los denominados “indebidos” o cantidades cobradas de más generalmente por error de la Administración, españoles y extranjeros los devuelven exactamente al mismo ritmo.
Tramitada en Lanbide, la RGI es la principal prestación vasca, un derecho económico configurado en 2008 y reformado en 2023 como el salario social de quienes no tienen recursos o un complemento de quienes tienen pensiones o nóminas bajas. Desde abril de 2024 ya no se asocian a ella los complementos de 300 euros para abonar el alquiler (PCV) y su tramitación ha sido derivada al Departamento de Vivienda.
En el tramo final de la anterior legislatura, y en puertas de las elecciones vascas, la única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, que repetirá en el próximo cuatrienio, intentó conseguir en la Cámara un respaldo estadístico a la campaña de corte xenófobo de su formación, que precisamente llevaba por título 'Sabes que es verdad'. Ella y dirigentes como Santiago Abascal -que en 2008 formaba parte del grupo del PP en el Parlamento Vasco que votó a favor de la creación de la RGI con PNV, EA, EB (la marca de IU) y el PSE-EE- han insistido en ideas como que “nuestras” viudas y “nuestros” pensionistas “no llegan a fin de mes” mientras que “casi el 50% de los perceptores de la RGI son extranjeros”. Han dicho igualmente que hay “tutoriales en árabe” para generar “efecto-llamada” a Euskadi por lo elevado de sus cuantías o que la presencia de extranjeros en las calles hace subir los delitos.
El informe con los datos oficiales de Lanbide ha llegado pasadas las elecciones pero contradice a Vox. Tiene tres tablas. La primera refleja que, en 2023, hubo 65.246 personas que durante todo o parte del ejercicio ejercieron su derecho a cobrar la RGI. De ellos 43.011 tenían como “país de nacionalidad” España. El segundo país en relevancia es Marruecos, con 5.015 titulares de la prestación, en concreto el 7,68%. Como dato adicional, este mes de marzo 14.940 de los perceptores eran pensionistas con rentas bajas que precisan de la RGI para llegar a los mínimos económicos previstos en la normativa vasca. Y 11.543 personas más necesitan la prestación incluso con un empleo porque su salario es bajo. Representan un 45% del total de beneficiarios conocidos por Lanbide. Avisa Mendia, en todo caso, que ofrecer datos sueltos por nacionalidades “no permite distinguir los casos que determinan una especial vulnerabilidad”. Es decir, la normativa da garantías a colectivos que muchas veces son de extranjeros para que dispongan de apoyo. Se trata de víctimas de trata o explotación sexual o refugiados y les igual en derechos económicos a otras personas.
La segunda tabla responde a la pregunta de Vox que sugiere que los extranjeros se perpetúan en el cobro de prestaciones y no desean reincorporarse al mercado laboral. El PP también ha empleado estos argumentos en campaña. “[La RGI] es absolutamente desastrosa. Nosotros queríamos que fuera para la inserción laboral. Pero lo que ha ocurrido es que está llevando a la gente a la marginalidad, a que no quiera entrar o integrarse en el mercado laboral. Os voy a dar una cifra. Se pueden llegar a cobrar 1.924 euros sin trabajar. Si tú pagas a una familia 1.924 euros sin trabajar, porque va a ser muy difícil que cobren eso en el mercado laboral o haya una oferta de trabajo de esas características, lo que estás haciendo es sacarla del mercado laboral y meterla en el gueto de los subsidios. Lo que hay que hacer con la gente es integrarla”, manifestó delante de Alberto Núñez Feijóo el candidato 'popular', Javier de Andrés. En 2023 3.356 personas salieron de la RGI por “superación de ingresos”, es decir, “por su incorporación al mercado laboral”. Aquí el porcentaje de españoles baja al 58% y el de extranjeros sube al 42%. Es más, en el caso de los marroquíes supusieron un 12,19% de quienes dejaron de cobrar ayudas por tener un empleo. El Gobierno remarca que la RGI, en todo caso, es un sistema que complementa también empleos precarios y recuerda que quienes se acogen a esta modalidad “son mayoritariamente mujeres con jornadas parciales”.
Y la tercera parte del informe hinca el diente a la tercera suposición de la ultraderecha: que son los extranjeros los que copan el fraude. Su suele añadir a esa bolsa también un concepto conocido como “indebidos”, que son cantidades que se abonan de más y que luego se descuentan en sucesivos pagos. Generalmente son por problemas de gestión de Lanbide y no por una motivación de los perceptores. Estos “indebidos” surgen en su mayoría porque hay personas que van entrando y saliendo del mercado laboral y que van cambiando sus ingresos propios, lo que obliga a modificar la cuantía de ingresos públicos con una agilidad que, hasta ahora, no ha demostrado la Administración. Recientemente ha entrado en vigor una modificación de la normativa que implica un “revisión completa” de “todos” los perceptores “cada trimestre”. “Este nuevo procedimiento de revisión trimestral se ha completado en marzo de 2024 con más de un 95% de automatización, liberando de tareas manuales a la plantilla. Y ha permitido depurar y completar la información de los expedientes. De esta forma, y de cara al futuro, el objetivo es minimizar los pagos que se realizan de forma indebida”, explica el Ejecutivo, que tiene ahora como consejero en funciones para estos asuntos al también socialista Javier Hurtado. Además, otra bolsa importante de “indebidos” son quienes han estado cobrando RGI para cubrir un retraso de meses en el IMV (Ingreso Mínimo Vital, la prestación estatal de similares características).
Los datos sobre “indebidos” revelan que el 65% los han cobrado españoles, en concreto 17.935 de 26.100 casos totales o, medido en dinero, 19,3 millones de 29,4. Es una proporción muy similar al de los perceptores totales. En cuanto a la recuperación de ese dinero, que se realiza generalmente con fraccionamientos mensuales, de los “indebidos” de 2023 se han obtenido ya 4,24 millones, de los que el 68% ha sido abonado por españoles. Éstos han reembolsado ya el 15% de lo que adeudan, que es exactamente el mismo porcentaje que los marroquíes, que han tenido 2.613 casos con una deuda acumulada de 3,3 millones.